Aunque el Presidente Enrique Peña Nieto impulsó la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, especialistas en transparencia consideran que no sólo falta la legislación secundaria que respalde una operación imparcial y eficaz, sino que las iniciativas contemplen la opinión de la sociedad civil, ya que la mayoría de ellas provienen de administraciones señaladas por actos abusivos, comenzando por los que se generan desde la propia Presidencia de la República y el primer círculo del Jefe del Ejecutivo federal.
Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente Enrique Peña Nieto definió así el alcance de la Reforma Constitucional para el combate a la corrupción que presentó el 27 de mayo: que los servidores públicos y los particulares que incurran en este tipo de prácticas sean sancionados y obligados a resarcir el daño patrimonial causado.
“Éste es un auténtico cambio de paradigma para combatir con mayor eficacia el cohecho, la extorsión o el tráfico de influencias, entre otros actos indebidos. En pocas palabras –dijo el Presidente– es una reforma contra la impunidad”.
Las modificaciones al texto constitucional, la doceava de las “reformas estructurales” de Peña Nieto, consiste en la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción con representantes de “todos los órdenes de Gobierno” –la mayoría existentes– relacionados con la transparencia y la fiscalización; la ampliación de revisiones de la Auditoría Superior de la Federación y la creación de una Fiscalía Especializada en la Procuraduría General de la República.
“Es un paso histórico a favor de una nueva cultura de la legalidad”, insistió al presentar el decreto en Palacio Nacional.
De este “paso histórico” a una disminución del abuso de los cargos públicos en beneficio personal, sin embargo, aún hay un largo camino, de acuerdo con expertos. Y no sólo porque falta la legislación secundaria o porque la iniciativa proviene de una de las administraciones federales más señaladas por actos abusivos: El problema fundamental de la Reforma anticorrupción, explican académicos e investigadores, es que crea una burocracia revisora y sancionadora de “individuos” y de conductas aisladas, pero deja sin contrapesos los contextos que las facilitan, como la discrecionalidad en la asignación de recursos.
Además, explica el investigador Mauricio Merino, académico del Colegio de México (Colmex) y del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), entre los tomadores de decisiones falta una perspectiva que considere que la corrupción es un delito que se genera en redes, y del que normalmente hay evidencias –como la “casa blanca” de la familia presidencial–, y no sólo irregularidades en los procedimientos.
“Si son corruptos, no estúpidos”, resume Merino al explicar las consecuencias de la perspectiva sólo punitiva de conductas individuales, revisora de procedimientos y que no atienda evidencias.
Fue esta manera de “enfrentar” la corrupción, explica el investigador, lo que libró de responsabilidades la asignación de contratos al empresario Juan Armando Hinojosa, amigo cercano del Presidente Enrique Peña Nieto y a su vez financiador de la residencia de más de 50 millones de pesos en la que éste vive con su familia.
“Son redes, se genera un daño verificable, y la corrupción produce evidencias con respecto a las persona que participan en ella, y esto no puede seguirse ignorando. El ejemplo perfecto es la ‘casa blanca’; ahí está la evidencia: hay una declaración de la Primera Dama reconociendo que obtiene esta casa como consecuencia de su amistad con un empresario al que a su vez le va muy bien en el Estado de México, y con el Gobierno federal actual”, plantea el también integrante de la Red por la Rendición de Cuentas.
“Pero en el Derecho disciplinario que hay en México, dado que es procedimental e individual, la Secretaría de la Función Pública no podría haber hecho otra cosa: verificó si los contratos de Higa –la empresa de Hinojosa– fueron obtenidos de manera contraria al procedimiento y pues claro que encontró que no. Para poder configurar esa falta debió haber una instrucción escrita del Presidente directamente al funcionario que asignó esos contratos; pero es absurdo. En cambio, sí existe la red, el daño y la evidencia. Si no somos capaces de dar este giro al sistema de responsabilidades, para que la nueva Ley General de Responsabilidades permita la investigación a partir de la evidencia y/o del daño causado al país, entonces seguiremos con una visión de mediados del Siglo XX que nos ha hecho muchísimo daño”, agrega.
El diseño del entramado anticorrupción, explica Oscar Arredondo, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, también indica que los actos de probable abuso de poder revelados en el sexenio de Peña Nieto quedarán intactos hasta 2018. Esto, precisa, porque aun cuando se cree una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ésta dependerá de una PGR a su vez subordinada a Peña Nieto. Y para juzgar cualquier denuncia, agrega, estarán hasta fin de sexenio los mismos integrantes del actual Tribunal Federal de Justicia Administrativa que no han procedido en ningún caso.
