En junio pasado el PRI perdió la gubernatura en siete estados. A raíz de ello, dentro de sus filas surgió la idea de que se trataba de un voto de castigo por las propuestas del Presidente Enrique Peña Nieto a favor de la regularización de la mariguana y la legalización de los matrimonios entre parejas del mismo sexo. De acuerdo con José Pablo Girault Ruiz, miembro de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerable, como resultado de ello, los senadores del Tricolor decidieron aprobar una iniciativa “muy limitada” respecto al uso medicinal de la cannabis; decisión que la población tendrá que pagar con inseguridad, corrupción y pérdida de libertades.
Ciudad de México, 17 diciembre (SinEmbargo).– El consumo de mariguana debe atenderse desde una perspectiva de derechos humanos y de salud pública, pidió en abril el Presidente Enrique Peña Nieto en la Asamblea General sobre el Problema Mundial de las Drogas ante Naciones Unidas. Dos días después envió al Senado de la República una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal que proponía autorizar el uso de medicamentos elaborados a base de mariguana, permitir la investigación científica, y la posesión para uso personal de hasta 28 gramos.
La iniciativa daría además de alivio a padecimientos de miles de enfermos y respeto al derecho de la libre elección, menos violencia y la generación de empleos en la industria de la mariguana, así como ingresos fiscales por el gravamen a los productos.
Sin embargo, la reforma aprobada por los senadores el martes pasado –y que discutirán los diputados el próximo año– no consideró aumentar de 5 a 28 los gramos permitidos para uso personal. Solo contempló el uso medicinal y científico de la cannabis.
José Pablo Girault Ruiz, miembro de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerable (SMART), consideró que la iniciativa aprobada por los senadores “es muy limitada” e incluso “un retroceso”. El abogado y activista explicó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) cree que al impulsar la discusión sobre el uso medicinal y recreativo de la mariguana, así como la legalización del matrimonio homosexual, le implicó un costo político en las elecciones de junio, cuando perdió el poder en siete estados.
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De acuerdo con una encuesta de De la Riva Group, el 68 por ciento de los mexicanos está en contra de la legalización de la mariguana, el 52 por ciento cree que si se legaliza la violencia aumentaría y el 70 por ciento considera que su consumo incrementaría.
“Lo leo como presión política de parte del PRI y algunas alas conservadoras del PAN. El Presidente [Peña Nieto] fue a las Naciones Unidas y dijo [en abril] que el prohibicionismo no había dado los resultados y sin embargo después de las elecciones [en junio] parece que el PRI le atribuye a eso y a los matrimonios homosexuales su derrota en vez de a la corrupción. Perdió porque la gente está harta de la corrupción”, dijo Girault a SinEmbargo.
El miembro de la SMART destacó que el costo de la decisión “conservadora” de los legisladores lo pagará la población: “Los que estamos pagando somos la población con inseguridad, más corrupción, con asesinatos y pérdida de libertades”.
En México alrededor de un millón 300 mil mexicanos aceptan consumir mariguana, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones.
En 2013, la organización ciudadana SMART interpuso una demanda de amparo en la cual sostuvo que, dado que la Ley General de Salud prohibe categóricamente cualquier conducta relacionada con la mariguana, “vulnera” los derechos a la autodeterminación individual, libertad personal y corporal, así como el derecho a disponer de la salud propia.
Hasta noviembre de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a cuatro personas, entre ellas a Pablo Girault para que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) les conceda el permiso para producir y consumir mariguana, sin incluir su comercio, suministro o distribución.
No obstante, esta iniciativa aprobada por 98 senadores ignoró esto, por lo que legislaron “en contra de lo que dijo la Suprema Corte”, acusó Girault.
“Los senadores ni siquiera están tomando en cuenta el fallo que hubo en la SCJN en donde decía que no pueden pasar leyes que limiten las garantías y los derechos, y eso es exactamente lo que están pasando. La SCJN ya dijo que las autoridades pueden regular el uso, pero no la prohibición”, recordó.
Bajo este escenario, el abogado ve muy complicado que este gobierno apruebe el uso recreativo de la mariguana. “Están activamente tirando el precedente de nuestro caso de la SCJN”, agregó.
LO QUE DIJO EPN VS LO QUE SE APROBÓ
“Transitemos de la mera prohibición, a una efectiva prevención, y a una eficaz regulación”, afirmó el Presidente Enrique Peña Nieto ante las Naciones Unidas. “Con flexibilidad, debemos cambiar aquello que no ha dado resultados. El esquema basado esencialmente en el prohibicionismo, la llamada guerra contra las drogas, que inició en los años 70, no han logrado inhibir la producción, el tráfico, ni el consumo de drogas en el mundo”.
Poco después envió al Senado su iniciativa en la cual propuso autorizar el uso e importación de medicamentos elaborados a base de marihuana o THC, su componente psicoactivo.
Ya el dictamen aprobado por los senadores estableció que los productos que contengan concentraciones del 1 por ciento o menores de THC, y que tengan amplios usos industriales, podrán comercializarse, exportarse e importarse, cumpliendo los requisitos establecidos en la regulación sanitaria para demostrar la calidad, seguridad y eficacia.
Sin embargo, el miembro de SMART, Pablo Girault, criticó que no está regulado lo categorizado como terapia, por ejemplo, untarse crema o aceite de mariguana contra la epilepsia o fumarla para aliviar dolores de cabeza u ojos.
El aceite de cáñamo que usa la niña Grace Elizalde –que padecía 400 ataques de epilepsia al día– en Estados Unidos no está regulado como medicina, sino como terapia y se vende en los supermercados, enfatizó. Por el contrario, bajo esta propuesta de ley no se podría importar sin necesidad de pedir permiso a la Cofepris por no categorizarse como medicina.
La iniciativa del Poder Ejecutivo también propuso que no se considere delito la posesión para uso personal de hasta 28 gramos de mariguana, conforme a estándares internacionales.
El aumento de la cantidad permitida también buscaba la oportunidad de que queden en libertad los consumidores que actualmente se encuentran presos o sujetos a proceso por haber portado cantidades de mariguana inferiores a 28 gramos.
Sin embargo, los legisladores no discutieron ese punto.
“Es un retroceso, lo demás fue simulación (lo propuesto por EPN). Claramente nos están mintiendo porque el Presidente fue a las Naciones Unidas a decir algo y ahorita los senadores de su partido están pasando una ley que dice otra cosa. Es grave. Que los diputados tomen una de las iniciativas que están en el Senado, que son más amplias”, concluyó el abogado.
En algo tanto legisladores, Presidente y SMART están de acuerdo: “México forma parte de las naciones que han pagado un alto precio sobre las drogas, un precio excesivo, en términos de tranquilidad, sufrimiento y vidas humanas; vidas de niños, jóvenes, mujeres y adultos. Como pocos, conocemos las limitaciones y las dolorosas implicaciones del paradigma eminentemente prohibicionista”, como lo dijo Peña Nieto en abril, antes de los resultados de junio que no favorecieron a su partido político.
