Se agarró viajando por el mundo con dinero público y, cuando le reclamaron, llamó “pueblerinos” a los potosinos. Le advirtieron que su Tesorero tenía antecedentes de corrupción y dijo que se merecía una “segunda oportunidad”. Le anticiparon que su municipio iba hacia una catástrofe financiera, y apresuró el paso hacia el barranco: si en 2011 la Auditoría Superior de San Luis Potosí (ASE) encontró irregularidades en 25 millones, para 2012 las observaciones recaían sobre 234 millones de pesos. ¿Por qué si la oposición, una parte del PRI, el actual gobierno local (que es priista, como ella) y el órgano de vigilancia la señalan por desvíos, corrupción y dispendio, la ex Alcaldesa Victoria Labastida Aguirre no está en prisión o siquiera demandada? La respuesta podría estar en el financiamiento de la campaña 2012 de Enrique Peña Nieto, dice el PAN…

PRIMERA PARTE

San Luis Potosí, 16 de diciembre (SinEmbargo).- Era 29 de septiembre de 2012. Faltaba un día para que concluyera la gestión de la Alcaldesa Victoria Labastida Aguirre.

El municipio se hundía económicamente, tal como lo habían hecho las aspiraciones políticas de la psicóloga de profesión, quien meses antes había solicitado licencia para buscar un escaño al Senado bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

No pudo conseguirlo. Entonces volvió al cargo.

El ayuntamiento tenía una deuda que en ese entonces alcanzaba los 593 millones 281 mil 487 pesos. Labastida Aguirre aún creía que tenía un as bajo la manga para revertir la catástrofe financiera… que después llegó. Su fórmula “mágica” era obtener un crédito que sería cubierto con el posible cobro de derechos de infraestructura urbana y licencias de publicidad a Teléfonos de México (Telmex), del magnate Carlos Slim Helú.

La Alcaldesa, que en los hechos estaba empeñando ingresos que ni siquiera serían cobrados, confiaba en que si bien su administración no recibiría el dinero, sí lo haría la siguiente, encabezada por otro priísta: Mario García.

El crédito era por 632 millones 950 mil 459 pesos. Este monto era superior a la deuda que la política del PRI acumuló en menos de tres años.

Pero el crédito estaba basado en una locura: en lo que pensaban que podría cobrarle a Telmex, del hombre más rico del mundo según Forbes.

Gonzalo Benavente, uno de los regidores de Acción Nacional (PAN) en el Cabildo, recuerda que el Tesorero del municipio, Agustín Soberón – de todas las confianzas de Labastida Aguirre–, propuso votar aquél 29 de septiembre una adecuación presupuestal.

Esa “adecuación” era la que permitiría contratar más deuda para salir de la vorágine fiscal.

“Ese sábado a las 7 de la tarde, ya era urgente pasar la propuesta de adecuación presupuestal. Yo antes de votar dije: ‘No puedo autorizar la cuenta pública partiendo del presupuesto que tenemos: un recibo de un proceso judicial que no ha terminado, que no sé cuándo va a terminar; no puedo autorizar porque estás dejando cualquier cantidad de dinero [deuda] en proveedores, contratistas y demás. Y no puedo autorizarlo cuando están dejando sin pagar compromisos bancarios que debimos haber amortizado antes de irnos”, les dijo Benavente.

–Con esos tres ingredientes, mi voto es en contra –les advirtió.

Pero la adecuación salió adelante gracias al voto de los priístas, con excepción de Miguel Naya y de los regidores del PAN.

Con el crédito que daban por un hecho que “cobrarían a Telmex” en el futuro, “la deuda sería mucho menor”, argumentaban los priistas.

Pero eso no ocurrió.

Los ingresos de la telefónica nunca llegaron; siguen en litigio.

El líder estatal del PAN, Héctor Mendizábal, afirma que en términos proporcionales, la deuda que dejó la ex Alcaldesa de San Luis es comparable al “moreirazo”, como se conoce a ese episodio en el que el ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, adquirió y gastó más de 34 mil millones de pesos sin que se sepa en qué. O es igual –también en términos proporcionales– a la deuda generada por Andrés Granier Melo, ex mandatario de Tabasco.

Moreira debió renunciar a la presidencia del PRI, mientras que su sucesor, Jorge Torres, es perseguido por la justicia de Estados Unidos. Granier, por su parte, está preso.

Muchos se preguntan por qué la ex Alcaldesa no ha sido encausada cuando existen todas las evidencias de negligencia, corrupción y malversación.

