No hay nada que indique el fin de la fragmentación en la representación política sino por el contrario todo parece su afirmación en los comicios generales de 2018. La tendencia viene de lejos aun cuando el rediseño ha buscado simplificar el sistema de partidos a través de los requisitos para registrar nuevos partidos y el aumento del umbral electoral para alcanzar representación proporcional.
En efecto, los últimos agrupamientos que buscaron formar partidos no la han tenido fácil, en la primera elección es obligatorio que participen con sus candidatos sin poder formar coaliciones y si esto fuera fácil deben superar el umbral electoral para tener derecho a contar con diputados.
Haber pasado de 2 por ciento al 3 por ciento de la votación emitida representa un serio obstáculo para el registro de nuevas formaciones políticas. Estamos hablando de un universo superior a los 80 millones de ciudadanos en el padrón y eso significa en caso de que vote el 50 por ciento el partido en ciernes debe obtener al menos 1 millón 200 mil votos para tener derecho a la representación proporcional o la parte correspondiente en las cinco circunscripciones plurinominales.
Esto no es nada fácil en un contexto de desconfianza en los políticos y sus partidos. Ya los últimos comicios federales y estatales mostraron desplazamiento de electores a zonas más confiables o erráticas. De manera que los gobiernos divididos es la constante. Así, por ejemplo, de los 16 congresos estatales que se renovaron en 2015, diez de ellos quedaron con gobierno dividido y solo seis con gobierno unificado (el mismo partido del Gobernador y mayoría legislativa)
¿Qué es lo que permite pensar que está historia la veremos incrementada en 2018? Hay tres niveles de respuesta: Una, el diseño electoral será el mismo que tuvimos en las elecciones de 2015 y 2016, tanto en el ámbito federal, como en la mayoría de los estados; dos, tendremos candidaturas independientes que está visto afectan en mayor o menor grado las clientelas electorales de todos los partidos y tres, una franja del electorado irritado oscilara entre el abstencionismo y el voto de castigo o en el mejor de los casos estimulara el llamado voto cruzado, es decir, que el ciudadano distribuirá sus votos en función de quienes sean los candidatos independientemente del partido que los postule a un cargo de elección popular. Veamos cada una de ellas.
La ley electoral establece que el periodo de reformas electorales no puede ocurrir antes de una elección presidencial. Esto significa un escollo legal para quienes siguen pensando en clave de segunda vuelta. El famoso ballotage no lo contempla nuestro entramado institucional como si sucede en la mayoría de los países sudamericanos y si damos por bueno el sistema de tercios que arrojan las encuestas es previsible que ninguno de los partidos tenga el triunfo en el bolsillo. Claro, López Obrador en ese esquema de tercios, es entre los presidenciales el político mejor posicionado.
Pero, ojo, falta más de un año para que ocurran las elecciones y el PAN y el PRI no han definido quien será su candidato presidencial. Incluso, no es todo improbable que el PRD vaya con su candidato, sino es que establece una alianza con el PAN, en esta elección y eventualmente en varias de Gobernador lo que es otra posibilidad que continúen, ojo, coaliciones electorales con partido dominante, es decir, lo que gane el partido grande no necesariamente le favorece al pequeño. Las elecciones en los estados han dado cuenta de ello incluso en algunos los aliados pequeños han perdido el registro estatal y sus prerrogativas lo que es probable le suceda al PRD con la fuga de su militancia hacia Morena.
La emergencia de las candidaturas independientes, que hasta ahora ha tenido logros magros quizá porque estos son frecuentemente perfectos desconocidos en sus comunidades, podría ofrecer un menú de candidatos presidenciales en la matriz izquierda-derecha, que si bien resulta imposible pensar que uno de ellos alcance la Presidencia de la República lo que sí podrían provocar es que reste franjas de su voto leal a los partidos grandes incluido Morena.
La gran amenaza que existe es que esa franja social creciente de irritados en las redes sociales, opte por abstenerse o utilizar el voto como castigo. Y eso, si bien podría favorecer la candidatura de López Obrador, también podría compartir votos con los candidatos independientes, o incluso favorecer la candidatura indígena que promueve el EZLN y que va por una franja del voto de las izquierdas.
Entonces, el de 2018 es un escenario que no favorece la agregación en el sistema político de representación si no por el contario la fragmentación del voto, esto nos lleva a identificar los problemas en un sistema híper-fragmentado, que visto desde la teoría democrática de un voto, un ciudadano, es perfecta, sin embargo, la conversión de votos en escaños distribuye el poder de otra manera, no en función de los porcentajes de votos, sino mediante un sistema de restos mayores donde a unos partidos les cuestan más su representación que a otras formaciones políticas.
Esto garantiza generar mayorías absolutas o el establecimiento de alianzas legislativas para que teóricamente se garantice la gobernabilidad en el país o en los estados, cosa que no ocurriría de traducirse la híper-fragmentación literalmente en representación política.
Este dispositivo es favorable para el PRI y el PAN, y en menor grado para Morena, que si bien puede ganar la Presidencia de la República, incluso el gobierno de la Ciudad de México, es poco probable que alguno de los tres tenga la mayoría absoluta en las cámaras legislativas, y eso representa un escenario complejo que obliga a la negociación y al acuerdo, cuando no a un constante chantaje político.
Se dice que el mejor escenario democrático es el de la formación de gobiernos divididos porque intrínsecamente obliga a las partes a formar mayorías artificiales, sin embargo, la experiencia de este tipo de gobiernos en nuestro país es que no ha servido precisamente para que la política llegue a estar al servicio de una mejor distribución del ingreso o la elevación de los niveles de bienestar de la población, sino para favorecer a las elites que están puestas en entredicho.
En definitiva, la fragmentación electoral y parlamentaria, coincide no con mejores arreglos sino con los grandes escándalos de corrupción política y la absoluta impunidad en la mayoría de los casos o sea termina por afectar la capacidad de reacción política ante los excesos.
