Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).-  A la denuncia presentada el 17 de abril contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el gobierno de Veracruz y funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por usar programas sociales con fines lectorales, ayer el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Madero Muñoz sumó más denuncias.

Agregó los casos de Baja California, donde se renovará la gubernatura, además de Quintana Roo, Tabasco, Coahuila y Durango, donde dijo que diferentes ámbitos de gobierno usan recursos públicos con fines electorales.

“Lo que estamos denunciando es que antes, durante y después de la firma del adéndum, dentro del Pacto Por México, se siguen presentando estas prácticas”, acusó.

Hace un par de semanas, Madero Muñoz amenazó con que su partido podría salirse del Pacto por México. Aunque después anunció que permanecería, lo hizo de manera condicionada, luego de que se añadió en el acuerdo la obligación de vigilar el uso de programas sociales para evitar su uso electoral.

En conferencia de prensa dijo que los tres niveles de gobierno priístas participan en la maquinación electoral para conservar el poder, de cara a los 14 procesos electorales que se celebrarán en julio próximo.

También dijo que las designaciones de delegados de dependencias federales enviados por el gobierno de Enrique Peña Nieto a las entidades donde habrá elecciones tienen un perfil claramente electorero.

“Nosotros creemos que sí existe un conocimiento a nivel federal de estos perfiles que fueron puestos con esta lógica. Nos hace mucho sentido que la gran mayoría de estos nombramientos en las dependencias que operan programas sociales tienen sello partidista-electorero, más que de servicio para combatir la pobreza y desigualdad; sería esa cultura y esa experiencia la que está poniéndose al servicio de estas dependencias”.

TURISMO ELECTORAL, DESPENSAS, OPORTUNIDADES…

Madero dijo que la situación es tan grave, que por eso su partido presentó el Semáforo de Precontingencia Democrática, donde mostró los estados considerados como “focos rojos”. Pero dijo que el mayor foco rojo para la democracia en esos estados es el PRI.

“El PRI es un foco rojo en sí mismo, porque así se pintan, así lucen, así se presumen, así se ostentan, por eso estaremos persiguiendo esas prácticas para combatirlas y erradicarlas del paisaje nacional, no va a ser fácil, no va a ser sencillo y lo intentaremos”.

El director Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, Eduardo Aguilar, explicó las nuevas evidencias de uso de recursos públicos con fines electorales.

Aguilar dijo que en el noveno distrito de Tijuana, Baja California, la candidata a Diputada local Miriam Ayón junto con sus hermanos Adrián y Oscar, se han dedicado a hacer suplantación de funcionarios de casillas insaculados por el instituto electoral del estado, y los cambian por militantes priístas.

“En una casa particular el hermano de la candidata priísta en el Distrito 9 le da instrucciones a personal electoral en el que les informa que el coordinador de estrategia será él y el coordinador del Frente Juvenil Revolucionario, para que de esta manera den información falsa y reportes falsos en compañía de Claudia (una capacitadora electoral)”.

En otro video se muestra cómo funcionarios contratados del PRI con logo del instituto electoral local recibe dinero el hermano de Ayón para hacer trabajos de actividades “totalmente ilícitas”.

El Director jurídico añadió que esta estrategia ocurre en otras entidades, pero en Baja California es donde tienen mayores evidencias, por ello pidieron blindar los mecanismos de insaculación de funcionarios de casillas.

Otro tema fue la grabación con la voz de Enrique Acosta Fregoso, delegado federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario en la misma entidad, en una conversación con José Ramón Martell, funcionario enviado por el PRI nacional al estado. El funcionario federal le dice al priísta “más les vale y les conviene ganar el Congreso del estado, porque de ahí ha salido todo el dinero” para las campañas priístas.

“Hemos presentado una denuncia penal en Baja California por estos hechos la semana pasada y también se involucra a Eli Topete, candidato a alcalde de Mexicali, quien era el presidente de la Junta de Administración del Congreso del estado cuando era diputado local”, dijo Aguilar.

Agregó que el Congreso de Baja California es el más caro del país.

De ahí Aguilar se pasó a Durango, de donde mostró imágenes de la entrega con cuatro meses de anticipación por parte del gobierno del estado de uniformes escolares. Dijo que suman 410 mil uniformes escolares los que se repartirán para el ciclo escolar que inicia a fines de agosto.

Asimismo, acusó que en las oficinas seccionales del PRI han comenzado a recoger datos a aspirantes a ser beneficiarios del programa social Oportunidades, a pesar de que aún no se abre el padrón para nuevos beneficiarios, y de que los datos deben ser entregados en oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social y no del tricolor.

En el municipio de Gómez Palacio, también en Durango, el candidato priísta ha repartido vales de despensa de “Cruzada más ayuda” emitidos por el gobierno estatal.

Aguilar también informó que en Quintana Roo han detectado la práctica de “turismo electoral” consistente en hacer que priístas de Yucatán reporten su cambio de domicilio ante el Instituto Federal Electoral (IFE) al estado vecino para votar ahí, aunque sigan viviendo en Yucatán.

Los casos que ellos han detectado suman 100 mil, dijo Aguilar.

“Hay un empadronamiento electoral doble. Ya le hemos pedido al Instituto electoral que abra una investigación minuciosa de la cantidad de credenciales duplicadas, porque la estrategia priísta es que personas cercanas al PRI Yucatán sean empadronadas con un domicilio falso en Quintana Roo y en otros estados vecinos con elecciones, y así puedan votar en las próximas elecciones y por tanto aparecerán doble en el padrón electoral. Hacemos la exigencia al IFE, ya hemos presentado la queja correspondiente”.

Otro caso presentado por Aguilar fue el de Coahuila, donde mostraron una foto de un evento del Congreso del estado, celebrado el 27 de abril y encabezado por el gobernador Rubén Moreira. Asistieron 8 mil burócratas, todos vestidos de rojo, color distintivo del PRI.

Un caso más considerado foco rojo es Tabasco, donde a las denuncias por el endeudamiento que dejó el anterior gobernador Andrés Granier, se sumó la acusación contra el encargado federal de Liconsa, Adrián Hernández Balboa.

De acuerdo con Aguilar, el funcionario opera con estrategias electorales y con recursos federales en horarios y días laborales a favor de estrategias priístas, a través del programa de despensas y de entrega de recursos de Liconsa.

En Veracruz añadieron una nueva denuncia. Aguilar dijo que en el municipio de Tres Valles detectaron que personas inscritas al padrón del programa social 65 y Más fueron suplantadas por priístas.

Al término de la exposición de Aguilar, Madero dijo que estos no son actos aislados sino parte de una cultura clientelar, fraudulenta, autoritaria y corrupta de parte del PRI.

Dijo que no piden la suspensión de las elecciones sino de las prácticas fraudulentas

Informó que ayer se instaló una mesa de trabajo en la Secretaría de Gobernación a nivel nacional para presentar las denuncias y obligar a los gobernadores a conocerlas y atenderlas, como parte del Adendum del Pacto por México, y en los próximos días las mesas se instalarán en los 14 estados donde habrá elecciones.