Victoria Labastida Aguirre es cuestionada por el PAN y, además, por el PRI. La Auditoría Superior del estado documentó desvíos por millones de, pesos que no han sido aclarados, mientras que el actual gobierno municipal ha debido pagar los platos rotos de la negligencia administrativa: insolvencia, presupuestos comprometidos, deuda agobiante, castigo de las aseguradoras y de las financieras.

¿Entonces por qué no se ha procedido contra Victoria Labastida Aguirre?

Porque su “padrino político” es uno de los dos brazos de Enrique Peña Nieto: Miguel Ángel Osorio Chong, actual Secretario de Gobernación. Eso dicen abiertamente los panistas y eso se susurra en los pasillos del mismo PRI.

Y porque parte del dinero que en teoría desvió, dicen panistas, pudo haber ido a parar a la campaña electoral del 2012.

Otros dicen que también hay protección por parte del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, para Aurelio Gancedo, quien ocupó la Dirección de Desarrollo Social de San Luis Potosí bajo el mando de Labastida Aguirre, y cuando la Alcaldesa se convirtió en candidata al Senado, Gancedo fue designado su coordinador de campaña.

La relación entre Gancedo y Murillo Karam surge cuando el primero era presidente estatal del PRI en 2009, y el actual titular de la PGR era secretario general del partido. Gancedo obtuvo el reconocimiento priísta ya que bajo su gestión el PRI recuperó la gubernatura y la capital potosinas.

Actualmente el ex dirigente estatal ocupa la Secretaría Adjunta de Aseguramiento de Bienes de la PGR, encabezada por Murillo Karam, quien fue parte del equipo de la campaña a la Presidencia de Enrique Peña Nieto.

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La deuda que Victoria Labastida Aguirre dejó es superior a los 504 millones de pesos. Es la misma que generó Emmanuel Nivón, ex Alcalde de Tapachula, Chiapas. Nivón, miembro del PAN, está preso. Su caso fue exhibido públicamente y utilizado por el PRI durante la campaña presidencial de 2012.

La deuda generada por Labastida puso a San Luis Potosí, en octubre de 2012, en una “situación crítica por falta de liquidez”, con pagos pendientes a bancos, proveedores, fondos ajenos e impuestos.

El retraso en los pagos llevó a una baja en la calificación de la deuda pública municipal y el ayuntamiento fue denunciado ante el Buró de Crédito por incumplimiento de obligaciones crediticias.

Además, la situación obligó al nuevo Presidente municipal, Mario García, a pedir al Cabildo autorización para contratar una línea de crédito por 300 millones de pesos para reestructurar las deudas y enfrentar la emergencia financiera.

La propuesta era una solución parcial, ya que, de acuerdo con el análisis del propio ayuntamiento, no se cubría la totalidad de los pasivos heredados.

“Es una acción que reactiva el funcionamiento del municipio y facilita las gestiones subsecuentes para obtener recursos adicionales destinados al saneamiento de las finanzas municipales y la operación de esta administración 2012-2015”, se dijo entonces.

El ex Alcalde Nivón fue llevado a prisión.

Pero contra Labastida ni siquiera se ha abierto un proceso penal.

“ALGO NUNCA ANTES VISTO”

En el Informe final de Auditoría Correspondiente a la Revisión de la Cuenta Pública 2012, realizado por la Auditoría Superior de San Luis Potosí al Ayuntamiento, se documentan irregularidades sobre el uso de recursos tanto municipales como federales.

De acuerdo con el documento, del cual SinEmbargo tiene copia, de 2 mil 185 millones 214 mil 430 pesos de ingresos del municipio, el total de recursos con observaciones alcanzó los 234 millones 602 mil 260 pesos. Un monto nunca antes visto por el auditor estatal, Héctor Vicente Mayorga Delgado.

“De una manera sí es una cantidad exagerada”, dice en entrevista. “La verdad es que nunca en el tiempo que llevo, nunca había encontrado tal cantidad de observaciones”.

“Sin embargo, ese tipo de observaciones fueron presentadas como todo, en toda cuenta pública. Se presentaron en el informe final de auditoría al Congreso del estado; éste aprobó ese informe y  a raíz de eso iniciamos la instauración de un procedimientos administrativos de responsabilidades en el cual se les indica a los presuntos responsables cuáles son las observaciones que se les detectaron. De ahí vamos a ver lo que presenten y puedan desahogar”, dice en su despacho del Centro Histórico de San Luis Potosí.

Al decir “presuntos responsables”, explica que normalmente se refiere a la o el Presidente Municipal, al Tesorero, a los secretarios de Obras Públicas, de Desarrollo Social, al encargado de Adquisiciones e incluso al propio Cabildo.