“El sistema podría resultar una patente de corso que garantice impunidad a la administración actual en los casos de aparente corrupción de los que hemos sido testigos”, dice Arredondo a SinEmbargo.
“Lo anterior por que no será un sistema retroactivo facultado para fiscalizar ejercicios anteriores, a menos que estén relacionados con auditorias del año corriente; porque las instancias sancionatorias seguirán conformadas por los mismos magistrados y la misma Procuradora, y porque la implementación de las reformas secundarias y la operatividad del sistema se reflejará con el tiempo”, agrega.
RESPUESTA Y BROMA
La investigación periodística que encontró que la familia presidencial vivía en una residencia de alrededor de 54 millones de pesos financiada por el empresario Juan Armando Hinojosa, contratista de Peña Nieto desde que era Gobernador mexiquense, marcó el sexenio. Elaborada por el equipo de investigación de Aristegui Noticias, y publicada el 9 de noviembre de 2014, a menos de dos meses de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Guerrero, colmó el ambiente de desconfianza y repudio de por sí expandido contra la actual administración federal.
“Él niega irregularidades, y su vocero explica que la señora Rivera está pagando el préstamo de la casa con dinero de su bolsillo. Pero la revelación ha añadido al desencanto público”, publicó The Economist en noviembre de 2014, cuando también mencionó que una de las primeras repercusiones globales de esta relación fue la cancelación de un contrato por más de 50 mil millones de pesos para construir un tren rápido y que había sido asignado a Higa en consorcio, entre otros, con la Corporación China de Construcción de Ferrocarriles.
“La cancelación del contrato para la construcción del tren de alta velocidad ensombreció la visita a China. Peña Nieto, quien ha buscado atraer inversión extranjera a través de un ambicioso paquete de reformas energéticas y ha cortejado asiduamente al presidente Xi Jinping, llegó gruñendo titulares”, agregó el medio británico.
La investigación de Aristegui fue seguida por The Wall Street Journal, que encontró que el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, tenía también una casa comprada con ventajas al empresario Hinojosa y que Peña Nieto tenía además otra adquirida de otro de sus contratistas desde que era Gobernador, Roberto San Román.
En febrero, y después de que la Secretaría de la Función Pública había permanecido sin titular durante lo que iba del sexenio, Peña Nieto respondió a las críticas y nombró como titular de esta dependencia a un abogado y amigo de Videgaray, el ex consejero electoral Virgilio Andrade, a quien ordenó determinar si la asignación de contratos a Hinojosa y San Román por parte de su presidencia implicaban conflicto de interés.
Fue al hacer ese anuncio ante los medios de comunicación, el 3 de febrero, que Peña Nieto mencionó que hay conflictos de interés “reales”, “potenciales” y, también, “aparentes”, o en los que existe la percepción social o la sospecha de que hay un conflicto de interés sin que exista “violación legal alguna”. Fue también ahí donde, al notar el silencio que siguió a discurso, se quejó en broma con su vocero diciendo “ya sé que no aplauden”, frase que de inmediato fue retomada por miles de usuarios de las redes sociales para expresar burlas.
“La aparición de #YaSéQueNoAplauden se ha conectado de manera similar con la sensación generalizada de que la administración de Peña Nieto no está tomando con seriedad la crisis de credibilidad que enfrenta”, reportó el diario inglés The Guardian el 4 de febrero.
Las críticas y la percepción de impunidad se agudizaron el mes siguiente, cuando la compañía de telecomunicaciones MVS despidió al equipo de periodistas de investigación que reveló la transacción de la residencia.
“En México, siguiendo la lógica del mundo al revés, quien comete el acto de corrupción se queda en su puesto y quien lo denuncia es despedido. Es la lógica mexicana del poder: mata al mensajero”, escribió el periodista Jorge Ramos el 23 de marzo para el Nuevo Herald, en Miami.
“Analistas aseguran que, con Peña Nieto, el Gobierno ha tratado de restaurar algunas de las viejas formas de control, usando como palanca la publicidad del Gobierno y su autoridad sobre la concesión de las trasmisiones”, publicó The New York Times el 27 de marzo en el artículo “En México, el despido de Carmen Aristegui somete a escrutinio la libertad de medios”.
Y fue en ese contexto que, el 27 de mayo siguiente, Peña Nieto presentó el decreto Reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción.
“Como puede verse, los escándalos de Ayotzinapa y de la llamada Casa Blanca no fueron excepcionales dentro de esas cadenas de corrupción y de impunidad. Lo que los convirtió en símbolos del hartazgo social fue, acaso, su gravedad y el interés global que despertaron”, escribió Merino en “Una reseña sobre las reformas en curso a favor de la transparencia y en contra de la corrupción”, publicado en julio por el Centro Woodrow Wilson.
