El informe establece que en las elecciones del Estado de México se violó la libertad y autenticidad del voto, así como también, denuncia que hubo tantas irregularidades que “Si a las autoridades electorales les preocupara salvaguardar la democracia, tendrían que haber anulado el supuesto triunfo de DeMazo”.
Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- En las elecciones para elegir a Gobernador del Estado de México en 2017 hubo una defraudación generalizada de la soberanía popular: se violó tanto la libertad del voto ciudadano, establece un informe presentado hoy por el Observatorio “Ni Un fraude Más”.
La iniciativa ciudadana presentó esta tarde el informe final sobre los pasados comicios electorales en el Estado, el cual, realizaron a raíz de una serie de recibidas por medio de su plataforma en internet así como la información dada a conocer por los medios de comunicación.
En un comunicado de prensa, explicaron que se documentaron múltiples irregularidades dentro de un contexto de una elección sumamente cerrada, “de acuerdo con los datos oficiales Del Mazo recibió apenas 170 mil votos más que Gómez, una diferencia de apenas 3 por ciento de la votación” lo que generó “la justificada impresión de que Del Mazo hoy ocuparía el cargo de Gobernador no por la voluntad popular sino por la voluntad del poder”, indica el texto sobre los motivos del informe.
A su vez, la iniciativa denuncia que que numerosos actores (políticos, privados y gubernamentales) “movilizaron enormes cantidades de recursos irregulares para comprar conciencias, coaccionar votantes, así como amedrentar y confundir a la ciudadanía”.
De acuerdo al recuento dado por “Ni un fraude más”, establece que la mayoría de las acciones ilegales se realizaron a favor del candidato del PRI, Alfredo del Mazo, y dirigidos en contra de la candidata de Morena, Delfina Gómez.
“hubo una defraudación generalizada de la soberanía popular, así como una violación sistemática a los principios rectores en materia electoral, de autenticidad, sufragio libre, legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, contenidos en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, afirma el documento.
También sostiene que, “Si a las autoridades electorales les preocupara salvaguardar la democracia, tendrían que haber anulado el supuesto triunfo de DeMazo” asevera.
El informe, estableció nueve formas en las que el proceso fue irregular:
1. Intervención gubernamental en las campañas electorales, por medio del condicionamiento de programas sociales existentes (Prospera) y futuros (“Salario Rosa”), la promoción ilegal de obras del gobierno, así como la movilización de funcionarios públicos de alto nivel y empleados públicos de distintas ramas de los gobiernos federales y locales durante el proceso electoral.
2. Durante todo el proceso electoral se desarrolló una abierta “guerra sucia” en contra de la candidata Delfina Gómez, así como una estrategia de guerra psicológica de miedo, combinada con violencia física directa, en contra de los militantes y los representantes de Morena y toda la sociedad.
3. Existe un muy probable rebase del tope de campaña electoral de parte de Del Mazo, además de una palpable violación al principio constitucional de predominancia del financiamiento público sobre el privado.
4. Hubo una sistemática presión corporativa sobre transportistas, maestros, trabajadores del sector salud, e integrantes de organizaciones sociales para hacer proselitismo a favor de y votar por el PRI.
5. Durante la jornada electoral se desplegó uno de los operativos de compra y coacción del voto más grandes en la historia de México.
6. Se desplegó una intensa y costosa campaña política-electoral en beneficio de Del Mazo y contra Delfina Gómez durante los tres días de “veda” de campañas antes de la jornada electoral. El candidato del PRI contó con tres días más de campaña que Gómez.
7. Hubo graves problemas con la organización de las mesas directivas de casilla, el llenado de las actas de escrutinio, la capacitación de los funcionarios de casilla, la operación del conteo rápido y el PREP, el conteo distrital, el conteo final y la calificación de la elección.
8. Violencia política de género. La vasta mayoría de las personas detectadas en labores de acarreo y revisión de listas de votantes afuera de las casillas electorales eran mujeres. 9. En general, todas las autoridades electorales locales y federales actuaron parcialmente a favor del candidato del PRI, desestimando las denuncias de la ciudadanía y de la oposición, negándose a intervenir en el proceso electoral a favor de la equidad y la legalidad de la elección.
Finalmente, la iniciativa ciudadana repudió la falta de credibilidad que dieron las instituciones electorales, pues aseguró que “la experiencia en el Estado de México demostró que no podemos confiar en las instituciones del Estado. Los ciudadanos somos los que tenemos la misión histórica de construir una verdadera democracia tanto en el Estado de México como a lo largo y ancho del país”, puntualizó.
