[NdeR: El fact checking o verificación de hechos ha sido retomado masivamente en el mundo. Sobre todo en la prensa de Estados Unidos, donde tienen un Presidente que acostumbra hablar –diríamos los mexicanos– sin los pelos de la burra en la mano. O con mentiras. La Unidad de Datos de SinEmbargo lanza este ejercicio, llamado simplemente “Dichos y Hechos”, para revisar frases, afirmaciones o documentos de figuras públicas para saber si están sustentados.]
EL DICHO: “La garantía, por lo menos inmediata, es que la institución está abierta a escuchar la inquietud que genera esto [la violencia en contra del gremio periodístico]; a resolver inmediatamente ahorita mecánicas de atención que debemos de generarle al gremio […]; aquí merecemos generar un programa y un proyecto para el resguardo en materia preventiva de todo el gremio periodístico” (Juan José Ríos Estavillo, titular de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, en entrevista con RíoDoce, respecto del homicidio del periodista Javier Valdez Cárdenas, el 15 de mayo de 2017).
EL HECHO: El lunes pasado, en Culiacán, Sinaloa, le fue arrancada la vida al periodista Javier Valdez Cárdenas. Su crimen: cumplir con su labor periodística; escribir acerca del narcotráfico. Con su asesinato, suman seis en lo que va del año en curso, y hasta el momento, no hay situación que indique que el Estado sea capaz de ofrecer garantías para resolver un conflicto que atenta en contra de la salvaguarda de quienes representan al ejercicio de la libertad de expresión: los periodistas. Lo expresado por el Fiscal de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, más que hablar de garantías habla de estribillos, frases repetidas hasta el cansancio sin que llegue a consecuencias -no que sea su caso-. Cuando reporteros de RíoDoce le preguntaron “¿Qué garantías hay para los demás periodistas aquí en Sinaloa, señor Fiscal?¿Qué garantías tenemos, o perdimos las garantías?”, el funcionario público habló de “garantías” que ni él supo explicar: escuchar las inquietudes; mecánicas de atención; un programa preventivo. En fin, generalidades que vacilan y hablan de un hueco. Y mientras las autoridades responden, son cientos los comunicadores que han muerto en los últimos 17 años “en posible relación con su labor periodística”: al menos 104, refiere la organización Artículo 19. Al día de hoy, la expectativa y la demanda son lo mismo, sea para periodistas, desaparecidos, víctimas de algún crimen: que los casos dejen de ser mera estadística y que la impunidad no prosiga.
#DichosyHechos dice que lo expresado por Ríos Estavillo no es suficiente para convencer acerca de que los asesinatos como el de Javier Valdez Cárdenas, y como el de muchos otros periodistas, no volverán a repetirse. La información que a continuación se presenta no habla de garantías por parte del Estado, sino de su ineficacia.
· La incapacidad de la FEADLE: A unas horas del asesinato de Valdez Cárdenas, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció haber dado “indicaciones a la PGR [Procuraduría General de la República] para que la FEADLE [Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión] apoye a las autoridades locales en la investigación de este indignante crimen”. Sin embargo, la FEADLE, encargada de investigar y perseguir los delitos cometidos en contra de periodistas, el derecho a la información y la libertad de prensa y expresión, tiene un 97 por ciento de ineficacia en la investigación y sentencia de los crímenes cometidos en contra de los informadores mexicanos. Un artículo publicado por este medio (Linaloe R. Flores/SinEmbargoMX/15-V-2017), dio cuenta de la magnitud del fracaso de la dependencia, basado en la información hecha pública, el mes pasado, por la Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Irene Herrerías Guerra, quien expuso ante el Senado de la República que, de 2000 a 2017, habían ocurrido 114 homicidios, de los cuales, la fiscalía especializada sólo había atraído 48. De ese centenar, dijo, sólo se habían emitido tres sentencias (el 3 por ciento de los casos).
