Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).– Un grupo de padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, estudiantes de Ayotzinapa y abogados, aseguraron que el diálogo con el gobierno federal y con las autoridades está cerrado, debido a que no hay interés en resolver el caso.
“Nos da mucho coraje que tenemos un Presidente [Enrique Peña Nieto] insensible al dolor de los padres de familia de Ayotzinapa, un Presidente que ni siquiera una llamada ha hecho al padre de Alexander [Mora Venancio]”, dijo Felipe de la Cruz, uno de los padres de los estudiante de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos al referirse a la actuación de Enrique Peña Nieto en torno a la desaparición de jóvenes.
Felipe de la Cruz planteó que el diálogo con el gobierno federal y con las autoridades locales está completamente cerrado, en medio de un clima de represión y criminalización.
“Lo que quieren es que pase el tiempo y que se olvide, pero mientras nosotros sigamos exigiendo el derecho a la justicia y que todos los involucrados den cuentas claras, no descansaremos hasta lograr justicia”, agregó.
El padre de familia y otros familiares denunciaron una campaña de desprestigio en Guerrero impulsada a través de los medios de comunicación locales.
Los padres –aseguró– son presentados como los culpables de lo sucedido el domingo pasado por la prensa local, cuando fuerzas del Estado agredieron a los familiares y estudiantes de Ayotzinapa que se manifestaban en Chilpancingo en El Caballito.
El padre de familia aseguró que a pesar de las intimidaciones, seguirán en la lucha y búsqueda de sus hijos.
“Si nosotros no tenemos Navidad ellos tampoco, si nosotros no tenemos Año Nuevo, ellos tampoco; vamos a seguir a pesar de todas las amenazas y las intimidaciones”, mencionó.
Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y quien lleva el caso de los desaparecidos, dijo que durante los últimos días la criminalización y persecución por parte del Estado a las organizaciones que colaboran en el caso y a familiares se endureció.
“Tienen el objetivo de criminalizar a todos los colectivos que se solidarizan, han dicho que los compañeros pertenecen a Los Rojos [un grupo delictivo de Guerrero] y eso es falso, no hay pruebas ni elementos para establecer esa hipótesis”, agregó.
Vidulfo también lamentó la represión de Chilpancingo la madrugada del domingo pasado y pidió que cesen los ataques en contra de los familiares.
El abogado recordó el fichaje de los integrantes de Tlachinollan por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) donde se les vincula con grupos guerrilleros.
Mario César González, otro de los padres de familia, indicó que los familiares continuarán con las manifestaciones en Guerrero todos los días hasta que el Estado mexicano les entregue vivos a sus hijos.
No es la primera vez que se pone sobre la mesa la seguridad de los familiares. La semana pasada Javier Hernández Valencia, representante de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, advirtió que los padres de los 43 estudiantes que desaparecieron después de que fueron atacados por la Policía de Iguala están en riesgo por una campaña que intenta demonizar a sus hijos desaparecidos.
En una entrevista con The Guardian, Hernández Valencia manifestó que los padres –y los manifestantes que piden justicia– necesitan protección en medio de una campaña que intenta denigrar a los normalistas que desaparecieron hace más de 10 semanas.
“Algunos están empezando a difamar e insultar a los estudiantes desaparecidos, y a demonizar a sus padres y sus demandas”, alertó Hernández en una conversación con el corresponsal, Jo Tuckman. “La gran ola de protesta generada por el caso de los 43 estudiantes necesita ser protegida”, continuó.
Rafael López Catarino, padre de Julio César, afirmó que los papás de los 43 jóvenes sí se sienten amenazados, y detalló que hay civiles a bordo de autos compactos que les toman fotografías.
“Al gobierno no le conviene que hagamos marchas, que levantemos al pueblo, vemos que pasan los coches y nos toman fotos, yo les digo a los familiares que no salgan y si salen, que no salgan solos, que no dejen sola su casa, porque no sabemos, este gobierno que es tan cochino, que nos pueda hacer. A veces tenemos miedo que nos tire algo en los carros”, dijo.
PIDEN QUE SE INVESTIGUE AL EJÉRCITO
Los padres de los normalistas consideraron que la Procuraduría General de la República (PGR) debe abrir una línea de investigación sobre la participación del Ejército mexicano en los hechos del 26 de septiembre en Iguala.
Aseguraron que los estudiantes que sobrevivieron al ataque reconocen la participación de elementos del Ejército.
“Desde un principio lo plantearon los estudiantes, nosotros lo plantamos en el Senado, que al Ejército lo están protegiendo. Ellos han participado en retenes y en la negligencia para atender el estado de salud de Edgar Andrés esa noche”, dijo Felipe de la Cruz.
Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), recordó que el Ejército era la autoridad federal permanente en Iguala.
“Que sin lugar a dudas tenía información de lo que estaba pasando y, ¿qué pasó? Los vínculos entre los Guerreros Unidos y el gobierno no estaban sólo en [José Luis] Abarca, seríamos muy ingenuos en creer eso, sin lugar a dudas estos vínculos van más allá”, dijo.
