Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).– Habitantes del municipio de San Bernardino Chalchihuapan, en Puebla, se manifestaron el pasado 9 de julio en la vía Atlixcáyotl  para exigir la restitución de los servicios del Registro Civil a las juntas auxiliares, que les fue enajenado para entregarlo a los ayuntamientos por iniciativa del Gobernador Rafael Moreno Valle, además de la liberación de 37 pobladores detenidos en bloqueos anteriores por oponerse a la construcción del Arco Poniente y el Gasoducto Morelos.

Al medio día de ese miércoles, elementos de la Policía Estatal arribaron al lugar para desalojar la manifestación por lo que se desató un conflicto en el que los estatales lanzaron granadas de humo, gases lacrimógenos, balas y proyectiles de goma, aplicando la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, mejor conocida como Ley Bala, la cual permite hacer el uso legítimo de la fuerza “siempre como última medida”.

Ayer, los presidentes de las juntas auxiliares de San Martín Tamapa y de San Berbardino Chalchihuapan, José Salomé Pacio Grande y Javier Montes, respectivamente, denunciaron en el Senado de la República las violaciones a sus derechos humanos en la manifestación, pues la protesta se realizó de manera pacífica y aún así fueron atacados por elementos estatales.

“No hay palabras para describir lo que vivimos ese día, fue una situación totalmente arbitraria, cruel, sin tomar en cuenta a lo que íbamos. Las únicas armas que llevábamos eran cartulinas y mantas. Que quede bien claro y que no mienta el señor Gobernador porque es lo único que llevábamos”, dijo Salomé Pacio.

Aseguró que antes de la manifestación, acudieron a distintas instancias del gobierno para expresar su inconformidad luego de una derogación a la Ley Orgánica Municipal donde se les quitó sus facultades a las juntas auxiliares en materia de Registro Civil. Sin embargo, no fueron bien recibidos.

“Primero [acudimos] a la Casa Aguayo, en la cual nos reciben en la banqueta. Fuimos al Centro Integral de Servicios (CIS) Puebla, en Angelópolis donde nada más nos reciben nuestro pliego petitorio en ventanilla de oficio. Fuimos al Congreso del estado local, nos atiende el secretario Víctor Manuel Giorgana Jiménez y es el único que nos atiende”.

Luego de estas búsquedas de diálogo “decidimos tomar acciones pacíficas y que quede bien claro, pacíficas, porque dice el gobierno de Puebla que nosotros fuimos los que agredimos y eso no es verdad, es más, él nos acusa de que somos irresponsables porque llevamos a niños, ancianos y mujeres, y desde aquí quiero decirle que no íbamos a una guerra. Por eso es que iba todo tipo de personas, íbamos en una forma pacífica a manifestarnos en diferentes puntos del estado”.

Por su parte, Javier Montes, quien ayer mismo se le informó que tiene una orden de arresto en su contra, dijo que está recibiendo llamadas “para negociar esto y que no salga a la luz, lo que quieren es tapar el sol con un dedo y esto no se puede tapar”.

“Venimos a pedir el apoyo de todos porque lo que sucedió fue una batalla de elementos armados contra civiles sin armas, sin nada, no íbamos preparados a pelear, sólo íbamos a manifestarnos, nos dispararon balas de goma, proyectiles, entonces es algo muy indignante que si alzas la voz que traten así”.

La Diputada perredista Roxana Luna Porquillo denunció estas violaciones desde el día del enfrentamiento a través de las redes sociales, y ayer reiteró que “en el estado de Puebla se vive una crisis de derechos humanos, las balas de goma causan dolor, mutilan y hasta pueden matar. Con el gobierno de Rafael Moreno Valle en Puebla, se vive una de las etapas más represivas en el siglo XXI, se ha configurado una crisis de derechos humanos lo que se constata con 37 personas encarceladas actualmente en menos de tres meses”.

