Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).- A regañadientes y sólo pocos días antes de que fenezca el presente periodo de sesiones, avanzan en el Congreso las reformas en materia de transparencia y combate a la corrupción, en medio de un alud de críticas por parte de la oposición que reprochó los nulos avances en la transparencia de actividades y gastos de la Presidencia de la República, y las pocas herramientas efectivas para combatir la creciente corrupción y enriquecimiento ilícito de la clase política.

Fue una jornada histórica en donde simultáneamente se discutían y avalaban en ambas cámaras del Congreso las herramientas para empoderar a la ciudadanía frente a los abusos y excesos de la clase política.

La jornada se transformó en pretextos y excusas por parte de los legisladores que recurrieron al lugar común en los discursos oficiales al decir que “todo producto legislativo es perfectible”, con lo cual los legisladores prácticamente se disculpaban de antemano por no haber logrado las reformas que requería la sociedad.

Son avances, sí, pero no son las reformas ideales, advirtió una vez tras otra la oposición.

“Todo lo que ‘sea un peligro’ a decir del gobierno federal, no será transparente. Y no lo será, porque efectivamente pone en peligro, pero los intereses personales de los servidores públicos”, advirtió la Diputada Zuleyma Huidobro, de Movimiento Ciudadano (MC).

Durante la discusión de la Ley General de Transparencia, la Diputada Lilia Aguilar Gil del Partido del Trabajo (PT) lo resumió de esta manera: Nadie demerita los logros para fomentar la participación de la sociedad civil, lo que se critica es “el derecho que se le da al consejero jurídico [de la Presidencia] para negar información basado precisamente en el concepto de seguridad nacional y, sobre todo, en lo que tiene que ver en la materia de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad”.

En la otra cámara, algunos senadores de izquierda advirtieron que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no está completo si no se incluye la figura presidencial como uno de los actores políticos susceptibles de ser investigados y mientras el Ejecutivo federal siga blindado por la mágica fuerza que otorga en México el fuero constitucional.

LEY DE TRANSPARENCIA SÍ, PERO SIN CAMBIOS

La Cámara de Diputados, por su parte, aprobó la Ley General de Transparencia con dos meses de retraso respecto al plazo que los propios legisladores se habían dado para crear la legislación secundaria de la reforma constitucional en la materia.

Tal y como acordaron los coordinadores parlamentarios de ambas cámaras del Congreso la minuta por la que se crea la Ley General de Transparencia no sufrió ninguna modificación.

No hubo cambios ni siquiera en los aspectos que expertos de la sociedad civil, principalmente de la organización Artículo 19 y Fundar, advirtieron como riesgosos de la legislación secundaria: la ambigüedad para transparentar las averiguaciones previas relacionadas con violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad.

Sobre esto, la oposición en San Lázaro alertó que la Ley no es precisa ni contundente porque no indica de forma precisa en qué circunstancias las autoridades podrán clasificar motivos de la información como reservada.

“Desde el inicio de una averiguación previa, de una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de cualquier procedimiento, la información debiese ser pública, ¿por qué? Porque la ambigüedad y la indefinición de la norma solamente permitirá que se siga escamoteando la transparencia”, advirtió la Diputada Lilia Aguilar

Los legisladores de izquierda alegaron la transparencia no acepta medias tintas: La información le pertenece a los ciudadanos. La información debe ser pública, sin reservas, sin escamoteos y sin poner de pretexto la seguridad nacional, coincidieron.

“En este dictamen se deja a instancias como la SEIDO [Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada], el estado mayor presidencial, la SEDENA [Secretaría de la Defensa Nacional], el CISEN [Centro de Investigación y Seguridad Nacional], el Centro de Planeación, análisis e información para combatir a la Delincuencia organizada no serán sujetos obligados, por ser quienes toman la decisión en temas de seguridad nacional”, recordó la Diputada Zuleyma Huidobro, de Movimiento Ciudadano.

Pero los riesgos de opacidad no son solo dentro del sector público, pues a pesar de que la ley obliga a los particulares a transparentar el uso de todos los recursos públicos, lo cierto es que continuarán los “hoyos negros” en la calidad informativa.

