Por Juliana Fregoso y Sergio Rincón

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).– Desde que el 30 de junio de 2014, elementos del Ejército mexicano ejecutaron a 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, el gobierno federal se puso en la mira de la prensa nacional e internacional por diversos hechos: violaciones a los derechos humanos, asesinatos de civiles a manos de elementos de la seguridad del Estado, casos de corrupción y conflictos de interés. Desde entonces, han transcurrido 231 días en los que se ha reclamado a la administración del Presidente Enrique Peña Nieto y a las instituciones respectivas cambios radicales para combatir la falta de transparencia, la opacidad y la corrupción.

Laura del Alizall Arriaga, investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa, advirtió que este panorama no sólo afecta a la imagen de los mexicanos en el extranjero sino que también se convierte en un caldo de cultivo para que en el país surjan “movimientos más radicalizados”, ante la inacción y “cinismo” de las autoridades y de la clase política mexicana.

Ayer, los  siete comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) se lavaron las manos respecto a la Ley General de Transparencia y dijeron que acatarán “cabal y fielmente” lo que se vote en el Senado de la República, incluso el polémico punto de la “excepción de reserva” para los casos de violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

La cadena de irregularidades denunciadas en la prensa nacional y extranjera, y que protagonizan políticos y funcionarios de la actual administración, han abonado al crecimiento de la desconfianza en el Estado mexicano, dijo Del Allizal Arriaga.

A Tlatlaya y la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre del año pasado, le siguieron el escándalo “casa blanca” de la Primera Dama, Angélica Rivera Hurtado; los conflictos de interés del Presidente y del Secretario de Hacienda y Crédito Público, quienes compraron casas a contratistas del gobierno; las revelaciones del diario The New York Times sobre las propiedades del ex Gobernador de Oaxaca, José Murat Casab, en Estados Unidos, y la aparición de una serie de empresarios y políticos relacionados con transacciones ilegales del Banco HSBC en Suiza, el llamado Swiss Leaks.

El martes pasado, el nombre de México se volvió a relacionar con la corrupción y la falta de transparencia. Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reconoció, en una entrevista con el diario británico The Financial Times, que el gobierno mexicano pasa por una crisis de confianza. “Necesitamos abordar lo que realmente importa a la sociedad mexicana, que es no [sólo] la corrupción y la transparencia. Va más lejos: tiene que ver con la confianza”, dijo el encargado de las finanzas públicas.

Al ser cuestionado sobre si todo el gobierno de Enrique Peña Nieto está igual de comprometido en la necesidad de darle prioridad al Estado de Derecho, Videgaray dijo: “Creo que sí”.

A más de 200 días de lo que ya se denomina como la “crisis del gobierno mexicano”, muchos frentes siguen abiertos: el gobierno del Estado de México y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se dijeron y desdijeron sobre el caso Tlatlaya, incluso se trató de ocultar la información reservándola, mientras los 43 normalistas siguen desaparecidos y hasta ahora toda la culpa ha recaído sobre el ex Alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velázquez. Las contradicciones sobre el destino de los jóvenes mantienen a sus padres con la duda de si están o no vivos.

El 3 de febrero, el Presidente Peña Nieto nombró a un amigo del Secretario de Hacienda y ex asesor de su campaña, Virgilio Andrade Martínez como Secretario de la Función Pública (SFP) y lo instruyó a investigar el caso de su esposa, el de Videgaray Caso e, incluso, a él mismo y a todos los contratos de obra pública que se habían entregado durante su administración, que inició el 1 de diciembre de 2012.

Las primeras declaraciones de Andrade Martínez fueron en el sentido de que en el caso del Presidente, la casa que compró a la familia San Román, en Ixtapan de la Sal, Estado de México, fue durante su época como mandatario de esa entidad y la SFP sólo está facultada para investigar a funcionarios federales. “No es competencia de la Secretaría de la Función Pública (sino de) las contralorías estatales o de las auditorías superiores estatales”, explicó.

Sobre la investigación que pidió Peña Nieto para su esposa Angélica Rivera y para el titular de la SGCP, Andrade dijo que “lo que se va a investigar, específicamente (…) es si estos particulares (las empresas de Grupo Higa) que vendieron (a Angélica Rivera y a Luis Videgaray) las casas fueron favorecidos indebidamente en los contratos”.

El 8 de febrero, el diario The New York Times, como parte de una investigación sobre las propiedades de lujo que poseen personajes públicos en Estados Unidos, reveló que el ex Gobernador de Oaxaca y su hijo Alejandro, actual director general del Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), poseía seis departamentos en ese país. Murat reconoció solamente dos propiedades, mientras que su hijo atribuyó la posesión de algunos inmuebles a su esposa y a su familia política, pero en México nadie investiga el hecho.

