Exploro la historia oficial de la Organización Odebrecht, el conglomerado brasileño de empresas nacido en los negocios de la ingeniería y la construcción y expandido con los años a los campos de la química y la petroquímica. De acuerdo a su propia narrativa, la organización es todo un ejemplo de éxito empresarial latinoamericano. Su “ADN”, dicen, “se remonta al año 1856, fecha de la llegada de Emil Odebrecht a Brasil. Siguiendo el flujo de la inmigración germánica en el país, el ingeniero alemán se estableció en el Valle de Itajaí, en Santa Catarina. Casado con Bertha Brichels, tuvo 15 hijos. Uno de sus nietos, Emilio Odebrecht, padre de Norberto, se encaminaría hacia el sector de la Construcción Civil y comprobaría la vocación emprendedora de la familia Odebrecht.”

Fue el bisnieto del pionero, el mentado Norberto, el que reorganizó los negocias paternos y fundó la empresa madre del actual consorcio en 1944. Desde entonces, su récord de participación en la obra pública brasileña se antoja fabuloso. Su primer contrato con Petrobras –la empresa creada por el inefable Getulio Vargas durante su regreso triunfal al poder en la reinstaurada democracia brasileña, pocos años después de la caída del régimen fascista, el Estado novo, que él mismo había encabezado entre 1937 y 1945– fue en el año de la fundación del monopolio estatal de exploración y producción petrolera, 1953. A partir de entonces, el destino de la constructora privada se ligó estrechamente a la expansión de la empresa estatal, al grado que en la página oficial del grupo se habla del “inicio de una asociación”.

Si bien esa ha sido su asociación privilegiada, no ha sido el único campo de la obra pública en la que la constructora se desarrolló. Astilleros fluviales, puentes, universidades, aeropuertos… el principal cliente, desde luego, el Estado, ya sea el central o sus ramificaciones federales, pues para 1973, según dicen, ya tenía trabajos en todo el territorio brasileño, buena parte de ellos de infraestructura de promoción pública. Hacia 1980 controlaba la construcción de carreteras en el estado de São Paulo y se extendieron hacia la construcción de hidroeléctricas.

Después vino su expansión mundial. El socialismo angolano parece haber sido un campo fértil para los negocios de Odebrecht, pues en 1984 consiguió el jugoso contrato de la hidroeléctrica de Capanda en el país africano, una dictadura de corte estalinista desde su independencia de Portugal, hoy transformado en un negocio de la familia del presidente José Eduardo dos Santos. Después de Angola, llegaron Ecuador, Argentina, Colombia, Venezuela, Mozambique, Panamá, Guatemala, República Dominicana y México, además de Portugal y los Estados Unidos. Para 1985, el 30 por ciento de sus negocios ya se encontraban fuera de Brasil.

La historia de Odebrecht recuerda a la de la mexicana ICA y a la de otras empresas constructoras especializadas en ganar contratos de obras públicas. Aunque también trabajen para clientes privados, sus ventajas competitivas siempre se despliegan a la hora de la obtención de trabajos estatales. Sin duda, se trata de conglomerados con estrategias eficaces a la hora de ganar licitaciones, ya sea en concursos o en adjudicaciones directa. No en balde Odebrecht creó desde finales de la década de 1980 su “sector de relaciones estratégicas”, una división empresarial especializada en mejorar día a día la competitividad del consorcio a la hora de conseguir contratos estatales por el mundo.

Toda una historia de éxito, sin duda. Un modelo de negocios eficaz, que ha permitido una expansión sostenida durante más de siete décadas. Tenían que venir los malditos fiscales independientes de Brasil y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a desvelar el secreto industrial: repartos de sobornos y mordidas a altos funcionarios públicos de al menos doce de los países en los que han desplegado sus habilidades los ingenieros del consorcio brasileño.

Vaya sorpresa. Resulta que la historia de éxito no se basaba en la innovación empresarial estratégica, sino en el muy viejo y transitado camino de compra de favores y protecciones particulares en el mercado de los servicios estatales de países controlados por coaliciones estrechas de intereses especializadas en la captura de rentas para beneficio personal. Nada nuevo en la historia económica: hacer obra para quedarse con las sobras ha sido la consigna de los políticos mexicanos al menos desde el Porfiriato y forma parte de la trayectoria institucional compartida por todos los países señalados en la investigación de la justicia norteamericana, ya sean de origen hispánico o luso.

Las instituciones determinan el conjunto de incentivos de las sociedades; por lo tanto, modelan la racionalidad de los actores. Odebrecht no hizo otra cosa que actuar racionalmente dado el marco de reglas del juego de los países en los que actuaba. Ese es el tema central que debería ocupar la discusión hoy: la corrupción florece ahí donde las reglas del juego la hacen productiva para unos y para otros. No es un asunto meramente moral: es, sobre todo, un asunto institucional en el que se combinan las ansias de ganancia de empresas y agentes estatales. En los arreglos estatales de acceso limitado, como aquellos en los que floreció el negocio de la trasnacional brasileña, no se premia la innovación tecnológica, la buena gestión empresarial o la capacidad profesional de los ingenieros de una constructora, sino la habilidad para conseguir la protección política para los negocios. De empresas como Odebrecht estuvo plagado el crecimiento económico de la época clásica del régimen del PRI.

Para que haya políticos corruptos tienen que existir empresarios corruptores y viceversa, una relación social amparada por reglas del juego propicias. Si bien sería sano que se llevara a juicio a los implicados –siempre presumiendo su inocencia, pues son los acusadores los que deben probar la culpabilidad de los imputados– ello no basta para acabar con este exitoso modelo de negocios tan depredador. Lo relevante es desmontar el arreglo institucional a cuyo amparo se hacen este tipo de negocios: una política cerrada, con una burocracia clientelista, sin rendición de cuentas, sin autonomía de las fiscalías, sin autonomía judicial y con leyes aplicadas de manera diferenciada, de acuerdo a la capacidad de negociación de la desobediencia de cada cual. Mientras tanto, seguiremos viendo florecer a los especialistas en el capitalismo de complicidades.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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