El Presidente de México reiteró hoy que las autoridades mexicanas participaron en las recientes capturas de los ex gobernadores. Apenas ayer, Miguel Ángel Yunes se atribuyó la detención de Javier Duarte. En un evento en Los Pinos, Peña hizo un reconocimiento a los elementos que intervinieron en las detenciones de Javier Duarte y Tomás Yarrington, por su profesionalismo y compromiso; sin embargo, declaraciones imprecisas al menos en el arresto de Yarrington generaron suspicacias. Los equívocos se iniciaron el 9 de abril, cuando la PGR anunció que el ex Gobernador de Tamaulipas había sido detenido en Italia a petición de México, pero un comunicado emitido un día después por la Policía de Italia señaló que se efectuó porque Yarrington era “objeto de una orden de captura emitida por la autoridad judicial estadounidense”.

Mientras, el otro ex mandatario detenido, Javier Duarte, espera el proceso judicial de extradición, el cual dio inicio en la capital guatemalteca, donde el Tribunal Quinto de Sentencia decidirá la suerte del político mexicano detenido.

Ciudad de México/Guatemala, 17 de abril (SinEmbargo/AP).– El Presidente Enrique Peña Nieto se refirió a las recientes capturas de los ex gobernadores durante la toma de protesta en Los Pinos a la nueva directiva del Congreso del Trabajo. Insistió en que las autoridades mexicanas colaboraron con los países donde se llevaron a cabo las detenciones, hecho que ha sido desmentido, al menos por Italia.

“Las recientes capturas de ex gobernadores requeridos por la justicia son un mensaje firme y contundente del Estado mexicano contra la impunidad”, dijo.

Peña hizo un reconocimiento a las autoridades que intervinieron en las detenciones de Javier Duarte y Tomás Yarrington, por su profesionalismo y compromiso.

Tanto Javier Duarte como Yomás Yarrington se fugaron de territorio mexicano, en donde se movieron con toda libertad.

Fueron autoridades extranjeras las que los detuvieron.

“La localización fue gracias al intercambio de información y trabajo coordinado de instituciones del Gobierno mexicano con las de otros países”, mencionó.

Sin embargo, declaraciones imprecisas o ambiguas generaron suspicacias de que el Gobierno de México claudicó en su declarada intención de lograr la extradición del ex Gobernador Tomás Yarrington, detenido en Italia, para atajar los escándalos de corrupción que asedian la Presidencia de Enrique Peña Nieto.

Los equívocos se iniciaron el 9 de abril, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) anunció en un boletín que Yarrington, Gobernador del estado de Tamaulipas entre 1999 y 2004, había sido detenido en Italia.

De acuerdo con el texto, el arresto se logró “gracias a la colaboración” de la Procuraduría con las autoridades italianas.

También aseveró que la detención obedeció a la ficha roja solicitada a Interpol por existir una orden de aprehensión emitida por un tribunal por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros.

“Se espera que en los próximos días sea repatriado a nuestro país por esta Procuraduría, en coordinación las autoridades del Gobierno de Italia”, acotó.

Sin embargo, un comunicado emitido un día después por la Policía de Italia señaló que la detención se efectuó por ser Yarrington “objeto de una orden de captura emitida por la autoridad judicial estadounidense”.

También indicó que el ex Gobernador fue localizado “en seguimiento a los informes del organismo estadounidense colateral”, presumiblemente la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), y que en la operación participaron “funcionarios de Interpol y del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense”.

Ese mismo 10 de abril, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, reconoció que Yarrington también es requerido por Estados Unidos, por lo que las autoridades italianas deberán decidir a qué país extraditarlo.

En contraste con el pronunciamiento original de que se esperaba la repatriación “en los próximos días”, refirió que el Gobierno deberá presentar formalmente la solicitud de extradición “dentro de los 60 días hábiles siguientes”.

Indicó que al tomar la decisión de a qué país entregarlo, Italia “tendrá que tomar en consideración las particularidades del caso”, incluyendo la gravedad de los delitos que se le atribuyen.