“La represión, los gases lacrimógenos, los golpes, los toletes, los disparos de balas de goma contra manifestantes en San Bernardino Chalchihuapan es uno de los ejemplos, la crisis de derechos humanos se alimenta y se intensifica en las instituciones de gobierno federal pues estos no han podido evitar que se instaure en la mesa con el gobierno a pesar de que todos los que estamos aquí hemos insistido en diversas ocasiones que paren las agresiones a los poblanos”, dijo.

La legisladora también denunció que los ciudadanos que se atreven a ejercer su libertad de manifestación de ideas y protestar por la violación de sus derechos “caen víctimas de las arbitrariedades de la autoridad gubernamental que se ha especializado en fabricar culpables, imputar delitos no cometidos y construir expedientes judiciales para meter a la cárcel a quien se considere un peligro”.

En entrevista para SinEmbargo, la perredista aseguró que el Gobernador procede sin sentimientos: “Se actúa de manera muy vil, no tiene la mínima sensibilidad de cuando se dan órdenes y lo más lamentable es que los diputados se están prestando para este tipo de cosas. Los hechos ahí están, ningún policía está lesionado de gravedad como están los pobladores. Cuando se actúa con tanta brutalidad es el reflejo que quizás hay odio a las poblaciones”.

El Gobernador ha ido potencializando su ego, su control, a partir de que controla el Poder Ejecutivo en el estado, el Legislativo, el Judicial y a los partidos políticos. No hay oposición en el estado, quien marcha lo encierran, lo amedrentan, quien marcha, hoy lo golpean”.

Tras el enfrentamiento, cinco personas resultaron heridas de gravedad, entre ellas dos menores, José Luis Alberto Tlautle Tamayo de 13 años y Gilberto Varela Tecalero de 16, mismos que son atendidos en el Hospital General Sur. Las otras tres personas son: Martín Romero Montes, de 65 años, quien tiene una perforación en el pómulo izquierdo por el impacto de una bala de goma; Hugo Jiménez Varela de 26 años, quien se sometió a una reconstrucción del ojo izquierdo, y Vicente Tecalero Jiménez de 21 años, estudiante de bachillerato y padece un traumatismo cráneo-encefálico por el impacto de una bala de goma. A estos tres últimos se les negó el acceso a atención médica pues la instrucción del gobierno era que no los atendieran.

Entre los habitantes que acudieron a la Cámara Alta, se encontraba la mamá de José Luis, Elía Tamayo, quien entre lágrimas dijo que se sentía presionada por el gobierno, pues sólo andaban buscando a responsables. Le pidió al Gobernador panista que no mienta más y también exhortó a los legisladores a darle seguimiento al caso de su hijo que recibió un impacto de bala de goma  en la cabeza y se encuentra en terapia intensiva. A los legisladores les pidió que manden “un médico para que esté valorando a mi hijo y le de seguimiento. También les pido que suelten a mis paisanos que no cometieron ningún delito”.

PUNTO DE ACUERDO

Más tarde, la Diputada Alliet Bautista Bravo presentó un punto de acuerdo a nombre de la legisladora Roxana Luna donde se pide que la Comisión Permanente de seguimiento a la probable violación de derechos humanos en el estado de Puebla.

En su discurso ante el Pleno, la legisladora dijo que la “propuesta tiene el objetivo, el propósito de conocer los hechos de represión, con los que el gobierno estatal de Rafael Moreno Valle, ha dado respuesta a las demandas de la sociedad poblana”.

Acusó que la respuesta del gobierno ante la manifestación del 9 de julio derivó “en la represión inmediata y la violencia desmedida, con evidentes abusos, represión y violaciones graves a los derechos humanos, y hasta ahora se puede dar el recuento del estado de coma de José Luis Alberto Tamayo, un niño de 13 años heridos en la cabeza por bala de goma al salir de su escuela secundaria y dirigirse a su domicilio. Él no se encontraba en la manifestación, como lo ha hecho creer, de manera manipulada, la información del Gobernador de Puebla”.