Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).– El Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) alertó que el país enfrenta una creciente presión energética, debido a que cada vez resulta más difícil satisfacer las necesidades energéticas de la sociedad a partir de fuentes fósiles de energía, en particular con hidrocarburos.

En el informe “Renovando el futuro energético de México” refiere que tan sólo de 1971 a 2010, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) aumentaron 330%, según la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), por lo que urge a elaborar políticas públicas específicas para su transición energética a través del impulso al desarrollo de energías renovables.

“El reloj biológico y económico de México señala que ha llegado la hora para que se elaboran políticas específicas”, dice.

El reporte destaca que a pesar de que el pasado 12 de agosto, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó en su iniciativa energética reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permitir la apertura del sector energético a la inversión privada nacional y extranjera, existen algunos aspectos que no están contemplados, tales como:

1. No existe un plan de fomento de las energías renovables anclado a una política de desarrollo eco-eficiente que permita la transición energética del país hacia fuentes de energía más limpias.

2. No se contempla la creación de un Fondo Soberano que administre la renta petrolera en el largo plazo y que pueda ser parcialmente utilizado como fuente de financiamiento para la transición hacia fuentes de energía limpias.

3. No se permite la libre participación de los inversionistas privados en la expansión de la red de transmisión del sector eléctrico a pesar de que la generación bruta de electricidad a partir de energías renovables ha recaído en ellos.

4. No se permite tampoco la participación del sector privado en la comercialización de la electricidad.

5. No se permite que la definición de las tarifas eléctricas recaiga en la CRE y, en cambio, se mantiene a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto sigue sin otorgar transparencia a las mismas y desmotivará una inversión más vigorosa en generación bruta de electricidad a partir de energías renovables.

6. A pesar de que se contempla a la industria nuclear como un área estratégica cuya explotación reside de forma exclusiva en el Estado mexicano. El monto de inversión que se requiere para desarrollar una industria de energía nuclear que satisfaga al mismo tiempo la meta de generación bruta de electricidad a partir de energías limpias y la meta de mitigación de GEI, escapa a las posibilidades presupuestales de la actual administración. Por consiguiente, el Estado descarta –de forma innecesaria– una posibilidad para alcanzar sus metas de mitigación de GEI.

Pero también afirma el problema que enfrenta el país va más allá de valores morales intergeneracionales y de protección ambiental.

Los efectos negativos del cambio climático son palpables y desde el año 2000 han significado a nuestro país pérdidas calculadas en 285, 350 millones de pesos.  Además, detalla el informe, aproximadamente 1 de cada 5 mexicanos vive en municipios de alta vulnerabilidad a cambios climáticos.

De acuerdo con el CIDAD,  México puede aprender aún de las lecciones de desarrollo de energías renovables emprendidas por las industrias de otros países y destaca que establecer una política pública de acuerdo a las necesidades particulares del sector de energías renovables y a las ventajas comparativas de la industria nacional puede ser el detonador de una actividad productiva sustentable.

Sin embargo, esta expansión productiva requiere financiamiento que ahora mismo todavía percibe incertidumbre al respecto. De acuerdo al BM, las inversiones a 2026 pueden oscilar entre 9.7 mil y 39.9 mil millones de dólares para el periodo 2012-2026,86 lo que representa un mercado a considerarse para las instituciones financieras. El gobierno del Presidente Peña propuso la reforma financiera con el objetivo de incrementar el crédito a las actividades productivas en el país. La expansión de crédito a proyectos rentables de energías renovables podría enmarcarse dentro de tal esfuerzo.

LEGISLACIÓN A FAVOR DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

Por otra parte, la legislación vigente en México sobre energías renovables, en la que se estima como parte de la garantía del derecho fundamental que toda persona tiene a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, contenido en el artículo 4, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su fundamento está en la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de energía eléctrica, establecida en el artículo 73, fracción X, de la propia Constitución.

