Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).– Las instituciones encargadas de las finanzas estatales y municipales, como las Auditorías y Tesorerías locales, necesitan tener mayor injerencia sobre los compromisos financieros de esos gobiernos ya que el Congreso, aunque funcione como vigilante, no controla ni limita el sobreendeudamiento de algunas entidades consideraron expertos en la materia, quienes además advirtieron que los órganos fiscalizadores tampoco pueden salvaguardar que los recursos federales se utilicen para fines productivos.

El lunes por la noche, los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), apoyados por los de Acción Nacional (PAN), los de la Revolución Democrática (PRD) y los del Verde Ecologista de México (PVEM), aprobaron con 85 votos a favor y tres en contra, una reforma en materia de endeudamiento de estados y municipios que exime a los ex gobernadores de rendir cuentas sobre el endeudamiento heredado a la sociedad, por lo que los ciudadanos de todo el país serán los directamente responsables de pagar los 489 mil 693.4 millones de pesos que, hasta el cierre de junio pasado, sumaba la deuda de estados y municipios, de acuerdo con los datos más recientes publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El endeudamiento de los gobiernos locales creció 1.4 por ciento respecto al saldo del cierre de 2013 (482 mil 807.2 millones de pesos), y 10.5 por ciento en relación a junio del año pasado (443 mil 38.9 millones de pesos).

Esto significa que las obligaciones financieras de los estados y los municipios del país representaron 3.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal, porcentaje ligeramente menor al 3.1 por ciento que se reportó en diciembre de 2013, pero superior al 2.8 por ciento de junio del año previo.

De caminar la reforma constitucional, se modificaría el artículo 73 fracción octava que contiene un candado para limitar la contratación de deuda pública: “Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos”, en otras palabras se autoriza a los Ejecutivos a contratar deuda sólo para proyectos de inversión.

La reforma avalada en el Senado de la República agrega cuatro párrafos a esa fracción octava, en donde abre el catálogo a lo que contenga la “ley en la materia”.

Además, establece la creación de una comisión bicameral que “analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los Estados”.

Y que además “emitirá las observaciones  que estime pertinentes en un plazo máximo de 15 días hábiles, inclusive durante los periodos de receso del Congreso de la Unión. Lo anterior aplicará en el caso de los Estados  que tengan niveles elevados de deuda”.

En materia de deuda, en el Congreso también se promovió la creación de un Sistema de Alertas, la supervisión de la deuda desde una Comisión Bicamaral y las observaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Sin embargo, dichas observaciones que se emitan a partir de esta nueva facultad de los organismos no será vinculante, ni promoverá la sanción de los estados, por lo cual se ha calificado como una reforma “sin dientes y de mera opinión”.

Durante otra discusióm sobre el tema, realizada el fin de semana, el Senador del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Fernando Salazar Fernández afirmó que esta nueva facultad concedida al Congreso para legislar en materia de endeudamiento de estados y municipios, “no resulta suficiente”, pues era necesario que no sólo se objetara, sino que también sancionara a los estados.

Por su parte, el Senador del PAN, José María Martínez Martínez dijo que esta es la Comisión Bicamaral es una figura “sin dientes y de mera opinión, pues no contiene lo que se ha planteado por algunos de nosotros, con motivo del endeudamiento”.

INSTITUCIONES DÉBILES

En este sentido, también académicos y especialistas en políticas públicas consideraron que uno de los problemas fundamentales del endeudamiento estatal y municipal, no radica en los controles que se establezcan a partir del Congreso de la Unión, sino la debilidad de las instituciones que se encargan de manejar las finanzas públicas.

Por lo que se insistieron en la promoción de instituciones fuertes que hagan un contrapeso entre el poder ejecutivo estatales federales y pensar menos sobre candados desde el centro del país.

César Velázquez Guadarrama, académico del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, afirmó que a pesar de que la deuda estatal y municipal no representa un gran problema, “esto no quiere decir que no le pongamos atención, sobre todo porque en los últimos cuatro años ha aumentado considerablemente”.

No obstante, “implementar más controles de un gobierno central o del Congreso de la Unión no va a resolver los problemas. La solución está en que se fortalezcan las instituciones políticas, de rendición de cuentas y de transparencia en los estados”.

Por su parte, José Luis de la Cruz Gallegos, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), consideró que se debe de trabajar en las instituciones porque al final del día, la calificacióm del manejo de la deuda se hace a nivel estatal, entonces, fortalecer sus facultades es correcto, pero esto mucho va a depender de los gobiernos estatales”.

Ambos especialistas coincidieron en que resulta necesario diseñar mecanismos que permitan el desarrollo institucional de estados y municipios, para que exista un mayor contrapeso en los estados, promoviendo acciones que beneficien mucho más que la imposición de candados y más reglas para la contratación de deuda.

Lo que también podría ayudar es que el nuevo sistema anticorrupción, o las nuevas facultades del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) sí tengan injerencia en el gasto público, de los estados y municipios en determinados momentos. “No estoy diciendo que de vulnere la soberanía de los estados pero sí puede ayudar que haya una mejor rendición de cuentas”, agregó Guadarrama Velázquez.

EL BUEN USO DEL RECURSO

Los cambios constitucionales en materia de deuda fueron que tanto entidades federativas como municipios puedan contratarla a tasas elevadas o destinar dicho déficit al gasto corriente. Además de definir los términos de su contratación y el destino de los recursos, los cuales únicamente deberán de ser para inversión productiva.

Velázquez Guadarrama dijo que “el problema de la deuda pública es que en algunos casos ya se volvió un problema de finanzas públicas”. Sin embargo, “lo que nos debería de preocupar más es que el gasto público se ejerza de una manera transparente, eficaz y en acciones que tengan un impacto económico y social. No es que se endeude, sino en qué se utilizan estos recursos”.

“Uno se debe de fijar muchísimo en el gasto público, que se ejerza de una manera correcta, es aquí donde a lo mejor más que decidir si un estado pueda contratar más deuda, más que el Congreso se meta en estos temas, daría una mayor ayuda las instituciones federales que vigilen el gasto público”, agregó.

De igual manera se ordenó a la Cámara de Diputados y Senadores crear leyes que fomenten el Registro Público Único de las deudas, responsabilizando a los servidores públicos por el manejo de recursos.

Ante esto, el académico de la Ibero dijo que “en la historia de este país, hay muchos ejemplos de trámites que los estados tienen que cumplir para enviar al gobierno federal, trámites que sólo han servido para que los burócratas tengan algo que hacer, pero no es algo que haya beneficiado a una mayor eficiencia de gasto estatal”, afirmó.

Se planteó que el Congreso también tenga facultades para aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos.

Sin embargo, acerca de esto, José Luis de la Cruz dijo que “en el extremo al no tener que pasar por la aprobación del Congreso de la Unión, en algún momento dado, el estado podría faltar y seguirse endeudando”.

”El punto aquí es que al final del día, en cuanto a transferencia de recursos a los estados, pues se podría platicar entre Congreso y gobiernos locales y Federación, si están justificadas las transferencias que recibe de la Federación, esa simple transparencia llevaría a que los gobiernos estatales fueran más cuidadosos en el manejo de la deuda, no les convendría que se supiera que hacen mal uso de los recursos”, concluyó.