Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).– El acuerdo firmado entre el gobierno federal y las autodefensas para que esos grupos de civiles se desarmen antes del 10 de mayo, es frágil debido a lo apresurado de los tiempos y la falta de claridad en los términos operativos, consideraron expertos.

“Está bien en general, pero vamos a ver los detalles de cómo opera esta policía rural estatal de la cual no se había hablado hasta el lunes 14 de abril, está muy apresurado en los tiempos. La autoridad puso muy apretados los plazos, es claramente una desmovilización condicionada, algunas  de las condiciones no son tan fáciles de cumplir, como la incorporación a las fuerzas rurales, el proceso administrativo. Tiene 24 días (el gobierno federal) para capturar a Servando Gómez “La Tuta”, si no lo capturan se colapsa el acuerdo. Y luego habló José Manuel Mireles de entrar a Morelia, no queda muy bien claro lo que acordaron”, dijo el director de Proyectos y Análisis de Seguridad del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Alejandro Hope.

Por su parte, Edgar Cortez Morales, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), explicó que el acuerdo puede incumplirse, ya que las condiciones de violencia e inseguridad que dieron origen a la organización y a tomar las armas por parte de civiles en Michoacán, siguen siendo similares.

“Las causas que originaron a las autodefensas siguen instaladas, presentes y un acuerdo de esta naturaleza sin modificaciones sustantivas tiene el riesgo que al rato las autodefensas y la ciudadanía vuelvan ver la inseguridad y al mismo tiempo sientan la necesidad de volver a recurrir a dichos grupos, salir las calles y exigir esto que hemos visto”, mencionó.

El lunes pasado el gobierno federal, representado por el Comisionado Alfredo Castillo Cervantes, acordó con  líderes de 20 grupos de autodefensas que tendrán hasta el 10 de mayo  para registrar sus armas y tendrán la opción de integrarse a un cuerpo de seguridad llamado Policía Rural Estatal. Además se amplió el plazo para formar parte de las Guardias rurales, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Aunque durante la firma del acuerdo se veía a los líderes con las manos levantadas en señal de asentimiento, el líder José Manuel Mireles ha advertido que no dejarán las armas hasta que haya justicia, y que sólo entregarán las armas de alto calibre.

Asimismo, aseguró que parte del acuerdo con el Comisionado Alfredo Castillo es que los líderes de autodefensas detenidos, entre ellos Hipólito Mora, saldrán libres.

Sin embargo, ayer la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán aclaró mediante un boletín emitido por la Secretaría de Gobernación que los procesos de los acusados de delitos como Mora, siguen.

“Los individuos pertenecientes a grupos de Autodefensas que están siendo procesados por otros delitos graves, además de la propia portación de arma, seguirán su proceso penal conforme a derecho, tal es el caso de los señores Hipólito Mora Chávez y Enrique Hernández Salcedo, así como las personas que delinquieron con playeras y camionetas marcadas con leyenda de ‘Autodefensas’ que pretendían despojar de caballos y bienes en un rancho el pasado día 12 de marzo en el municipio de Álvaro Obregón”, se lee en el documento.

Dejó en claro que no hay acuerdos para integrantes de autodefensas que hayan cometido delitos graves.

“Es falso que exista algún acuerdo en beneficio de personas, miembros o líderes de Autodefensas que enfrentan procesos por delitos graves, además de la portación de armas. Lo acordado fue público y aceptado en votación unánime y democrática. Aquellos puntos fuera de los enlistados, señalados por voceros o representantes de los mismos grupos, carecen de validez”, expuso.

EL DILEMA GUBERNAMENTAL

Hope consideró que la viabilidad del acuerdo, que en principio aprueba, estará en los detalles y su ejecución, en una situación que es un dilema para el gobierno federal.

“El gobierno en principio está en un dilema muy difícil, que es éste: no puedo simplemente tolerar un grupo armado ilegal, pero tampoco puedo desarmarlos y reprimirlos, so pena de generar violencia en el proceso y dos, de hacerlo sería entregarle el estado a Los Templarios”, planteó.

Cortez coincidió, ya que la firma de un acuerdo para el desarme no quiere decir que la situación que dio origen a las autodefensas esté resuelta.

“Mi perspectiva es que las razones que dieron origen a la aparición de las autodefensas, particularmente en Michoacán fueron la falta del funcionamiento efectivo de las instituciones, de las  policías, la Procuraduría de Justicia estatal, para investigar delitos y de los tribunales para juzgarlos.

“Esto no está resuelto. Esta lógica que se ha mantenido durante estos meses con la intervención del gobierno federal sustituyendo por completo al gobierno estatal, no garantiza que se haya iniciado un proceso de modificaciones, de transformación de las instituciones locales. Lo que vamos a ver es que éstas siguen sin funcionar, arrancar o desarrollar los procesos de transformación que debieran hacer. En la medida en que esta forma de presión, de exigencia social a través de las autodefensas baje, lo que va a aflorar es un estado incapaz de asegurar integridad y justicia para la ciudadanía”, estimó.

Hope expuso que los intentos del gobierno federal de desarmar a los grupos de Autodefensas han sufrido modificaciones, y ejemplifica con el caso de los guardias rurales.

“Habría que ir construyendo un camino intermedio, que ha estado plagado de dificultades, se dieron cuenta que las guardias rurales no era adecuado y no cabían bien ni en las policías municipales, y que había que construir otra cosa. No es mala idea, la clave está en la ejecución, me preocupan los tiempos”, añadió.

También se planteó la pregunta de si las guardias estatales le responderán al gobierno estatal, con la desconfianza que le han mostrado.

“En principio, ¿a quién va a responder? Al Gobernador Fausto Vallejo Figueroa. ¿De veras, con la desconfianza que le tienen al gobierno del estado y con la aprehensión del ex Secretario de Gobierno michoacano, Jesús Reyna García?”.

Cortez dijo que el acuerdo carece de sustento en la realidad.

“Siento que es un acuerdo político sin mucho sustento y validez en la realidad”, concluyó.