De inmediato pareció conceder prioridad a Estados Unidos al declarar: “Es importante mencionar que la solicitud de México es de 20 años de prisión y la de los Estados Unidos es de dos cadenas perpetuas más 90 años de prisión”.

Las declaraciones de Elías Beltrán y las inconsistencias entre el anuncio inicial de la PGR y el reporte de la Policía de Italia llevaron a algunos medios a especular que el Gobierno no quiere traer al país y someter a juicio a uno de los suyos, pese a que Yarrington fue expulsado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en diciembre pasado.

DUARTE ESPERA DECISIÓN DE TRIBUNAL

El proceso judicial de extradición de Javier Duarte, ex Gobernador de Veracruz, dio inicio en la capital guatemalteca, donde el Tribunal Quinto de Sentencia decidirá la suerte del político mexicano detenido.

Juan Daniel Lemus, secretario del tribunal, dijo hoy que los juzgadores están a la espera de recibir el acta de consignación de Duarte del juez de Panajachel, en el departamento de Sololá, donde Duarte fue detenido el sábado pasado.

“Este tribunal ha recibido la orden de detención de la persona que requieren los estados mexicanos. Recibida la consignación, el tribunal resuelve cuándo lo va a mandar a escuchar”, dijo Lemus.

El pedido de extradición puede resolverse de dos maneras según el tribunal: la más usual contempla que la ley guatemalteca limite al gobierno mexicano para proveer la solicitud y evidencias de los ilícitos cometidos en los próximos 60 días. La segunda sería la aceptación por parte de Duarte de la extradición, proceso que podría demorar días, explicó el secretario del Tribunal

La Procuraduría General de la República (PGR) dijo el domingo en una conferencia en Guatemala que Duarte, quien ha sido el símbolo de la corrupción e impunidad política en aquel país, recibió ayuda de varios mexicanos en su huida y que se investigaba la posible participación de más personas.

La pista que alertó a las autoridades mexicanas sobre la presencia de Duarte en Guatemala fue la detención del ciudadano mexicano Mario Medina Garzón el 10 de noviembre de 2016 en el Aeropuerto de Tapachula, en el sur de México. Medina Garzón portaba dos pasaportes con las fotografías de Duarte y su esposa pero con nombres distintos, reveló García.

Las autoridades creen que Duarte entró a Guatemala por tierra en el mes de noviembre o antes y que se desplazó por Antigua y otros departamentos donde incluso tenía propiedades.

Tras la detención de Duarte, varios analistas de su país han empezado a valorar las implicaciones de su detención. Para unos es una muestra de la efectividad de la lucha del gobierno contra la corrupción, mientras que para otros es todo lo contrario: un ejemplo de lo enquistado que está este problema entre los políticos mexicanos.

Desde la madrugada del domingo, Duarte quedó recluido en la cárcel de Matamoros, una prisión militar en Ciudad de Guatemala a donde llegó horas después de ser detenido, tras seis meses de estar huyendo.

Gobernador de Veracruz desde 2010, dejó el cargo el 12 de octubre de 2016 a menos de dos meses de concluir su mandato, bajo el argumento de que así podría atender las acusaciones de corrupción en su contra.

El veracruzano es el segundo ex Gobernador del PRI en ser detenido en una semana. Tomás Yarrington, quien gobernó Tamaulipas de 1999 a 2005, fue arrestado en Italia el 9 de abril.

El caso de Duarte ha sido uno de los más delicados para la opinión pública de su país por el alto nivel de violencia que se vivió en Veracruz durante su gobierno, con miles de muertos, desaparecidos y decenas de fosas clandestinas, así como por la impunidad y corrupción que reinó en la región.

Desde la emisión de una orden de captura en su contra, las autoridades mexicanas localizaron millones de dólares ligados a Duarte, congelaron un centenar de cuentas bancarias y revisaron propiedades y negocios vinculados con el veracruzano, quien se había jactado de no haber robado ni un peso de los fondos públicos. Al parecer, el ex dirigente habría utilizado prestanombres y empresas fantasma para transferir recursos públicos y adquirir bienes tanto en México como en el extranjero, señalaron las autoridades.