“Y en ese entorno, la revelación de las ventajas obtenidas por la esposa del Presidente de la República para acrecentar su patrimonio privado, así como la ambigua e insuficiente explicación pública que ofrecieron ambos tras el escándalo ventilado en los medios y las redes sociales, no hizo sino incrementar la indignación pública y abrir, finalmente, aquella ventana de oportunidad para comenzar a impulsar cambios de fondo en el diseño de las instituciones dedicadas a combatir la corrupción”, agregó el análisis.
“¿SE LE ORDENÓ RESOLVER?”
El límite de esta “ventana de oportunidad” fue evidenciado el 21 de agosto, cuando Virgilio Andrade presentó el resultado de su indagatoria sobre los contratos asignados a Higa y, después de aplicar más de cien cuestionarios, concluyó que no se configuraba ilegalidad alguna.
En una conferencia de prensa, ese día leyó durante más de una hora los motivos por los que no había encontrado ni ventajas ni conflictos de intereses en la relación de Peña Nieto, su esposa y Videgaray con Juan Armando Hinojosa. Los motivos, explicó, fue que ninguno era funcionario cuando se compró la casa y ninguno asignó los contratos. Y quienes sí participaron en la asignación de los contratos, agregó Andrade, descartaron cualquier conflicto o vínculo con la empresa.
“Se interrogó a 111 servidores públicos que intervinieron en los contratos de Servicios u Obras Públicas otorgados a las empresas vinculadas con el señor Juan Armando Hinojosa Cantú y Ricardo Arturo Sanromán Dunne. En todos los casos, los servidores públicos declararon, bajo protesta de decir verdad, que no se les ordenó resolver de alguna manera el procedimiento, así como que no tenían ningún interés personal, familiar o de negocios con la empresa adjudicada”, leyó Andrade.
“En este análisis se incluyó la declaración de cada uno de ellos sobre posible conflicto de interés y, con base en el análisis y en la documentación existente, dichos servidores públicos tampoco incurrieron en ningún conflicto de interés en lo particular. Como se señaló, de acuerdo con las leyes mexicanas, para que exista conflicto de interés es necesario demostrar la violación a la imparcialidad en el actuar público del servidor investigado y que la parcialidad en que incurra esté relacionada con las atribuciones que la Constitución y las Leyes le señalan”, continuó el funcionario.
Después de más de una hora de justificación legal de los contratos del amigo del Presidente, Andrade respondió las preguntas aludiendo al Artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos como marco legal casi único contra el abuso de poder y sin incidencia, dijo ante pregunta específica, sobre relaciones como la de Hinojosa con la pareja presidencial.
“Con independencia de cualquier relación, el conflicto de interés no se materializa con la amistad. Se materializa cuando, a extensión de una relación personal, familiar o de negocios, el servidor público rompe con el principio de imparcialidad, incide de alguna manera indebida en la asignación de un contrato o recibe un beneficio personal en su patrimonio”, insistió Andrade.
El resultado presentado fue el previsto. Nadie, dijo entonces Alejandro González Arreola, director de la organización Gestión Social y Cooperación (Gesoc), esperaba algo “distinto” porque la instancia que generó la investigación es subordinada del Presidente. También, explicó Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, porque el marco legal sobre el conflicto de interés en México es limitado. Y, lo peor, agregó Oscar Arredondo Pico, de Fundar, es porque, como quedó claro, no existe voluntad política para responder ni aun preguntas básicas: si no hubo conflicto de interés –cuestionó– ¿por qué se dio la licitación del tren México-Querétaro, donde Grupo Higa resultó ganador, y luego se revocó? ¿Por qué se anunció que se devolvería la “Casa Blanca”?
“La corrupción nunca se va a encontrar a través de una confesión escrita en un documento público”, expuso Arredondo entonces.
“ME DIO UN DISCO CON LA LICITACIÓN”
La contradicción entre el discurso de Peña Nieto a favor del combate a la corrupción y sus acciones fue advertida de nuevo en septiembre, cuando organizaciones de la sociedad civil explicaron que, aun con el anuncio de un Sistema Nacional Anticorrupción, el Presidente impulsaba una iniciativa de modificaciones a la Ley de Obras Públicas que fomenta aun más la discrecionalidad en la asignación de recursos públicos para la construcción de infraestructura.
Dicha propuesta de modificaciones fue presentada el 4 de noviembre de 2014 por el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, en lo que fueron, literalmente, los últimos días de credibilidad del Ejecutivo. A la exhibición hecha por el equipo de Aristegui Noticias se sumó, a partir de mayo siguiente, la difusión de una serie de grabaciones en las que directivos de la oficina mexicana de la constructora española OHL hablan de cómo ganan dinero a costa de los recursos públicos, sobre todo del Estado de México, al cual, desde que Peña Nieto era Gobernador, le habrían “inflado” precios de obras y sustraído información privilegiada.