· Mucha Ley, pocas garantías: En nuestro país existen varias leyes que hablan de protección a periodistas -como también hablan de infinidad de derechos-. Empero, la realidad jurídica dista de ajustarse al acontecer diario, y por muy bien que la Ley esté redactada, por no resolver las problemáticas nacionales, no funciona. Entonces no pueden haber garantías. Así fue con la reforma constitucional al Artículo 73 (fracción XXI), que en 2012, otorgó a la FEADLE la capacidad de atraer y resolver investigaciones. Hasta ahora la institución no ha dado resultados. Lo mismo pasa con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que entre otras muchas cosas, establece (artículos 32 a 34) medidas preventivas (manuales, cursos de autoprotección, observadores, entre otros), de protección (entrega de equipos de comunicación; instalación de cámaras, cerraduras y otras medidas de seguridad, chalecos antibalas, autos blindados, etc.) y urgentes (incluye reubicación temporal, escoltas especializados, protección de inmuebles, entre otros) para todas aquellas personas (defensoras de Derechos Humanos o periodistas) y sus familiares, cuyas vidas estén bajo amenaza. El problema es que en muchos casos la normatividad no se aplica. Así el caso de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, dirigente del Colectivo de Desaparecidos de San Fernando, quien fue asesinada hace seis días en su casa, a manos de un comando. Según el gobierno local, la protegieron. Según se difundió en medios nacionales, Rodríguez Martínez, antes de ser asesinada, solicitó protección pero nunca la ayudaron. Otra es la decisión tomada a principios de marzo por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que determinó que los jueces federales, no los locales, deben enjuiciar los delitos cometidos contra periodistas. Sin embargo, como lo señala un análisis del New York Times, el problema radica en que “la decisión de la corte todavía no es vinculante y solo aplica para delitos nuevos, lo cual quiere decir que una gran cantidad de casos se quedarán en los tribunales locales donde actualmente están. Estos cuentan con pocos recursos y son muy vulnerables a la corrupción”.
· El incesante problema: De acuerdo con la información de Artículo 19, entre los años 2000 y 2006, durante el sexenio de Vicente Fox Quezada, hubo al menos 22 comunicadores asesinados. La crisis se desataría durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), luego de iniciada la denominada “guerra contra el narco” (2006). Entonces perecieron 48 periodistas por “su posible relación con su labor periodística”. En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, la organización refiere que hubo 31 homicidios de comunicadores. Quedan 17 meses y 15 días para que concluya este gobierno, y al día de hoy, existen quienes vaticinan que las matanzas no cejarán. No hay garantías. Al respecto -luego del asesinato de Javier Valdez Cárdenas-, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por medio de un comunicado, expresó que “los agravios a periodistas que no se atiendan hasta su esclarecimiento total, reparación integral del daño a la víctimas y castigo a los responsables, generan la reiteración de prácticas criminales que lastiman y afectan la vida nacional en sus valores cívicos y democráticos; así como la privación de vida de periodistas y defensores de Derechos Humanos”.
· México, líder americano: De acuerdo con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), México es el país con más asesinatos de periodistas en el continente americano.”Uno de cada tres de los asesinatos documentados por la Relatoría ocurrió en México (55 en total) y casi uno de cada cinco en Honduras (28 en total)”, refiere el organismo. A estos países le siguen Brasil (25), Colombia (11), Guatemala (nueve), Perú y Paraguay (seis casos cada uno). Para la CIDH, el problema es tanto la impunidad como la corrupción, ya que menciona que son “muy pocos” los autores intelectuales de asesinatos de periodistas que “han recibido algún tipo de condena”, además de que “en muchos casos, lamentablemente, se ha verificado que estas organizaciones ejercen la violencia en colusión con agentes estatales”.
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#DichosyHechos dice que existen más indicios acerca de que en nuestro país no hay garantías en lo que refiere a la protección de periodistas y defensores de Derechos Humanos amenazados, que la certidumbre de que el Gobierno federal sea capaz de resolver este tipo de casos de violencia. El reciente asesinato de Javier Valdez Cárdenas, y los cientos de casos que lo anteceden, hablan de un estado de emergencia, en términos de seguridad, para todos aquellos que hacen de la libertad de expresión y de la defensa de sus derechos, un modo de vida.
