Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).— En 2013, el primer año de la gestión del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, la ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro y la construcción de la Línea 5 del Metrobús –que fueron los dos principales proyectos de obra pública de ese año– tuvieron irregularidades en sus procesos de contratación, detectó la Auditoría Superior de la Ciudad de México.

En su Informe Final de Auditoría, derivada de la Revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal de 2013, publicado el pasado miércoles, el órgano fiscalizador evidenció la falta de control de la Sobse para garantizar que los procesos de contratación se hicieran conforme a la normatividad vigente y para que los recursos públicos destinados a esas obras se aplicaran correctamente. Asimismo exhibió las omisiones de la dependencia ante los incumplimientos de la empresa encargada de construir la Línea 5 del Metrobús.

Lo detectado por la Auditoría Superior capitalina no es asunto menor si se considera que se trató de los dos proyectos que abarcaron el 93 por ciento de los recursos ejercidos ese año en obra pública, pues de los mil 695 millones 536 mil 400 pesos ejercidos ese año por la Sobse, 895 millones 871 mil 600 pesos se erogaron en el proyecto de ampliación de la Línea 12 del STC Metro, en el tramo Mixcoac-Observatorio, y 681 millones 906 mil 600 pesos fueron para la construcción de la Línea 5 del Metrobús en su primera etapa, en el tramo Río de los Remedios a San Lázaro.

Las observaciones hechas por la Auditoría, en general, muestran una falta de control en las contrataciones por parte de la Sobse, cuando estuvo a cargo del fallecido Luis Alberto Rábago Martínez y Alfredo Hernández García, quien en marzo pasado renunció a su cargo para facilitar las investigaciones por un presunto conflicto de interés en que se vio involucrado.

La propia Auditoría advierte de la “exposición al riesgo” que hay en el rubro de las obras públicas, al señalar que, con base en auditorías practicadas anteriormente, ha detectado que las obras “están expuestas a riesgos de ineficiencias, desperdicios e irregularidades”.
El ejercicio de fiscalización realizado a los dos principales proyectos de obra durante 2013 por el gobierno capitalino no fue la excepción, y pese a que la Sobse respondió a todas las observaciones hechas por la Auditoría, a juicio de ésta todas las irregularidades se sostienen.

FALLAS DEL CONTRATISTA

El órgano fiscalizador identificó con la clave AOPE/102/13 la auditoría realizada al proyecto “Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús en el Eje 3 Oriente, en el tramo de Río de los Remedios a San Lázaro, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, primera etapa”. Dicha obra implicó un gasto de 681 millones 906 mil 600 pesos, es decir el 40.2 por ciento del monto total de ese año ejercido en obra pública.

La Auditoría detectó que la empresa que ganó la licitación del contrato de obra a precio alzado (identificada con el número DGPE-LPN-1-009-13), no entregó en su propuesta técnica toda la documentación solicitada en las bases de licitación.

La empresa en cuestión es GAMI, Ingeniería e Instalaciones, SA de CV, la misma que se encargó de la edificación de la nueva sede del Senado de la República, cuyos retrasos, pagos en reparaciones y sobrecostos le merecieron a la empresa señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación, en su revisión de las cunetas públicas de 2010 y 2011.

Dicha empresa también forma parte del consorcio encargado de la construcción del Deprimido Vehicular Insurgentes-Mixcoac, un doble túnel que solucionaría los problemas de tránsito vehicular en el cruce de las avenidas Insurgentes y Río Churubusco, pero que ha sido rechazado por vecinos de la zona.

En el caso de la Línea 5 del Metrobús, la información que la empresa omitió entregar fueron datos sobre direcciones y teléfonos de los contratantes respecto a trabajos similares y vigentes a los licitados, así como documentación del personal que acreditara la idoneidad de sus perfiles.

La omisión de esta información significó un incumplimiento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, que indica que para hacer la evaluación de las propuestas en una licitación, las dependencias a cargo deben verificar que en la propuesta técnica y económica se incluya la misma información, documentos y requisitos solicitados en las bases del concurso. En este caso, la información omitida era requerida en la licitación de la obra, con número EO-909005999-N4-2013.

Dicha licitación asienta que una proposición se desechará cuando presente incompleto u omita un documento requerido en las bases. Sin embargo, esto no sólo no ocurrió, sino que la empresa Gami, Ingeniería e Instalaciones, SA de CV, de hecho ganó la licitación.

El argumento de la Sobse para justificar lo anterior fue que la contratista había presentado, al momento de la compra de las bases de licitación, la relación de trabajos similares y vigentes, con datos de direcciones y teléfonos de los contratantes. Por ello, argumentó, “se consideró que la falta de dichos elementos no supone motivo de desechamiento de la propuesta”.

En lo que respecta a la falta de información documental sobre el perfil del personal, la respuesta de la Sobse fue que la suficiencia de los perfiles se podía inferir de la simple lectura de los documentos que la empresa contratista sí había proporcionado.

