El gobierno de Andalucía otorgó el contrato de explotación y reapertura de la mina a la firma andaluza Magtel, que estaba asociada con la multinacional mexicana, sin “el más mínimo rigor” y con “muchas irregularidades”, de acuerdo con documentos.
Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo/EconomíaHoy).– La minera Grupo México en asociación con la española Magtel explotará, finalmente, la mina de Aznalcóllar en Sevilla, España. Después de seis meses, el gigante mexicano consiguió ganar la batalla en los tribunales para ser adjudicataria de la explotación de la mina Aznalcóllar en la que ya se habían comprometido 300 millones de euros.
Su directa competidora, Emérita Resources, acusó a la minera de Germán Larrea –uno de los mexicanos más multimillonarios– por fraude en el proceso, ya que la licitación no se realizó conforme a derecho. Después de la denuncia, la jueza que revisó el caso afirmó que ese concurso se resolvió “sin observar el más mínimo rigor” administrativo y legal.
En concreto, Grupo México habría pagado 1.2 millones de euros (20 mil 98 millones de pesos) a Magtel, investigado por tráfico de influencias con la Junta de Andalucía, por “sus servicios en el concurso de adjudicación de la mina de Aználcollar” que le fue adjudicada por la Junta de Andalucía, proceso que posteriormente se paralizó por las sospechas de amaño.
Según consta en la documentación en manos del juzgado de instrucción número tres de Sevilla recogida hace varios meses por el diario El Mundo, el gobierno que preside Susana Díaz otorgó el contrato de explotación y reapertura de la mina a la firma andaluza, que estaba asociada con la multinacional mexicana, sin “el más mínimo rigor” y con “muchas irregularidades”. El trato de favor que presuntamente le dio el Gobierno andaluz a Magtel sería en realidad una intermediación a favor de Grupo México por el que la compañía minera habría pagado, recoge el diario español citando fuentes del juzgado.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) emitió un informe en el que no sólo explicaba lo que advirtió la jueza, sino que observaba que la decisión de la Junta de Andalucía había favorecido a la empresa Minorbis, propiedad de Grupo México, perjudicando al grupo inversor canadiense Emérita que competía en la adjudicación.
Según la policía española, el proyecto de Emérita Resources suponía una inversión de 641 millones de euros frente a los 304 millones de Minorbis, pese a lo cual la segunda ganó el concurso con 75.9 puntos sobre 73.6 de la canadiense.
En el auto con el que la Jueza Patricia Fernández archivó la causa aparece que durante el proceso no existió delito alguno de prevaricación (aunque no se descarta que hubieran existido irregularidades), sólo afirma que no existen pruebas suficientes para sostener los delitos contra más de veinte funcionarios y altos cargos de la Junta de Andalucía que podrían estar implicados en el caso.
Además de afirmar en el documento “cuando a pesar de la posible apariencia delictiva inicial de los hechos que se imputan, de la instrucción no resulte ningún elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad, el sentido común exige que se ponga término de forma inmediata a la investigación penal”, determinaba la jueza y dejaba la puerta abierta a que se siga la pugna a través de lo contencioso administrativo.
A mediados de mayo, el gobierno de Andalucía paralizó temporalmente el proyecto en la mina de cobre, zinc y plomo con reservas estimadas de 35 millones de toneladas. El diario Reforma dijo el lunes que tras la presentación de pruebas se falló a favor de Grupo México y se autorizó el acceso a la mina para iniciar la exploración. La Junta de Andalucía reabrió la mina dos días antes de conocerse la decisión de la jueza para entregársela a la concesionaria.
La minera informó que la concesión es por la exploración y explotación por 30 años y que el proyecto tendrá una inversión de 300 millones de euros e iniciará producción comercial en 2018.
MAGETL APLAUDE LA RESOLUCIÓN
En un comunicado, la socia de Grupo México, Magtel, expresó su satisfacción tras la resolución:
“Se reitera su compromiso de cumplimiento exhaustivo de la Ley en todas sus actuaciones y su plena confianza en la Justicia y en las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado manifestada desde el comienzo de este proceso judicial, iniciado por la denuncia, que ahora se acredita infundada, de un competidor frustrado en sus intereses y expectativas”, dijo la empresa.
Por su lado, el gobierno del Partido Socialista (PSOE), que gobierna en la región de Andalucía en España, emprendió una campaña de comunicación e información sobre las ventajas de la reapertura de la mina.
“Desde el principio la reapertura de la mina de Aznalcóllar, cerrada después del conocido desastre medioambiental de 1998, puede generar unos mil 300 puestos de empleos en Aznalcóllar y su comarca, una zona con más paro que la media del resto de la provincia”, dijo Verónica Sánchez, Secretaria General del PSOE de Sevilla.
