Washington, 16 jun (EFE).- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió hoy al Gobierno de México “hacer todos los esfuerzos” para hallar con vida al jefe de información de un periódico del estado de Guerrero desaparecido el 7 de junio.

La Relatoría manifestó su preocupación por la desaparición del periodista Marco Antonio López Ortiz, jefe de información del periódico Novedades Acapulco, en el estado de Guerrero, México, sin descartar que pueda estar relacionada con el ejercicio de su profesión.

El organismo reiteró al Estado mexicano la necesidad de impulsar medidas que protejan “eficazmente” a los periodistas, así como mecanismos “eficientes” para afrontar las “graves deficiencias” del sistema de justicia respeto a los crímenes cometidos contra este colectivo.

Datos de la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) indican que en México, hasta 73 periodistas han sido asesinados desde el año 2000 y otros 13 se encuentran desaparecidos desde 2003, incluyendo a López Ortiz.

Según la información recibida por la CIDH, López Ortiz fue capturado la noche del 7 de junio de 2011 por un grupo de personas desconocidas en la ciudad de Acapulco. Su automóvil fue encontrado abandonado en el lugar de su secuestro y desde entonces no se ha tenido noticias sobre su paradero.

Sus compañeros se alarmaron cuando al día siguiente no acudió a trabajar, y amigos y familiares iniciaron su búsqueda. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero ha abierto una investigación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos visitó las instalaciones del diario.

En su “Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México 2010”, la Relatoría alertó de “crítica” la situación de violencia que enfrentan los periodistas en el estado de Guerrero.

El documento constata que cuatro de los trece asesinatos de periodistas ocurridos en México durante el año 2010 tuvieron lugar en Guerrero, además de otros hechos “graves” como el ataque armado contra el periódico El Sur en Acapulco, en noviembre del año pasado.

La Relatoría Especial ha urgido al Estado a que fortalezca la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión y adopte mecanismos de seguridad para proteger “efectivamente” la vida e integridad de los periodistas amenazados.

“Para impedir la impunidad y la repetición de estos hechos es imprescindible identificar a todos los responsables de los crímenes cometidos, juzgarlos, sancionarlos y reparar de manera justa a los familiares de las víctimas”, agrega.