Un panorama de los derechos humanos en México fue expuesto hoy en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La falta de autonomía de la procuración de justicia, de respuesta ante graves violaciones a los derechos humanos y el caso de Ayotzinapa, fueron cada uno un eje temático de las tres audiencias celebradas. Representantes de víctimas, organizaciones civiles y académicos demandaron a la Comisión el cumplimiento de los derechos humanos y advirtieron de nubarrones en esta materia.
Ciudad de México, 17 de marzo (SinEmbargo).- Hoy, durante el día, las propuestas de decenas de organizaciones de la sociedad civil se hicieron escuchar en tres audiencias de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). La incapacidad del Estado para hacer justicia y la epidemia de violaciones a los derechos humanos fueron los ejes.
El propio Comisionado brasileño Paulo Vannuchi expuso en una de las audiencias que su mandato en el organismo internacional estaría marcado por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Las tres sesiones sostenidas la mañana de este 17 de marzo tocaron temas que se entrelazan.
En México hay 30 mil 342 personas desparecidas lamentó Carmen Osorno Solís, representante del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la audiencia sobre “El derecho a la verdad en casos de violaciones graves de derechos humanos en México”.
“Para una familia que busca a su desaparecido y para una sociedad como la mexicana, donde las graves violaciones a los derechos humanos son una constante, el derecho a la verdad está directamente ligado a servicios forenses confiable e independientes”, dijo en mención a una de las aristas de este derecho.
Las procuradurías en México carecen de recursos e independencia, dijo la forense. En tanto esto no cambie, existe el riesgo de que la información sobre las investigaciones en México esté siendo manipulada.
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Dado que la mayor parte de los casos de desaparecidos son llevados por las procuradurías, los casos son más vulnerables a las presiones de la corrupción y el crimen organizado.
Por otro lado, la identificación de víctimas sigue siendo un pendiente en México, dijo Osorno: “ Y esto lo vemos con cuerpos enviados a una fosa común sin haberse agotado la identificación”.
Tanto la Procuraduría General de la Repúblcia, como la Policía Federal, cuentan con bases genéticas de restos no identificados, sin vínculo entre sí: “A eso se suma que hay bases de algunos estados que no aporta información a la PGR”, detalló Osorno.
De esta cuenta, las organizaciones civiles solicitaron en la audiencia a la CIDH que emitiera una recomendación al Gobierno de México para crear una institución forense federal que sea independiente.
MIGRANTES MASACRADOS
En la misma audiencia de derecho a la verdad se abordaron las dos masacres de migrantes en el municipio de San Fernando, en el 2010 y 2011, así como la Cadereyta, Nuevo León en el 2012.
“Las tres son un reflejo de la falta de verdad en cientos de casos de graves violaciones a los derechos humanos. Ni las víctimas ni la sociedad conocemos por qué 72 migrantes fueron ejecutados, por qué 195 fueron enterradas en fosas, y por qué 49 fueron desmembradas y decapitadas”, dijo Marisol Flores Ayala, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
En total de 316 personas fueron asesinadas de forma masiva. Los hechos fueron investigados como homicidios, secuestro o delincuencia organizada; pero el Estado niega el acceso a las víctimas a las investigaciones.
De esta cuenta organizaciones civiles pidieron a la CIDH que emitiera una recomendación al Estado mexicano para que reconozca la existencia de violaciones graves a los Derechos Humanos.
“Cómo las víctimas y la sociedad conoceremos la verdad de estos hechos si el Estado se niega injustificadamente a reconocer que las tres masacres son graves violaciones a Derechos Humanos”, dijo Flores.
La representante dijo que a pesar de que celebraban la creación de un mecanismo exterior de seguimiento a las investigaciones sobre los atroces de víctimas en su mayoría centroamericanas; aún les es imposible acceder a la información.
“Esta situación se agrava en comunidades de Honduras, Guatemala y El Salvador, que no tienen los medios para acceder a los expedientes. Ellos no saben qué está pasando en las investigaciones. El mecanismo está revestido de trabas burocráticas y presupuestarias al grado de negar el expediente digital para su consulta en embajadas mexicanas”, dijo Flores.
El Comisinado Paulo Vannuchi resaltó la importancia de que exista pronto el derecho a la verdad en México, uno que debería aplicarse en el caos de los 253 cráneos encontrados en un cementerio clandestino en Veracruz.
“Tuvimos un papel importante en la conquista de una comisión nacional de la verdad [en Brasil] y México hoy es una cuestión. Me esperaba una mención a las osamentas en Veracruz. Porque aunque se pueda pensar también en acciones del crimen organizado fueron un parte importante en esas muertes, siempre hay la posibilidad de responsabilizar al Estado, sea por la incapacidad de garantizar la seguridad ciudadana o sea por los tan conocidos casos de contaminación de las policías y agentes del Estado con el crimen organizado”, sentenció.
