Como en el “moreirazo”, fue una calificadora de riesgo la que reveló la verdad: En 2009, el Alcalde panista Jorge Lozano Armengol dejó una deuda de 223 millones de pesos al municipio de San Luis Potosí; para 2012, con la priista Victoria Labastida Aguirre, ya se debían mil 289 millones de pesos: 777.6 millones de pesos de pasivos no bancarios y 511.4 millones de pesos de créditos con bancos. Pero a pesar de las amenazas de que sería llevada a juicio, la ex Presidenta municipal ni siquiera ha sido demandada y goza de plena libertad…

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San Luis Potosí, 17 de diciembre (SinEmbargo).– Para la Alcaldesa Victoria Labastida Aguirre era una apuesta casi imposible de ganar el cobro de créditos a Teléfonos de México (Telmex). Pero era su única alternativa para dejar aparentemente “saneadas” las finanzas municipales, después de una administración observada por la Auditoría Superior como de gastos inexplicables, sospechosos.

La empresa telefónica de Carlos Slim Helú impugnó las intenciones de cobro del gobierno local y presentó una demanda penal en contra del Tesorero de la administración de Labastida, Agustín Soberón Álvarez, quien ordenó incautar algunos vehículos a la poderosa empresa.

De acuerdo con distintos testimonios, Soberón le vendió a su jefa “la idea de obtener recursos con el cobro a Telmex”. Así lo dicen dos ex regidores que formaron parte del cabildo de Labastida: Miguel Naya Guerrero y Gonzalo Benavente González.

La “fórmula” irresponsable (como resultó ser al final) para “sanear” las finanzas no venía sola. El creador de la “solución” arrastraba desde el pasado serios cuestionamientos de corrupción, y aún así tuvo en su poder la tesorería del gobierno.

Los ex regidores Naya Guerrero y Benavente recuerdan cuando, al asumir el cargo en octubre de 2009, Labastida les informó que Soberón ocuparía la Tesorería. Ellos se sorprendieron. Sus antecedentes lo hacían impresentable.

Soberón había sido señalado por malos manejos durante el gobierno estatal de Fernando Silva Nieto. Aún así, cuando la Alcaldesa recibió las primeras quejas por incluir su nombre, lo defendió y dijo que merecía “otra oportunidad”.

Ese, según políticos del PRI y del PAN, es uno de los rasgos personales de Labastida: la defensa a tablaraja de sus colaboradores… que, junto con ella, ahora están en el ojo del huracán por la deuda y los señalamientos de presunta corrupción.

Hoy, ese endeudamiento tiene un impacto negativo en la administración de Mario García, sucesor de Labastida en la Presidencia Municipal de la capital potosina. Ambos pertenecen al mismo partido: el Revolucionario Institucional.

En un oficio elaborado por la propia Contraloría municipal, encabezada por María del Carmen Aranda Manteca y dirigida al auditor del estado, Héctor Mayorga, con fecha 29 de noviembre, se desglosa que el endeudamiento es incluso mayor al contemplado durante la primera semana del actual gobierno.

De acuerdo con el documento, la deuda era de 781 millones 881 mil 487 pesos, de la cual 418 millones eran con bancos. El verdadero monto de la deuda, superior, lo revelaría después la calificadora Fitch & Ratings. Pero aún esa cantidad era mucho para lo reconocido por la ex Alcaldesa. Una misma falta de transparencia que fue ejercida, en su momento, por Humberto Moreira.

“Lo anterior ha generado a la presente Administración Municipal diversos impactos negativos, entre ellos el pago de excesivos intereses, baja en la calificación que otorgan las instituciones financieras y el hecho de que los ingresos que se obtengan en esta nueva administración, gran parte, tendrán que destinarse al pago de pasivos generados por la administración anterior con el consecuente daño o perjuicio en la Hacienda Pública Municipal, lo que frenará el establecimiento de metas más ambiciosas dentro de los Programas Municipales de Desarrollo en beneficio de la ciudadanía potosina”, dice el oficio de la Contraloría.

Al hacer del conocimiento de la ASE, el órgano de control interno advirtió de conductas de ex funcionarios pertenecientes a la administración municipal que pudieran ser constitutivas de presunta responsabilidad, entre las cuales estaban las siguientes:

• Presunta irresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos que trajo como consecuencia un sobreejercicio del gasto que no se encontraba presupuestado.

• Incumplimiento del Artículo 13 de la Ley de Deuda Pública del estado y municipios de San Luis Potosí que establece la obligación de presentar al Congreso, previa autorización de las dos terceras partes de su cabildo, las solicitudes de autorización de endeudamiento que excedan su periodo constitucional.

• Afectación negativa en la liquidez de pago que efectúan las calificadoras reconocidas por las diversas instituciones financieras en México.

“Presuntamente no se repuso el monto del que se dispuso, correspondiente a los fondos de obras, acciones y programas denominados Fopaved, Subsemun, Puro Potosino, Ramo 33  y Ramo 20 ya que estos recursos federales destinados a programas específicos supuestamente no llegaron a la población objetiva pues se utilizaron aparentemente para fines no autorizados”, agrega el oficio.