“De la simple lectura y análisis de los documentos proporcionados por la licitante, se aprecia claramente que cuentan con el perfil requerido y suficiente para llevar a cabo las funciones que tienen encomendadas”, contestó la Sobse a la observación de la Auditoría.

Pero para la Auditoría esta justificación no fue suficiente en tanto que las bases de licitación estipulaban que no entregar la información requerida bastaba como motivo de desechamiento de una propuesta.

Otra omisión en que incurrió la contratista, sin que ameritara una observación de la Sobse, fue el cumplimiento de la normatividad ambiental y las medidas de prevención, mitigación o compensación de los impactos ambientales, establecido en la resolución administrativa SEDEMA/DGRA/001147/2013, de la Secretaria del Medio Ambiente.

Lo anterior fue detectado por la Auditoría dado que la empresa contratista no presentó, entre otros documentos, el acuerdo administrativo para la liberación de las condicionantes impuestas en dicha resolución, sin lo cual no podía iniciarse la etapa de operación. Para mayo de 2015, la Sobse no había presentado la documentación referida.

Además, la empresa tampoco presentó el documento acreditado ante notario público por el cual aceptaba el traslado de los derechos y obligaciones contenidas en la citada resolución administrativa.

Ante el señalamiento de esta omisión, la Sobse defendió que la contratista había ingresado a la Oficialía de Partes de la Dirección General de Regulación Ambiental un documento en el que refería que conocía de los derechos y obligaciones adquiridos por dicha resolución, “sin que resultara necesario presentar la certificación notarial, pues dicha resolución administrativa surtió sus efectos jurídicos”.

Pero para la Auditoría esa justificación tampoco fue válida, en tanto que ese documento al que aludió la dependencia no estaba acreditado ante Notario Público.

FALTANTES Y OMISIONES

La Auditoría también detectó un faltante de material en la obra por un total de 3 millones 371 mil 900 pesos.

Al realizar una inspección por la obra en cuestión, el órgano fiscalizador verificó que 120 bancas de madera exótica y dos piezas de conexión en rack del centro de control de cámaras no se localizaron. Además, encontró que de las 6 mil 429 piezas piezas de bloque sólido para el confinamiento del carril exclusivo del Metrobús –que la empresa había contemplado en su presupuesto– sólo existían 4 mil 372. Eso significaba una diferencia de 2 millones 521 mil 900 pesos entre lo reportado y la cantidad existente.

Lo mismo ocurrió con un transformador, pues se tenía contemplado instalar uno de 300 kilowatts, mas la Auditoría sólo encontró uno con capacidad de 225 kilowatts. La diferencia entre uno y otro era de 300 mil pesos.

Por estas omisiones, la Auditoría pidió a la Sobse “recabar con la contratista de obra, la información correspondiente a los materiales faltantes, mano de obra, herramienta y equipo necesario que se requirió para la ejecución de los conceptos en mención, así como los porcentajes de costos por indirecto, financiamiento, utilidad y cargos adicionales, y agregarlos al importe a costo directo observado”.

La Sobse también omitió aplicar la sanción de 655 mil 500 pesos por daños ocasionados a la Hacienda Pública de la Ciudad de México a la empresa encargada de la supervisión de la obra, por una diferencia de 5 millones 12 mil pesos entre lo presupuestado y el pago hecho por la contratista por el depósito de material.

Otros señalamientos que la Auditoría hizo es que la Dirección General de Proyectos Especiales de la Sobse no realizó la evaluación de la capacidad financiera de las empresas licitantes durante el proceso de licitación de la obra, ni vigiló que las áreas que deben operar las instalaciones, las recibieran oportunamente por parte del responsable, con los planos actualizados, normas y especificaciones aplicadas en su ejecución. Asimismo, la dependencia no solicitó a la contratista que en su propuesta técnica incluyera la relación del personal profesional y técnico-adminsitrativo, el programa calendarizado de la participación del personal, así como el programa de pagos mensuales de su propuesta técnica para el personal profesional, administrativo y técnico.

Además, la empresa que ganó la licitación del contrato de obra a precio alzado número DGPE-LPN-1-009-13, no entregó en su propuesta técnica toda la documentación solicitada en las bases de licitación.

LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12

La auditoría AOPE/101/13, relativa al “Proyecto Integral para la construcción de la obra electromecánica de la ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo tramo Mixcoac-Observatorio”, concluyó que, en general, no hubo medidas de control en la Sobse para garantizar la correcta aplicación de recursos en la obra.

La construcción de la ampliación de la Línea 12 fue otorgada el 11 de diciembre de 2013 a la empresa Alstom Mexicana, SA de CV, por un monto de 895 millones 871 mil 600 pesos y por adjudicación directa. La empresa forma parte del consorcio que construyó la primera fase de la Línea 12, que desde marzo del año pasado está parcialmente suspendida por fallas técnicas.