En esta base constitucional se sustenta el andamiaje jurídico para la promoción de la generación de energía con fuentes renovables, el cual se robusteció de forma importante con la reforma energética de 2008, y no obstante que “aún antes de dichas reformas, y sin un mandato legal explícito en la materia, la CRE había desarrollado ya un cuerpo regulatorio que permitió sentar las bases para el desarrollo de una nueva legislación”.

El marco regulatorio en México ha promovido –hasta cierto punto- el desarrollo de la industria de las energías renovables. No obstante, todavía existen barreras que entorpecen su completa adopción. El BM señala que un área de oportunidad importante radica en la eliminación de barreras burocráticas para la obtención de permisos de generación eléctrica y contratos de interconexión  sistema eléctrico nacional.

Adicionalmente, a pesar de que se conocen sus efectos nocivos al medio ambiente, todavía se privilegia el consumo de fuentes fósiles de energía a través de subsidios regresivos y perversos, lo cual impide una competencia en igualdad de condiciones entre fuentes fósiles y renovables.

Por último, el marco jurídico de protección al medio ambiente es insuficiente si no existe un sistema eficaz de monitoreo y sanciones. Tal esquema disuasivo es primordial en la expansión de una industria de energías renovables que puede poner presión sobre ciertos recursos naturales.

El marco jurídico para el desarrollo de las energías renovables comenzó a tomar forma en 1992 con la modificación a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) que permitió la participación del sector privado en la fase de generación eléctrica. En su artículo 3, la LSPEE establece que “No se considera de servicio público:

1. La generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña producción;

2. La generación de energía eléctrica que realicen los productores independientes para su venta a la Comisión Federal de Electricidad;

3. La generación de energía eléctrica para su exportación, derivada de cogeneración, producción independiente y pequeña producción;

4. La importación de energía eléctrica por parte de personas físicas o morales, destinada exclusivamente al abastecimiento para usos propios; y

5. La generación de energía eléctrica destinada a uso en emergencia derivadas de interrupciones en el servicio público de energía eléctrica.

RECOMENDACIONES

Para lo que el CIDAD elaboró cinco recomendaciones para que México pueda lograr una transición energética hacia una mayor inclusión de las energías renovables en su canasta energética que propicie una actividad productiva y desarrollo económico sustentable:

1. Delinear y ejecutar una política de impulso a las energías renovables que esté ligada a una política de innovación y aumento de productividad en la industria que, además de atender las necesidades específicas de cada tipo de tecnología, considere las ventajas comparativas de la industria nacional.

2. Promover una mayor difusión de los beneficios y costos de las energías renovables para: eliminar la asimetría existente entre potenciales usuarios y proveedores de las tecnologías; reducir la incertidumbre de los inversionistas respecto a la fiabilidad de las energías renovables; y, finalmente, promover el desarrollo de más productos financieros adecuados a las necesidades de cada proyecto.

3. Fortalecer el marco regulatorio del sector de energías renovables y, en especial, fortalecer a los órganos reguladores. En primer lugar, debido a que el área de oportunidad por excelencia del desarrollo de las energías renovables es la generación de electricidad, se tiene que dotar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de la facultad de determinar las tarifas del servicio público de energía eléctrica, de manera que se reflejen de manera fiel y transparente los costos de la red. En segundo lugar, en función de que algunas tecnologías renovables ponen presión en los recursos hídricos y en el uso de suelo de las zonas potenciales de los proyectos, se deben asignar atribuciones regulatorias fuertes a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

4. El esquema de temporadas abiertas tiene que ser modificado de tal manera que se establezca una figura que garantice la participación de las partes interesadas en el desarrollo de proyectos de creación de infraestructura para la transmisión de electricidad producida a partir de energías renovables y finalmente.

5. Los subsidios a fuentes fósiles de energía tienen que ser eliminados y los casos específicos focalizados, no sólo porque son regresivos y envían las señales inadecuadas a los consumidores de energía, sino también porque evitan la competencia en igualdad de condiciones entre las tecnologías fósiles y las renovables.