Las mayores observaciones pertenecen al Ramo 28, y son por 167 millones de pesos. Mayorga explica por qué en este rubro son más:

“El Ramo 28 lo constituye básicamente las participaciones que se reciben de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal y a los recursos propios. ¿Por qué es más factible que tengas observaciones ahí? Porque esos recursos son utilizados para lo que libremente decidan en el municipio; porque en los otros ramos ya vienen los recursos etiquetados y los tienen que utilizar para equis tipo de obras o acciones. En algún momento dado, las participaciones [del Ramo 28] se ejercen libremente”.

–¿Tienen manga ancha sobre estos recursos? –se le pregunta.

–De alguna manera ellos deciden –explica.

Dentro de esos recursos se incluyen los destinados a la nómina, a la limpieza, a ayudar a la gente que tenga necesidad y adquisiciones de distinto tipo.

Pero en la revisión practicada por la Auditoría estatal se halló que entre los beneficiarios, el municipio tenía a personas que ni siquiera estaban enteradas de ello.

Una de las personas registradas es ni más ni menos que el actual Procurador estatal, Miguel Ángel García Covarrubias. Su nombre apareció como beneficiario del Ayuntamiento en manos de la Alcaldesa Victoria Labastida. Era mentira. Presentó una denuncia contra quien resulte responsable.

“Nosotros llevamos a cabo una revisión de ayudas y nos encontramos varias en las que el supuesto beneficiario no había recibido ese dinero, incluyendo la [ayuda al Procurador] que menciona”, explica de manera cautelosa el auditor.

El monto en el Ramo 33, perteneciente a recursos federales recibidos por el municipio, suma 65 millones de pesos.

“Lo que es el ramo 33, el recurso federal está compuesto de ocho [sub]ramos, dos de los cuales ejercen los municipios. El Fondo de Infraestructura y el de Fortalecimiento Municipal ya vienen dentro de la Ley de Coordinación Fiscal para qué se deben de utilizar. Y si los usaron para otra cosa, se los observan”.

–¿Qué tan grave es usar estos recursos para otros fines a los que estaban destinados? –se le cuestiona.

–En principio se considera un desvío de recursos, salvo que demuestren que no lo ha sido –responde.

La ex Alcaldesa y su equipo han tenido la oportunidad de aclarar la situación y comparecer ante la Auditoría Superior. En la cuenta de 2011, donde las observaciones fueron por 25 millones de pesos, Labastida sí asistió.

Pero este año ha mandado representantes legales.

Desde la cuenta de 2011 ya existían indicios de lo que iba a pasar. Pero nada comparable ese año y el siguiente: las observaciones pasaron de 25 millones, a 234 millones. Demasiado.

San Luis Potosí no es el único municipio de la entidad con observaciones. Los 58 que componen al estado los tienen y algunos incluso con mayor porcentaje de observaciones. Pero ninguno se le acerca en monto de millones de pesos.

Las observaciones no pueden atribuirse a fallas o desconocimiento de los procesos, como llega a ocurrir en ayuntamientos marginados o alejados de los principales centros económicos y políticos del estado. Eso no pasa en un municipio tan grande como la capital potosina, y así lo dice el propio auditor.

Aclara que puede haber cierto apresuramiento, ya que el ejercicio durante el tercer año de gobierno concluye en septiembre y se debe presentar el informe de cuenta pública y se van.

Pero teniendo el antecedente de 2011 lo pone en duda.

–De alguna manera hay observaciones que en un momento dado nada tienen que ver con el cierre de la cuenta pública –dice.

–¿Cuáles?

–Como las que hemos encontrado de algunas ayudas que no se otorgaron, de algunas facturas que al menos en principio consideramos son apócrifas, a menos que nos demuestren lo contrario. Hay algunas donde, por ejemplo, no está el comprobante y es factible que no se los hayan dado o los traigan extraviados. Pero hay otras que son muy precisas…

El comentario del auditor es, en realidad, conservador. El informe detalla con precisión lo que podría constituir un delito grave.

De acuerdo con el recuento de observaciones, hubo sobreprecios en costos de materiales y obras y hay por lo menos un caso en el que no se presentó el acta de entrega-recepción. Se autorizaron precios diferentes para iguales materiales, también, y se usaron fotos falsas para demostrar la supuesta existencia de obras. Se licitaron contratos de manera incorrecta, de acuerdo con el informe. Se desconoce qué ocurrió con el adoquín que fue retirado del Centro Histórico, por ejemplo. Algunas empresas beneficiadas con contratos presentaron domicilios falsos y una utilizó la razón social de una agencia denominada Funeraria Salas de Velación. En otro caso se privilegió a un constructor que mintió sobre estar titulado: Jaime Ortega Colchado.