Tras múltiples escándalos sobre los millones de pesos en impuestos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) condonará a empresas como Televisa, gracias a la Ley en comento el gobierno federal entregará información limitada hasta que un juez determine que no pone en peligro “la estabilidad económica del país”.

“En otras palabras, se busca evitar la fuga de capital y la especulación en la Bolsa que tendría lugar si se revelara el nombre de las empresas o instituciones que obtienen trato preferencial del gobierno”, explicó la Diputada Huidobro.

Aunque las reformas son de carácter constitución y en leyes secundarias, continuó la oposición, en la práctica continuarán los “caminos alternos” para encontrar salidas que utilizarán servidores públicos para no entregar información a los ciudadanos.

Sin embargo, la mayoría en la Cámara de Diputados optó por señalar los logros de la nueva ley como ampliar el catalogo de sujetos obligados al incluir a sindicatos, partidos políticos y fideicomisos, incrementar las áreas de transparencia y hacer obligatorio que servidores públicos fundamenten por escrito su negativa a entregar información.

“Hoy los ciudadanos están hartos de que existan sindicatos que no le rindan cuentas a nadie de los recursos que reciben del Estado mexicano. Hoy los ciudadanos están hartos de que existan poderes opacos que no transparentan sus propias finanzas. Esta ley ayudará, sin duda, a evitar que esto siga ocurriendo”, destacó el Diputado Fernando Rodríguez Doval.

La minuta fue aprobada en lo general y lo particular si cambios y enviada a Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ANTICORRUPCIÓN

Al mismo tiempo que se discutía transparencia en el pleno de San Lázaro, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación, Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobó la minuta para crear el Sistema Nacional Anticorrupción.

Se trata de una reforma constitucional en donde se establece la posibilidad de legislar contra el enriquecimiento ilícito, se fortalece la actuación de la Auditoría Superior de la Federación, se delimitan las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFO) y se otorga facultad sancionatoria a tribunales administrativos.

Se combate el enriquecimiento ilícito sí, pero no el del Presidente de la República, advirtió la oposición en la cámara alta.

La discusión se dio en medio de los constantes escándalos del primer círculo del gabinete presidencial respecto a dudas sobre su enriquecimiento, reflejados en la compra de millonarios inmuebles como la “casa blanca” de Angélica Rivera Hurtado, esposa del Presidente, la residencia en un exclusivo club del secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso y la sospecha de que otros funcionarios como Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), pudiera tener propiedades en la exclusiva zona residencial de la esposa del Presidente.

No obstante, y contrario a lo que podría pensarse, senadores del PRI y PAN optaron por no hacer referencia a estos escándalos y prefirieron señalar los beneficios de la reforma.

Por su parte, legisladores del PRD advirtieron que mantendrán su posición para eliminar el régimen de excepción al Ejecutivo federal, contenido en la minuta enviada por la Cámara de Diputados por la que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción.

“Un fuero que impide que el Ejecutivo federal pueda ser objeto de sanción ante la eventual comisión de un delito o algún acto de corrupción”, sostuvo el Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

El legislador insistió que el fuero convierte al Presidente y a los servidores públicos en ciudadanos de excepción, pues son intocables respecto a las leyes que deben cumplir los otros ciudadanos.

El otro tema pendiente, destacó el Senador Zoé Robledo Aburto, del PRD, es la falta de obligatoriedad de la publicación de la declaración patrimonial y la declaración de interés de los servidores públicos y de los representantes populares.

Sobre ese tema, el Senador Zoé Robledo propuso ampliar el compromiso de los servidores públicos en el apartado referente a la declaración patrimonial estableciendo de manera específica las condiciones, formatos y mecanismos para hacer la presentación.

Por su parte, el Senador Armando Ríos Piter aseguró que si no se regula el tema de conflicto de intereses, éstos seguirán presentándose a diario.

Pese a que se señalaron las deficiencias de la minuta, ésta fue avalada por una mayoría considerable de legisladores, por lo que se le dio trámite de primera lectura en la sesión de este jueves, para que se discuta en la sesión ordinaria del próximo martes 21 de abril en el Senado de la República.