El monto por el desvío de recurso federales sería de 102 millones 786 mil 508 pesos.

¿A dónde fue a dar ese dinero? Nadie lo sabe, a ciencia cierta.

SILENCIO O COMPLICIDAD

Los regidores panistas Nadya Rangel y Oliver Meade recuerdan que al inicio de la actual administración sí hubo muestras de inconformidad contra el desastre financiero dejado por Victoria Labastida Aguirre.

Pero desde finales del año pasado, dicen, lo que ha predominado es “el silencio oficial sobre el tema”, lo que orilló a que el 12 de agosto los regidores del PAN pidieran a la síndico Paulina Castelo Campos informar qué acciones se habían tomado ante la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, las procuradurías General de Justicia del Estado de San Luis Potosí y General de la República en relación a la desviación de recursos federales correspondientes a obras, acciones y programas denominados Fopaved, Subsemun, Puro Potosino, Ramo 33 y Ramo 29, que fue informada a la Auditoría estatal el 29 de noviembre de 2013.

Castelo Campos respondió el 12 de septiembre de este año mediante el oficio S.S. 639/2013.

“A la fecha no ha sido recepcionada oficialmente por parte de esta sindicatura la información y documentación necesaria para que, en su caso, y tras realizar el análisis correspondiente, se proceda conforme a derecho y en el marco de las facultades legales conferidas a la suscrita”. Y explicaba que hasta contar con los elementos legales requeridos, la Sindicatura actuaría en los mismos términos.

En pocas palabras: que no había documentación para actuar contra la ex Alcaldesa y tratar de aclarar a dónde se habían ido millones de pesos de los potosinos.

La regidora Nadya Rangel, entrevistada por SinEmbargo, recuerda que cuando recibieron esa respuesta se sorprendieron. Cuestionaron a Castelo Campos, y le remitieron la carta enviada por Aranda Manteca, al auditor, como prueba de que sí había documentación para proceder conforme a derecho.

El hoyo financiero dejado por la ex Alcaldesa, mientras tanto, tuvo que ser enfrentado… con más deuda. Al inicio de la gestión de Mario García, las autoridades debieron solicitar un préstamo bancario para pagar otro préstamo bancario.

Hasta el servicio de basura, que la ex Alcaldesa había privatizado en su administración, se interrumpió unos días por falta de pago.

En términos de opinión pública, Labastida Aguirre ha padecido un rechazo creciente. En septiembre, un encuesta realizada por Mitofsky señaló que 84 por ciento de la población mostraba desacuerdo por la forma en que gobernó, y 81 por ciento consideraba que hubo una actitud delictuosa.

Otro 77 por ciento consideró que ella era culpable de desvíos y abusos.

Sin embargo, hasta la fecha ningún funcionario ha sido sancionado y el caso ha sido simplemente dilatado con medidas como la de Castelo Campos: argumentar que no se tiene información suficiente para emprender acciones judiciales contra la ex Alcaldesa y su equipo.

La administración municipal se ha quejado, pero no ha impulsado acciones legales.

Los actuales regidores del PRI, sin embargo, si ha tomado una participación activa para ocultar incluso el seguimiento ciudadano del caso. A mediados del año, los regidores del PAN pidieron que fueran citados funcionarios y ex funcionarios para que rindieran, de cara a la sociedad, su declaración. Pero los priistas mayoritearon, es decir, usaron su mayoría en el Cabildo para oponerse a la demanda de transparencia.

El ex Regidor panista Gonzalo Benavente dice, como otros políticos (incluso del PRI), que Victoria Labastida Aguirre tiene un “padrino de alto nivel”. Y ése sería Miguel Ángel Osorio Chong.

Pero Benavente va más lejos: dice que posiblemente esa inacción intenta ocultar que parte de los recursos “perdidos” fueron usados para la campaña presidencial del PRI en el 2012. “Sólo así se explica que el caso esté congelado”, dice.

Algo similar se dice de los recursos “extraviados” en Coahuila: que fueron usados en la campaña que llevó a Los Pinos al primer priista del país, Enrique Peña Nieto.

En febrero, la Auditoría Superior podría presentar una denuncia contra quien resulte responsable en caso de que no se expliquen las observaciones.

Los indicios apuntan a que nadie explicará nada.

Pero tampoco queda claro si algún ex funcionario pagará por el desastre.

***

El 25 de enero de 2012, Victoria Labastida Aguirre solicitó licencia al Cabildo para contender junto con el ex Gobernador Teófilo Torres Corzo como candidata del PRI al Senado de la República. El permiso fue aprobado y Miguel Ávalos Oyervides quedó como Presidente Municipal interino.

Sin embargo, en marzo, el activista Rafael Aguilar Fuentes le hizo de agua sus aspiraciones: presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito y obligó a la Alcaldesa a regresar a su cargo.

Pero Labastida no quiso ceder: 24 horas después de regresar solicitó otra vez licencia… y el PRI se la dio con 13 votos a favor, dos en contra y una abstención. La Presidenta municipal consiguió licencia por segunda ocasión. 