JUSTICIA COOPTADA
La PGR en México carece de independencia y la reforma que la convertirá en Fiscalía General contiene “túneles” que garantizarán la impunidad, apuntaron organizaciones civiles en la audiencia “Situación de independencia y autonomía del sistema de procuración de justicia en México”.
“Se permite que el primer Fiscal sea menos autónomo porque viene designado sin pasar de un proceso de selección y auscultación y ocuparía el cargo por nueve años. Y se permite que el actual personal que está en la PGR pase a la Fiscalía autónoma sin un proceso de auscultación basado en el mérito”, dijo Ana Lorena Delgadillo, quien dirige Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
En representación del Colectivo Fiscalía, que agrupa a 80 organizaciones civiles, Delgadillo dijo que en México la situación ya es preocupante. El 98 por ciento de los delitos quedan en la impunidad.
De esta cuenta acusó que la actual titularidad de la PGR mantiene un estrecho vínculo con el Ejecutivo.
“El Estado [también presente en la audiencia] no les dirá que el actual Procurador fue elegido vía fast-track. En un proceso poco transparente, sin cuestionamientos por parte del Senado, y sin procedimientos para verificar los méritos o posibles conflictos de interés”, dijo Delgadillo.
Las organizaciones acudieron a la CIDH después de que sus impugnaciones al proceso de designación del Procurador Raúl Cervantes fueran rechazadas por el Poder Judicial. Dejando al país, alegaron, sin mecanismos de refutar procesos viciados.
Esta audiencia también contó con la participación de la iniciativita privada. Valeriano Suárez, empresario de Sinaloa y vicepresidente de Estado de Derecho y Desarrollo Democrático de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) expuso la corrupción es uno de los factores más agresivos contra la competitividad.
La corrupción le cuesta al país hasta 9 puntos del PIB recordó, de acuerdo con datos del Banco Mundial.
“Consideramos que el mayor problema social que incide en el aumento exponencial de la corrupción en México es la impunidad en los sistemas de procuración de justicia. Resulta paradójico que con un nivel tan elevado de corrupción manifiesta, en los tres poderes y tres niveles de gobierno, la cantidad de imputados sea irrelevante o nula en nuestro país”, dijo el representante de la Comparmex, que aglutina a 36 mil empresas.
CASO AYOTZINAPA
El caso Ayotzinapa también tuvo lugar a una audiencia este 17 de marzo. A 30 meses de la desaparición de los 43 normalista la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, el Gobierno de México reiteró la ya rebatida versión de que los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula, la llamada “verdad histórica”.
“Las instancias responsables de la investigación han formulado una hipótesis que se ha conocido como la verdad histórica. Esa hipótesis presenta la versión de lo que sucedió, la versión de quiénes son los responsables, y de cuál fue el destino de los 43 a normalistas desaparecidos. Las madres, los padres, cuestionaron esa versión. Y el Gobierno ha sido sensible a este cuestionamiento. Se han investigado otras líneas, se han realizado cientos de búsquedas. Se ha estado totalmente abierto a cualquier indicio de información, no ha habido reservas en las propuestas que se ha presentado, se ha pedido abrir las puertas de las cárceles, se ha hecho sin reserva. Y me parece que podemos decir hoy que no se ha consolidado otra hipótesis. Que no hay consolidada otra línea de investigación y que no se ha encontrado, desafortunadamente, a ninguno de los muchachos vivo o muerto”, dijo el subsecretario de Gobernación Roberto Campa Cifrián.
Esta postura fue increpada por uno de los asesores legales de los padres de familia de los 43, Mario Patrón, quien aseguró que la afirmación del Subsecretario estaba descalificando el trabajo de más de un año del Grupo Interdisciplinario de expertos Independientes, enviados por la CIDH.
“Entendemos todos que se trata de una hipótesis que significa un terrible dolor para los padres, madres, para las víctimas, pero nos parece que esta debe ser también una hipótesis en la investigación”, insistió Campa.
La respuesta del funcionario pareció hace alusión a la la intervención previa de Joaquina García Velázquez, madre del normalista Martín Sánchez García.
“Inventaron la verdad histórica en enero del 2015, fue un dolor duro soportar eso, diciendo que los hijos habían sido calcinados y sus cenizas tiradas en el río San Juan. ¿Qué esperamos? Lo que queremos es saber dónde están nuestros hijos. Esa ha sido nuestra lucha”, dijo la madre.
La CIDH atenderá la solicitud de los padres presentada en esta audiencia de que se redoblen los esfuerzos del Mecanismo de Seguimiento que tiene este órgano internacional en México, cuyo plazo de funcionamiento terminará en noviembre.