En el caso de la ampliación de dicho proyecto, fue precisamente el modo de contratación el que le mereció una observación de la Auditoría, dado que ésta señaló que no existe evidencia documental de que el responsable de la contratación haya enviado al Órgano Interno de Control el dictamen en el que constara en análisis de la proposición y las razones para la adjudicación del contrato, así como el informe mensual sobre los contratos formalizados.

De acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, citada por la propia Auditoría, cuando se realizan contratos a través de adjudicaciones directas o invitación restringida el titular del área responsable de la contratación tendrá que enviar a más tardar el último día hábil de cada mes un informe sobre los contratos formalizados en ese mes, así como el análisis de las proposiciones y las razones para la adjudicación del contrato.

Además, la contratación no tomó en cuenta que al realizarse con recursos federales y al amparo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los servidores públicos que podían intervenir en los cargos de Secretario Técnico y asesores requerían tener un nivel jerárquico de Director de Área y Director General, respectivamente.

En lugar de ello, fue el Subdirector de Normas de Construcción quien ocupó el cargo de Secretario Técnico, mientras que como asesores fungieron el Subdirector de Diagnóstico de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, el Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa “A” en la Contraloría Interna y el Jefe de Unidad Departamental de lo Consultivo de la Dirección Ejecutiva Jurídica de la Sobse.

La Sobse incumplió además en abrir la Bitácora Electrónica de Obra Pública al inicio de la obra, el 20 de diciembre de 2013, sino que la retrasó 27 días, hasta el 16 de enero del siguiente año.

De acuerdo con el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, la Bitácora es el instrumento técnico para comunicar a las partes que formalizan los contratos. En ella se registran los asuntos y eventos importantes que se presentan durante la ejecución de los trabajos, y su uso es obligatorio para cada uno de los contratos de obras y servicios.

Asimismo, el Acuerdo Décimo Primero de los lineamientos para regular el uso del programa informático para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obra pública por medido remotos de comunicación electrónica establece que la apertura de la Bitácora se hará previa al inicio de la obra o de los servicios.

La Sobse justificó el retraso argumentando que el residente de obra había tenido problemas con su Firma de Identificación Electrónica Avanzada, pero que había realizado la apertura de bitácora de forma convencional para no incurrir en omisión. Pero para la Auditoría el argumento fue insuficiente, ya que eso significaba que la Sobse no había verificado en su momento que el servidor público designado para fungir como residente de obra responsable de abrir la bitácora electrónica estuviera en condiciones para cumplir esa encomienda.

Otra falla en la que incurrió la Sobse fue que contrató la supervisión de la obra exactamente por el mismo periodo de ejecución de ésta, es decir del 20 de diciembre de 2013 al 31 de diciembre de 2016, “por lo que no consideró que la supervisión debió revisar previamente al inicio de los trabajos y de manera detallada, la información que le proporcionara la residencia de obra”, para saber en qué condiciones se desarrollaría, además de que al finalizar la ejecución la obra tendría que coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos.

La Auditoría también detectó que la empresa contratista no presentó el Contrato de Seguro de Responsabilidad Civil, que está obligado en los primeros cinco días hábiles siguientes a la firma del contrato, y que supone la garantía para reparar daños a terceros.

La Sobse presentó un certificado de responsabilidad fechado el 30 de septiembre de 2014, pero el órgano fiscalizador determinó que la observación persistía ya que sólo se había presentado un certificado y no la póliza y contrato del seguro de responsabilidad civil.

Otra omisión de la Sobse fue que no estipuló cómo se tendría que invertir el anticipo de 50 por ciento otorgado a la empresa contratista para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como para la compra, fabricación, producción y suministro de materiales de construcción, adquisición de equipos e insumos, y la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones.

Eso tuvo una repercusión, también detectada por la Auditoría, ya que la Dirección General de Obra Pública de la Sobse no comprobó en qué se ejercieron 157 mil 200 pesos otorgados al contratista para la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones.

Además, en la comprobación de la aplicación del anticipo, la propia Sobse señaló que la contratista se excedió en el monto de éste, pues se estimaba de 466 millones 886 mil 965.95 pesos, pero Alstom mexicana SA de CV entregó tres facturas por 472 millones 891 mil 530.1 pesos.

La Audioría detectó que esas tres facturas se referían a conceptos de “Mantenimiento”, “Renta” y “Renta de 10 pensiones” del mes de enero de 2014, las cuales no correspondían al propósito del anticipo.

Por si fuera poco, la Sobse había incumplido en el pago del anticipo al contratista, el cual se hizo en dos pagos, al retrasarse ocho y 12 días. Ello no sólo contravino la Ley, sino que es motivo para diferir el plazo del programa de ejecución, que tendría que concluir el 31 de diciembre de 2016.