Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).– Integrantes de la Tribu Yaqui acusaron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de actuar “como un vulgar delincuente particular”, al cerrar sus oficinas administrativas “para no ser notificados oficialmente y no cumplir con la Ley Nacional de Agua y el ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.
La Suprema Corte ordenó en 2013 a la Conagua revisar los títulos de asignación de aguas nacionales otorgados a favor del gobierno del estado de Sonora durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa para la operación del Acueducto Independencia, obligando a la dependencia a determinar si dichos títulos fueron expedidos en contravención con los términos y condiciones que exige la ley.
El pasado 9 de diciembre, de acuerdo con un comunicado del Movimiento Ciudadano por el Agua, la dependencia federal eludió su responsabilidad de cumplir con lo ordenado por la SCJN con el argumento de que, debido a las variables hidroclimáticas, no era factible determinar con certeza si existe o no afectación a los derechos de los productores del Valle del Yaqui.
La Tribu Yaqui denunció, mediante un posicionamiento difundido en días recientes que el Estado mexicano ha violado sus derechos y garantías además de alejarse del debido proceso al apoyar “actos ilegales y violatorios al Estado de Derecho y ordenamientos judiciales”.
“Aunado a esto se ha torcido la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a no dar cabal cumplimiento de la sentencia de ser consultado nuestro pueblo y así otorgar o no el consentimiento de esa obra que opera ilegalmente, al no contar con el manifiesto de impacto ambiental, además los derechos de agua adquiridos ilegalmente por el gobierno del estado de Sonora están en cuestión, por estar vencidos (caducos) al momento de ser adquiridos”, refirió la comunidad en el documento.
La Suprema Corte determinó en agosto de 2013 que el gobierno del estado de Sonora debía suspender la operación del Acueducto Independencia si se determinaba que la obra causaba un “daño irreparable” a la comunidad indígena yaqui.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución que aclaró una sentencia que había emitido el 8 de mayo en la que ratificó el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre obras que afecten sus recursos.
La sentencia de mayo confirmó el fallo de un tribunal en Sonora según el cual la autorización concedida el 23 de febrero de 2011 por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) federal al Acueducto Independencia fue emitida sin respetar el citado derecho a consulta.
El día de ayer, líderes de la etnia llevaron a cabo una manifestación frente al Palacio de Sonora donde dijeron que aún no están vencidos, ni derrotados, y que continuarán con su lucha en contra del Acueducto Independencia.
César Cota Tórtola, uno de los dirigentes de la tribu, pidió justicia ante el arresto de los que fueron representantes de la etnia y que se respete el Estado de derecho que le corresponde, para recordar que el Artículo 2 de la Constitución les da el derecho de llevar sus usos y costumbres, como sucede con todos los indígenas dentro del país.
“La tribu Yaqui ha existido desde años y queremos existir más año todavía, es lo que venimos a decir, que no estamos vencidos todavía, que no estamos derrotados, que seguimos en la lucha y seguir luchando con las injusticias que han cometido, vamos a estar en la lucha”, declaró,
Y agregó: “No han hecho nada, la Suprema Corte, la que dictó, no la han llevado a cabo, lo que dijo, el documento que se leyó de parte de la Conagua se le dio tres prórrogas y hasta la fecha todavía no han abierto las puertas, porque no tiene argumentos para decir que las concesiones eran caducas, es por eso que no puede dar la cara todavía”, declaró al referirse a los permisos para usar el agua que les corresponde en el Acueducto Independencia.
En el posicionamiento, la comunidad Yaqui dijo que el proceso y la situación que viven por la lucha y la defensa de su patrimonio ancestral, “es sintomática del país, el trato que recibe nuestro pueblo y todos los pueblos originarios”.
Asimismo se denunció la detención de Mario Luna y el señor Fernando Jiménez “a quienes se les ha aplicado el diseño institucional de las políticas y planes de despojo y la criminalización de la lucha y la fabricación de delitos, donde el único delito que han cometido nuestros hermanos es luchar por el patrimonio de nuestra nación yaqui, el futuro de nuestra generaciones, ser indígenas y ser pobres”.
“Por lo anterior manifestamos nuestro mas enérgico rechazo a las políticas extractivas, los planes de despojo y criminalización de la lucha social y decimos y no nos cansaremos de decir, lo que hagan con los jóvenes de Ayotzinapa, lo van a querer hacer con todos los jóvenes mexicanos, y lo que hagan con la tribu yaqui, lo van a querer hacer con todos los pueblos, tribus y naciones indígenas de México”, finaliza el posicionamiento.
