Hace cinco años Enrique Peña Nieto escribió en una columna intitulada “El comienzo del cambio” tres propuestas prioritarias tras la elección presidencial. Una de estas, respondía a una exigencia ciudadana de más pluralidad entre los medios de comunicación y menos arbitrariedad en la asignación del gasto en publicidad oficial.

Recordemos que durante el debate presidencial el candidato López Obrador hizo referencia a los montos millonarios ejercidos sin control durante el sexenio de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México “si la televisión hiciera presidentes, usted sería uno” le dijo.

De esta manera, la promesa por una regulación del gasto de publicidad oficial se trasladó al compromiso 95 del Pacto por México. Después, no hubo más referencias, se quedó en el olvido. Hasta la fecha este concepto de gasto sigue siendo la caja chica de los gobiernos tanto federal como locales y se ejerce de manera arbitraria e indiscriminada.

En los primeros cuatro años, el Gobierno federal de Enrique Peña Nieto ha gastado más de 34 mil millones de pesos y en los primeros cuatro meses del 2017 el gasto ya alcanzaba los 100 millones de pesos[1]. Hemos visto cómo la publicidad oficial ha llegado hasta las telenovelas. Vemos cómo dentro de los guiones se llega a promover una obra del gobierno o una figura pública. Asimismo, el incremento del uso de las redes sociales ha hecho que la promoción se vuelva cada vez más cínica. En lugar de que los integrantes del gabinete comuniquen, a través de sus cuentas, los beneficios de sus acciones y orienten a sus seguidores para mejorar su calidad de vida, los funcionarios públicos usan sus perfiles para promover su figura.

Pero el problema no termina ahí, no solamente estamos hablando de montos millonarios gastados sin criterios objetivos y transparentes, estamos hablando de dinero que se usa para silenciar, para censurar y generar narrativas, para sesgar la información que recibe la sociedad.

Veamos, los medios en México -en su mayoría los medios de comunicación locales- dependen del dinero público -muchas veces la dependencia llega a ser mayor al 50% de los ingresos totales. La falta de regulación genera que este dinero sea utilizado para promover figuras públicas pero también para impulsar mensajes oficiales encubiertos como opiniones o reportajes.

Así, la sociedad que busca información debe asumir que para estar informado tiene que leer más de una fuente, que para acercarse a la verdad es necesario cuestionar las palabras de quien escribe o quien habla por los intereses que pudiera haber detrás.

Por otro lado, las y los periodistas se encuentran a una realidad en la que la publicidad oficial juega un papel muy relevante en el ejercicio de libertades. “La plata” no solamente determina qué es lo que pueden o no publicar dentro del medio en el que trabajan, también determina el ángulo de la historia o de la fotografía. La publicidad oficial también impacta de manera relevante en la precariedad laboral a la que se enfrenta el periodismo (algunos periodistas ganan por nota publicada y la publicación de la nota depende de la publicidad oficial).

Existen campañas que, sin duda, impactan de manera positiva en la vida de las personas. El dinero público bien ejercido ha cambiado realidades y generado cambios de comportamiento -desde disminuir el desperdicio de agua hasta la reducción del consumo de tabaco.

La regulación de publicidad oficial es un asunto pendiente, no se puede hablar de garantías a la libertad de expresión si no se avanza en esta agenda. Si no lo logramos, el gobierno seguirá pagando un precio muy alto por el silencio.

[1]    Ejercicio del gasto en comunicación social publicado por la Secretaría de Función Pública en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y enero – mayo 2017.

Ana Cristina Ruelas

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Ana Cristina Ruelas, colabora en la oficina regional para México y Centroamérica de ARTICLE 19. Es abogada y maestra en administración pública y políticas públicas. Se desempeño como Directora Regional y Oficial del Programa de Derecho a la Información en la misma organización y ha trabajado en organizaciones de derechos humanos en México y en Perú en temas relacionados con participación ciudadana y educación para el desarrollo.

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