En julio, las revelaciones alcanzaron al propio Ruiz Esparza que en otro de los audios, atribuidos a una empresa auditoria de las obras de OHL, se menciona como beneficiario de una estancia en la Riviera Maya a cargo de la constructora. Uno de sus subalternos, mostró también la grabación, habría filtrado a OHL el disco compacto con la información de dos licitaciones, una en Quintana Roo y otra en el Distrito Federal.
“Me lo dio en disco con toda la información y cómo va a salir y cómo se va a licitar”, se escucha decir al entonces director de relaciones de OHL, Pablo Wallentin, el 9 de febrero de 2015, luego de una reunión con Carlos Bussey, director de Desarrollo Carretero de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Ninguna de las exhibiciones públicas, sin embargo, ha tenido consecuencias. Así como los periodistas que revelaron la transacción de la Casa Blanca perdieron sus empleos, en el caso de OHL la persecución se inició contra una de las compañías auditoras de la española, Infraiber, por la intercepción de las llamadas.
Y mientras, advirtieron organizaciones de la sociedad civil, en el Senado se mantiene la iniciativa de reformas a la Ley de Obras Públicas que incluso, dijeron, podría ser llamada “Ley OHL” o “Ley Casa Blanca” debido a que, entre otros cambios, busca aumentar las asignaciones de contratos que se hacen “por invitación” o de manera “directa”.
“La Ley permite modificar las convocatorias para beneficiar a ciertos contratistas al reducir la ventana de tiempo”, dijo en septiembre pasado Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de la organización México Evalúa.
Otro contexto que deteriorará la integridad de la competencia por estos recursos, agregó también entonces Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, es la reducción de gasto público, que tan sólo en el sector de Comunicaciones y Transportes será de hasta un 33 por ciento en 2016.
“No habrá más competencia, necesariamente, pero sí puede haber una competencia desleal que siempre incorpora a la corrupción. Menos recursos significan menos proyectos, y más jugadores que buscarán atajos para obtenerlos (…) La corrupción puede legalizarse en México a través de instrumentos como éste”, advirtió Bohórquez.
EN RIESGO LA AUTONOMÍA DE LA ASF
Además de voluntad política por combatir la corrupción, a la reforma presentada por Enrique Peña Nieto le falta todavía materializarse en legislación secundaria. Con un plazo que termina en mayo, el Poder Legislativo debe redactar, analizar, discutir y aprobar dos nuevas leyes generales –una de Responsabilidades de los Servidores Públicos y otra del Sistema Nacional Anticorrupción– y ajustar el resto de artículos que rigen desde la administración pública y las contrataciones, hasta las facultades de la ASF, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la nueva Fiscalía y, por tanto, los códigos penales federales.
“La puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción plantea uno de los mayores desafíos legislativos que haya conocido la historia reciente del país”, advirtieron decenas de organizaciones en un comunicado de noviembre y en el que insistieron que, además del castigo a la corrupción, la reforma debe atajar los espacios que la facilitan.
“En materia de responsabilidades administrativas, las reformas deben conducir a prevenir y en su caso identificar y sancionar las redes de la corrupción, impidiendo mediante multas severas e inhabilitación que quienes las conforman puedan seguir medrando con las atribuciones de los recursos públicos o el tráfico de influencias”, indicó el posicionamiento.
Fuera de la agenda, explica en entrevista la investigadora Lourdes Morales, quedaron temas como la figura del “fuero constitucional” o inmunidad de la que gozan legisladores, Gobernadores, Ministros de la Suprema Corte y el Presidente de la República y que crea condiciones para la existencia de “intocables”.
También, dice Arredondo, deja fuera otras caras de la corrupción como el abuso de poder en las corporaciones policiacas, los vínculos entre políticos y crimen organizado, la corrupción en el sistema electoral y en el sistema de justicia.
Y, en un periodo de reducción del gasto público, advierte Antonio Ruiz Porras, investigador de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, aumenta exponencialmente el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación, que requerirá multiplicar su presupuesto en todo el país justo cuando uno de los objetivos del combate a la corrupción es, precisamente, mejorar la eficiencia de los recursos.
Consultada al respecto, la Auditoría Superior de la Federación envió un posicionamiento a SinEmbargo para expresar que, efectivamente, tiene que adecuar la aplicación de sus recursos humanos y económicos. Pero tiene sobre todo, plantea, tiene que defender la autonomía de su gestión en relación con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. “Esto es –dice el posicionamiento– realizar auditorías con un enfoque técnico y neutral alejado de la confrontación política”.
