Las organizaciones Artículo 19, Centro Prodh, Freedom House y Cencos, entre otras 12, consideraron que al no haber detenidos por la ejecución extraoficial de civiles en Tlatlaya, el caso quedará impune, pues “en México la justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos y abusos cometidos por los elementos militares está muy lejos de ser una realidad”. Las ONGs resaltaron que la decisión de liberar a los últimos tres implicados en este caso no es definitiva, por lo que los organismos federales defensores de derechos humanos deben asesorar a las familias sobre la posibilidad de buscar justicia.
Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).- Al menos 16 organizaciones civiles se pronunciaron por la reciente liberación de los tres soldados que enfrentaban un proceso penal por su participación en la ejecución masiva de civiles en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.
A través de un comunicado, las organizaciones consideraron que con la última resolución del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México, el caso Tlatlaya se encamina a quedar impune.
“[La] decisión judicial evidencia un Poder Judicial de la Federación poco efectivo para el juzgamiento de los casos de graves violaciones a derechos humanos, pero también muestra la responsabilidad de la PGR en la realización de una acusación deficiente y la falta de investigación por su parte; prueba de ello es que la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos ‘abatir delincuentes en horas de la oscuridad’ sigue sin ser investigada”.
Los firmantes recordaron que esta resolución procedió a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó en su Recomendación 51/2014 la existencia de la ejecución arbitraria de 12 a 15 personas, a lo que se suma las propias declaraciones de las tres mujeres sobrevivientes de la masacre, que coinciden contundentemente: “Si bien existió un enfrentamiento, la mayoría de los civiles se encontraban ya rendidos a disposición del Ejército para después ser privados de la vida”.
Consideraron que la resolución del magistrado Adalid Ambriz Landa no se pronuncia por la inocencia o culpabilidad de los elementos militares, sino por la insuficiencia probatoria, lo que abre la posibilidad de que la Procuraduría General de la República (PGR) “perfeccione su investigación”.
Las organizaciones aseguraron que en México la justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos y abusos cometidos por los elementos militares está muy lejos de ser una realidad, pero a su vez es un indicador de la impunidad que prevalece en el país.
Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran Artículo 19, Centro Prodh, Freedom House y Cencos, criticaron la intencionalidad de algunos articulistas que “han pretendido poner en duda la existencia de los hechos de Tlatlaya e incluso la legitimidad de quienes hemos solicitado justicia en el caso”.
El pasado viernes, el Magistrado del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México, Ambriz Landa, absolvió y dictó libertad para los militares Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, presos por el caso Tlatlaya y quienes eran los últimos detenidos por la presunta ejecución extraoficial de civiles en junio de 2014 en una bodega de ese municipio.
El Magistrado determinó que no hay pruebas para juzgar a los inculpados por los delitos por los que fueron apresados. Con este fallo los oficiales recuperaron su libertad.
Por su parte, la PGR informó que la decisión del Tribunal fue debido a la “falta de elementos para procesar” a los tres presuntos responsables. Dijo que aunque el Ministerio Público no puede impugnar el fallo, el Magistrado estableció que el auto de libertad fue dictado “sin perjuicio de que el Fiscal de la Federación aporte pruebas legalmente suficientes para reunir los requisitos legales para la emisión de un auto de formal prisión por este delito o uno diverso en torno al homicidio de referencia”.
La resolución del Magistrado no es definitiva y puede ser impugnada por las víctimas reconocidas en el expediente, en tal sentido la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), apersonada en el juicio, debe asesorar a las familias sobre la posibilidad de interponer los recursos correspondientes.
Para Clara Gómez González, sobreviviente y testigo, la resolución evidencia la falta de acceso a la justicia y abre su preocupación en torno a su seguridad y la de su familia, por lo que exigimos garantías en su proceso de búsqueda de verdad.
