Pese a los más de 30 mil desaparecidos en México, la Cámara de Diputados no ha aprobado la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometida por Particulares, del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Familias desesperadas y expertos llama a darle luz verde aunque presente deficiencias– como una Comisión Nacional de Búsqueda no desconcentrada y sin presupuesto propio, la falta de asignación de responsabilidad de la cadena de mando en las desapariciones– ya que ven un primer avance para dejar de buscar a sus seres queridos a ciegas.

“Con esta Ley se podría hacer mucho por aclarar las desapariciones, que no son del crimen organizado como dicen. Estos delitos están impunes porque no quieren descubrir de dónde viene todo esto: que son la autoridad y nuestros servidores públicos los que los desaparecen”, asegura Manuel Cruz Domínguez, papá de José Manuel Cruz Pérez, desaparecido en Coatzacoalcos, Veracruz hace dos años.

Ciudad de México, 17 de septiembre(SinEmbargo).-La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometida por Particulares, del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, tiene lagunas, pero aún así sería un instrumento para buscar y dar seguimiento a las personas desaparecidas en el país, aseguraron familiares de víctimas y expertos a SinEmbargo.

Hasta el momento los padres y madres de personas desaparecidas en México buscan a sus seres queridos casi a ciegas: a expensas de que las fiscalías quieran trabajar y darle celeridad a los casos. Atados de manos ante el Ministerio Público, luchan, no sólo por encontrar a sus familiares, sino contra la corrupción y la impunidad.

Luego de instalar el penúltimo periodo ordinario de sesiones de la legislatura actual, los diputados tienen en la agenda discutir la Ley General en materia de Desaparición Forzada durante los últimos meses de este año.

Con la Ley– que ha estado en la congeladora de la Cámara de Diputados dos años y que ya fue revisada y discutida entre los familiares y los senadores de Congreso de la Unión– se abriría una ventana para frenar las malas prácticas de las autoridades al generar mecanismos más eficientes de búsqueda, dijo Pablo Reyna Esteves, director del Programa de Incidencia de la Universidad Iberoamericana.

“Con los avances que tiene se permite a las familias tener un cierto marco que les permita salir a buscar y seguir exigiendo que las autoridades respondan. Hay una posibilidad de buscar, generar avances para que en los distintos estados del país las víctimas y los colectivos puedan seguir presionando a su gobiernos, ministerios públicos y fiscales para que hagan el trabajo con la debida protección en la búsqueda de miles de personas que están desaparecidas”, dijo el investigador.

Pablo Reyna explicó que entre algunos de los puntos débiles que tiene la Ley está la Comisión Nacional de Búsqueda, pues no está planteada como un órgano desconcentrado y no cuenta con un patrimonio propio.

“Eso es una de las limitaciones. Tampoco está claro en el ámbito de la Ley el tema de la cadena de mando, la responsabilidad de las autoridades superiores. El tema de la omisión o colaboración en los procesos de desaparición y desaparición  forzada”, añadió.

Es decir la Ley no plantea la responsabilidad de miles de autoridades involucradas en la cadena de mando en la desaparición de personas perpetrada por distingas corporaciones policiacas.

“Es tal la crisis tan generalizada y sistemática en términos de desaparición forzada que estamos viviendo en México, que es imposible concebirla sin la anuencia, la colaboración de autoridades en todos los niveles de Gobierno. Por eso es importante que ese punto fuera eventualmente agregado. Sin embargo, es imperante, urgente que se apruebe ya como está”, precisó.

El 30 de agosto en el marco de del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y a una década de la aprobación por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, Jan Jarab, representante de la ONU-DH para México, pidió a los legisladores federales en las instalaciones de la Cámara de Diputados, discutir y aprobar la Ley.

“La Oficina del Alto Comisionado alienta a los diputados a aprobar la Ley en el próximo periodo de sesiones. Esto colocaría a los diputados en el lado correcto de la historia”, consideró.

A Jarab se le unió Esmeralda Arosemena, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para México, quien llamó a los legisladores a no esperar más y aprobar la legislación.