Aguilar Fuentes intentó frenarla otra vez pero no tuvo éxito y en junio, luego de cuatro meses de campaña, el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito dejó sin efecto las impugnaciones presentadas por el activista sobre la licencia concedida por el cabildo a Labastida Aguirre.

El ambiente, sin embargo, se fue descomponiendo como efecto directo de sus acciones. La organización Acción Ciudadana presentó una demanda de juicio político en contra de la Alcaldesa al “incurrir en diversas violaciones a la ley por permitir la operación de Aguas del Poniente y con ello, dejar de lado su obligación de prestar el servicio de agua potable, drenaje y saneamiento en las colonias en donde opera esa empresa”.

Los demandantes le reclamaban beneficiar a una empresa por encima del interés público. Y en marzo de 2012, desoídos, los demandantes recurrieron a un juicio de amparo.

Ese mismo mes, para coronar una jornada de escándalo tras escándalos, una camioneta con propaganda de  Labastida arrolló a una motociclista que debió ser hospitalizada. Los testigos del accidente dijeron que los tripulantes del vehículo tenían aliento alcohólico y otra camioneta que pertenecía al convoy se dio a la fuga.

A su propia negligencia le siguió el fracaso político. Labastida perdió las elecciones al Senado y fracasó en su intento por acomodar a su gente cercana en otras candidaturas. Tuvo que aliarse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para que el PRI retuviera la alcaldía potosina tras su fracasada administración. Mario García Valdez  consiguió apenas 43.17% de los votos, frente al 41% del candidato de la alianza PAN-PANAL, Alejandro Zapata Perogordo.

Consciente del desastre provocado por la prepotencia, el desdén por los ciudadanos y el manejo cuestionable de las finanzas, en Alcalde electo advirtió:

“Es una premisa fundamental, no podemos dejar pasar las fallas y problemas. Es algo que he señalado e incluso lo he expresado con todo respeto: cualquier cosa que no esté dentro del marco de la ley se actuara en consecuencia, porque el propio municipio tiene sus instancias para investigar y actuar conforme a derecho porque existe una Controlaría, Asuntos Jurídicos y Sindicatura”.

A finales de noviembre del 2012, el nuevo Alcalde llevó ante la Auditoría Superior a Labastida y a otros ex funcionarios por la deuda pública, contraída sin autorización del Congreso del Estado. También empezó la investigación por el desvío de recursos municipales, estatales y federales.

La calificadora Fitch & Ratings, como lo había hecho con el Gobernador priista Humberto Moreira en Coahuila, elevó las alertas y puso los números en claro:

La deuda que dejó el panista Jorge Lozano Armengol en 2009 alcanzaba los 223 millones de pesos. Victoria Labastida Aguirre la elevó a mil 289 millones de pesos: 777.6 millones de pesos de pasivos no bancarios y 511.4 millones de pesos de créditos con bancos.

Labastida Aguirre además incrementó a lo largo de su período de administración la nómina municipal. En 2010, el primero de gobierno de la priista, fueron presupuestados para este fin 600 millones, 515 mil 754 pesos; al año siguiente, el concepto de remuneraciones a personal creció a 688 millones 450 mil pesos, y en 2012 la cifra alcanzó los 713 millones 531 mil 492 pesos, 15.8% más que durante el primer año de gestión de la priista.

El nuevo Alcalde  no fue el único priista en desmarcarse de Labastida. A finales de enero de este año, Rosa María Huerta Valdez, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de San Luis Potosí, aseguró que cada quien debe ser responsable de sus actos y que el PRI no solaparía a la ex Alcaldesa. “Nos afectaría más si tapáramos corruptelas, lo que definitivamente no haremos”, dijo.

En noviembre de 2012, una nota del diario Pulso evidenció que la ex Alcaldesa y algunos de sus colaboradores más cercanos contaban con tarjetas corporativas de Banorte, con las cuales pagaron cuentas de miles de pesos en restaurantes, bares y hoteles en todo el mundo. Además, denunció que la administración de la ex Alcaldesa autorizó la construcción de 14 tiendas del Grupo Walmart que no contaban con permisos oficiales.

Posteriormente se supo que la Alcaldesa gastó 7 millones 192 mil 654 pesos para liquidar a 123 funcionarios de su administración de Labastida.

Ella recibió 60 mil 645 pesos como liquidación, pero Emigdio Ilizaliturri, su ex secretario general, fue liquidado con 115 mil 125 pesos; Patricia Juárez Segura, ex coordinadora Administrativa de la Oficialía Mayor, recibió 295 mil pesos.

Pero aún con las amenazas de los priistas, las demandas panistas y el reclamo de las autoridades de transparencia y rendición de cuentas, en los hechos Victoria Labastida Aguirre no ha sido demandada y lleva una vida normal.

Se defiende por medio de abogados, no ha comparecido ni una vez en público y, para concluir, ni siquiera ha sido demandada ante las autoridades judiciales.

La Procuraduría General de la República (PGR), como con el caso Moreira, no ha abierto una sola averiguación hasta el día de hoy.