Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).– El Secretario General de Amnistía Internacional, Salil Shetty, se reunió con el Presidente Enrique Peña Nieto, a quien hizo entrega de un memorándum exigiendo una serie de acciones para combatir la impunidad generalizada y el persistente patrón de graves violaciones a los derechos humanos en el país.
En el documento se hacen recomendaciones con respecto al operativo de seguridad implementado Michoacán, se insiste en el tema de las 26 mil desapariciones del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa de las cuales no se han dado avances en la investigación de estos casos, además de las deficiencias del sistema judicial mexicano así como las graves violaciones a los derechos humanos de mujeres y niñas, indígenas, migrantes, activistas y periodistas.
Con respecto a los derechos humanos de las mujeres, Amnistía indicó que la igualdad de género es una meta aún lejana, a causa de la violencia y la discriminación que violan los derechos humanos de mujeres y niñas, además de comprometer severamente su salud y derechos sexuales y reproductivos.
“La violencia de género sigue penetrando las vidas de mujeres y niñas en todo México. La impunidad de tal violencia, incluyendo el abuso sexual y el feminicidio, es generalizada. Las leyes federales y locales promulgadas desde 2007 para mejorar los procesos de investigación y prevención de la violencia son ampliamente ineficaces o no se han aplicado, dejando a las mujeres y a las niñas en un riesgo constante”, dice parte del documento entregado al Jefe del Ejecutivo federal.
Amnistía denunció el hecho de que las autoridades del Poder Ejecutivo de la federación y de los estados han bloqueado de manera consistente los esfuerzos de las organizaciones de derechos humanos para declarar la alerta de género, un mecanismo que se ha establecido para tomar medidas que aborden la generalización de la violencia de género en regiones específicas.
También señaló que la reforma reciente de muchas constituciones estatales que reconocen “el derecho a la vida del feto desde la concepción” mina el disfrute de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas.
“Este cambio ha generado ambigüedad legal en relación al derecho de las mujeres al acceso a un aborto seguro y legal en casos de abuso sexual o de riesgo para la salud de la mujer, y ha contribuido al aumento de procesos de criminalización de mujeres respecto a abortos ilegales”, denunció la organización internacional.
Afirmó que el gobierno no se ha pronunciado de manera clara sobre este asunto ni ha demostrado su compromiso en proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Por ello exigió al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto asegurar que las políticas de seguridad pública no tengan un impacto negativo sobre mujeres y niñas.
También lo instó a cumplir con sus obligaciones de debida diligencia para prevenir la violencia contra mujeres y niñas, incluyendo la violencia doméstica, las desapariciones, la tortura y los homicidios, especialmente el feminicidio; investigar, procesar y castigar a los perpetradores, sean estatales o no estatales; proveer reparación para las mujeres que hayan sido víctimas de violencia.
Además le pidió una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e implementar la legislación para garantizar que los funcionarios públicos rindan cuentas por el incumplimiento de sus obligaciones tanto para proteger a las mujeres en riesgo, como para investigar a los responsables de actos de violencia contra las mujeres.
Sobre el tema de las comunidades indígenas, Amnistía recordó que a 20 años del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, muchas comunidades indígenas en el país siguen sufriendo discriminación, además de acceso limitado a la justicia, a la salud, a la educación, a la vivienda y a la tierra.
“Hasta ahora las medidas que ha tomado el gobierno no han sido las adecuadas para enfrentar los obstáculos estructurales más grandes que les impiden disfrutar de estos derechos. El aumento de los proyectos extractivos yde desarrollo económico que impactan directamente las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas representa un gran desafío para el gobierno”, dice el documento.
Por ello recomendó a las autoridades proporcionar información imparcial y adecuada, y conducir procesos de consulta transparentes con el fin de obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas.
Además llamó al Estado mexicano a garantizar que se consulte plenamente a las comunidades indígenas durante la formulación y la implementación de políticas para fortalecer su acceso a vivienda, cuidado de la salud, educación, agua y otros servicios básicos; sobre el desarrollo de proyectos extractivos y otras medidas que puedan afectar sus tierras, territorios y recursos con el fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.
En el tema de la Seguridad Pública el informe dice que Michoacán es el ejemplo más visible de la persistente crisis de seguridad pública. Destaca el papel de los grupos de autodefensa que surgieron en la entidad en repuesta a la negligencia y abuso de autoridades y criminales.
Por ello Amnistía pidió al gobierno asegurarse de que todas las fuerzas policiales y de seguridad, así como grupos de autodefensa, respeten las normas internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza y la prohibición de otras violaciones de derechos humanos.
Asimismo mostró su preocupación por el hecho de que a un año de que las autoridades reconocieran la existencia de más de 26 mil personas reportadas como desaparecidas o no localizadas durante el sexenio anterior, el gobierno ni siquiera haya aclarado cuántas víctimas de desaparición forzada y de privación de la libertad por parte de bandas criminales permanecen sin localizar.
Se informó que en las pláticas entre el Presidente Peña Nieto y Salil Shetty con motivo de la entrega del memorándum, el Secretario General de Amnistía Internacional habló sobre la grave situación que enfrenta México, incluyendo el uso generalizado de la tortura, las desapariciones, los abusos contra migrantes y los ataques contra periodistas y quienes defienden los derechos humanos. Todas ellas son violaciones que persisten gracias a la impunidad existente en México.