“Estoy aquí para levantar la voz, hacer un llamado a México y a toda la región sobre la deuda que tienen en esta materia. La desaparición forzada es un hecho terrible, cruel, algo que está ocurriendo y donde encontramos varios desafíos en el campo de la prevención; no debe haber ni un desaparecido, investigación y sanción”, pidió en un evento realizado por 40 colectivos de familiares de desaparecidos en San Lázaro.

La relatora precisó que la Ley representa “un brazo de acción” para las familias de los desaparecidos.

FUE EL ESTADO, NO EL CRIMEN ORGANIZADO

Los familiares de víctimas de desaparición forzada afirman que aunque las leyes no se cumplan por la impunidad que persiste en torno a los casos, es preferible tener un marco regulatorio a nada.

Es el caso de Manuel Cruz Domínguez, papá de José Manuel Cruz Pérez, desaparecido en Coatzacoalcos, Veracruz hace dos años.

“Queremos que se apruebe porque las autoridades no hacen nada. Desgraciadamente nuestros hijos fueron hoy, mañana no sabemos quién. Nosotros queremos la verdad, que nos digan qué pasó, porque ellos saben, el Estado fue quien se llevó a mi hijo, no el crimen organizado como ellos dicen. Fue levantamiento de las corporaciones de seguridad”, dijo en entrevista con este medio digital.

Manuel llevaba puesta una camiseta con la fotografía de su hijo de 27 años, la edad que tenía cuando se lo llevaron. Pegaba fotografías de José Manuel y recordaba que ha buscando al joven en baldíos, fosas, casas habitación y todo aquel lugar que personas anónimas le indiquen.

La búsqueda ha corrido por su cuenta, porque las autoridades encargadas de la investigación no han hecho nada.

“Con esta Ley se podría hacer mucho por aclarar las desapariciones, que no son del crimen organizado como dicen. Estos delitos están impunes porque no quieren descubrir de dónde viene todo esto: que son la autoridad y nuestros servidores públicos los que los desaparecen”, precisó.

Manuel explicó que a su hijo “lo levantó” el Gobierno a través de un operativo para “limpiar Coatzacoalcos”.

“Mi hijo estaba en el lugar equivocado. Ya basta que nos tiren de a locos, que nos vean como delincuentes, cuando no lo somos. Y aunque nuestros hijos lo fueran, nada debe estar por encima de las leyes. Aunque sabemos que hay impunidad en las leyes, porque las leyes existen para el que tiene poder y dinero, para nosotros no existen, queremos que esta Ley se apruebe”, exigió.

Araceli González Fonseca, mamá de José Carlos Mejía González desaparecido el 7 de junio de 2013 en El Fortín de la Flores, Veracruz, afirmó en entrevista que a su hijo se lo llevaron elementos de la policía estatal y desde ese día desconoce su paradero.

“Mi hijo estaba sentado en un parque, discutió con otra persona, llegó la policía y se los llevó a los dos. Desde entonces lo buscamos sin resultados, sin datos de que estuvo detenido en ninguna corporación. A mi hijo lo desaparecen sin dejar rastro, ni una pista”, indicó.

Araceli apoya la aprobación de la Ley General en materia de desaparición para tener un seguimiento confiable de la investigación y búsqueda de su hijo.

“Que no se quede así como desaparecidos ante la indolencia de la autoridad. Porque eso es lo que enfrentamos las familias: la indolencia de las autoridades”, dijo.

Virginia Peña Zamudio coincide con Araceli. La mujer que no ha dejado de llorar por Rosendo Vázquez Peña, su hijo de 22 años que desapareció en 2015 en Veracruz, anda en las caravanas de familiares de desaparecidos para lograr que le entreguen cuando menos los restos del joven.

Rosendo, dijo, tendría 24 años ahora y dejó a su esposa con un bebé recién nacido cuando no se supo más de él.

“Lo de mi hijo fue desaparición forzada, se lo llevaron con dos personas más, ya va para dos años y no sabemos nada. Ahorita le pido a Dios que la Ley se apruebe, que nos ayuden y me lo entreguen, ya no digo vivo, cuando menos sus restos”, rogó.