Aunque la Auditoría Superior ha llamado a la ex Alcaldesa y a su equipo para desahogar pruebas, dice que a diferencia de lo que hizo el año pasado para explicar observaciones de la cuenta pública de 2011, en la que ella acudió personalmente, este año sólo ha enviado a su representante legal, y su equipo la ha emulado.

Mayorga explica que la época de comparecencias ya terminó y con base en sus investigaciones y lo que los responsables de lo que se haya observado hayan presentado, se definirá si desahogaron o no las observaciones que se puedan considerar como un delito. Y entonces se presentará una denuncia. Esto, a inicios del próximo año, 2014.

“Si hay la comisión de un delito, lo presentamos directamente ante la Procuraduría”, dice a SinEmbargo.

–¿Contra quien resulte responsable?

–Normalmente, contra quien resulte responsable. Habrá algunas [denuncias] que ya irán muy definidas. Si no, contra quien resulte responsable.

POTOSINOS PUEBLERINOS

Victoria Amparo Labastida Aguirre llegó a la Presidencia municipal de la capital potosina tras obtener 43.9% de los votos en las elecciones de 2009.

Con promesas, puso fin a 12 años de gobiernos panistas y se convirtió en la cuarta mujer en ocupar la silla principal de esa Alcaldía, pero la primera en lograrlo a través de una elección.

La Alcaldesa no era nueva en la política. Para entonces, ya había ocupado varios cargos en la administración estatal, entre ellos en la Gestoría de Gobierno y en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Fundó el Programa Estatal de la Mujer, y en el Congreso local, en 2002, llegó a ser Oficial Mayor y, entre 2006 y 2009, Diputada local.

Los problemas de Victoria Labastida empezaron muy temprano. En febrero de 2010, la Presidenta municipal fue victima de críticas por parte de la oposición luego de anunciar la instalación del parque acuático “San Luis Somos Todos”, el cual tuvo un costo de 4 millones de pesos. “Estamos a tiempo de que la Presidenta Municipal pusiera tantito interés, que dejaran de pensar en el gobierno municipal como un negocio familiar y se pusieran en términos de generar soluciones para el municipio”, declaró entonces el Diputado perredista Felipe Abel Rodríguez Leal.

Labastida llegó a su primer informe de actividades “decepcionada de sus funcionarios”, pero asegurando que el próximo año todo saldría mucho mejor y con muchas ganas de festejar.

Sin más, el municipio invirtió 600 mil pesos en un evento para festejar “los logros de la administración priista”.

Ya para entonces se hablaba de “el derroche de recursos en su asesor de imagen” y “sospechosos concursos de obras públicas”.

En noviembre del 2010, otro escándalo protagonizado por Labastida estalló pero ahora en los medios nacionales. En poco más de un año, la Presidenta municipal había realizado ya 20 viajes –cuatro de ellos internacionales a España, Chicago, Japón y Colombia– y que costaron más de 209 mil pesos al erario público.

Cuestionada sobre el tema, la Alcaldesa respondió:

“Sé que hay voces que no les gusta (que yo viaje), pero no voy a frenar una oportunidad de enlazar a San Luis Potosí con el mundo. Hay que romper un poco con la visión pueblerina que se tiene”.

Líderes políticos y empresariales del estado reaccionaron y exigieron un alto a los viajes de la priista para concentrarse en los problemas del municipio. “No se le ve beneficio. Parece un turismo del Ayuntamiento, donde no se aterriza ninguna idea, porque San Luis sea Patrimonio Histórico, no fructifican los viajes. No ha surtido los efectos y en esa parte considero que se deben replantear los viajes”, declaró José Manuel Arredondo, presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional (PAN).

El tiempo le daría la razón.

Desde principios de su gestión, Labastida se comprometió a no engrosar la nómina de la alcaldía, la cual recibió con 5 mil 401 empleados.

Para finales del 2010 creció a 5 mil 905, mientras que los trabajadores a través de honorarios pasaron de 306 a 706.

En febrero de 2011, la Alcaldesa fue nombrada presidenta de la Región Centro de la Federación Nacional de Municipios de México. Frente a Eruviel Ávila Villegas, entonces Alcalde de Ecatepec, y al Gobernador del Estado de México,  Peña Nieto, Labastida se manifestó a favor de “fortalecer a los ayuntamientos y de fomentar el diálogo, el intercambio y la cooperación entre todos los órdenes de gobierno y con organismos internacionales”.

Demasiadas ambiciones.

Para entonces, su gobierno ya había entrado en una vorágine financiera al estilo Humberto Moreira, o Andrés Granier…

MAÑANA: SEGUNDA PARTE