Un día después, el diario francés Le Monde publicó parte de una investigación realizada en 42 países sobre figuras renombradas que habían manejado cuentas irregulares en Suiza en el banco HSBC. En la lista están mil 642 mexicanos, entre los que salieron a relucir los nombres de los empresarios Jaime Camil Garza y Carlos Hank Rhon.

El caso llamado Swiss Leaks puso en los reflectores a ex funcionarios federales, entre los que se ubican el ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, y Luis Téllez Kuenzler, ex presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), ex Secretario de Energía en el sexenio del ex Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) y ex titular de la Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT) en la administración del panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).

A diferencia de Murat Casab, en este caso el Sistema de Administración Tributaria (SAT) anunció que investigará a todos los mexicanos presuntamente involucrados. Aristóteles Núñez Sánchez, titular del SAT, informó en entrevista radiofónica que la dependencia tardará dos años en investigarlos.

EL CALDO DE CULTIVO

Laura del Alizall Arriaga, investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa, advirtió que todos los casos citados muestran dos cosas: primero que la inseguridad y la impunidad con la que operan los criminales en México, sumados a la corrupción y el hartazgo ciudadano, pueden dar pie al surgimiento de “movimientos mas radicalizados o armados”. Según la investigadora, los grupos de autodefensa en Michoacán y Guerrero fueron sólo un antecedente de la manera en la que se pueden radicalizar los movimientos civiles.

El segundo tema es el “cinismo” de la clase política y que alienta la “impunidad con la que actúan los delincuentes: “Hemos visto que parte del mantenimiento de esta actitud tiene que ver con la ausencia de sanciones. Es la impunidad, porque al igual que sucede con la inseguridad, la impunidad de la que gozan los criminales comunes afecta el comportamiento de los políticos que no ven ninguna sanción. Hay casos de un cinismo impresionante, como un candidato a Alcalde de Nayarit, que ya había sido Presidente Municipal, y dijo en la campaña que había robado poquito porque no había mucho. Este tipo de cosas hacen reír a mucha gente pero nos deben preocupar. Los políticos no han entendido que las cosas tienen que cambiar”.

Estos casos, afirmó la investigadora, también marcan a los ciudadanos. Todo lo que se ha manejado sobre el país en la prensa internacional deja la imagen de que el mexicano “está cada vez más vinculado a la corrupción. Recuerdo a los políticos mexicanos que decían que en Francia y en otros lados los políticos roban para las elecciones, el problema en México es que se lo roban para su bolsillos”.

¿Y EL IFAI?

En medio de la crisis de transparencia y corrupción por la que atraviesa el país, los siete comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) coincidieron que la Ley General de Transparencia está sólo a cargo del Poder Legislativo por tal motivo “son respetuosos” y su decálogo, el cual propone puntos clave como la “excepción de reserva” en casos de violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, podría ser tomado en cuenta o no por el Senado de la República. Si la Cámara Alta emite una ley sin sus recomendaciones, aseguraron que de igual modo será aceptada “cabal y fielmente” por la comisión.

La iniciativa de Ley, cuyas modificaciones se encuentran actualmente en discusión, es resultado de un trabajo conjunto del Senado de la República y organizaciones de la sociedad civil, que presentaron una propuesta el pasado 2 de diciembre de 2014.

La comisionada presidente Ximena Puente de la Mora dijo que las recomendaciones no son artículos, sino temas a atender, por ello esperan que el Senado saque una “ley a la altura de las circunstancias que vive México”. Además, agregó, “no habrá retroceso”, pero que la Comisión estará al pendiente del proceso legislativo para sumar sus propuestas.

Por sus parte, María Patricia Kurczyn Villalobos, quien la semana pasada dijo a SinEmbargo que Enrique Peña Nieto no está obligado a entregar datos “porque es el Presidente”, aseveró que la ley que está por surgir no puede ser contraria al decálogo porque sólo hay “diferencias muy ligeras” entre las recomendaciones y los avances de los senadores, por tanto no visualiza una ley contraria a sus propuestas.

“El Senado tendrá que tomar la decisión y en el momento que el Senado nos entregue una Ley, nosotros, los siete comisionados, estaremos en la mejor disposición de cumplir cabal y fielmente, la legislación”, dijo la comisionada Kurczyn Villalobos.

Desde el pasado lunes, los comisionados pusieron sobre la mesa 10 puntos que a su parecer eran los más graves. Entre lar recomendaciones que hicieron a la comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado, pidieron a los legisladores precisar los conceptos y las causales de reserva por “seguridad nacional” y “estabilidad financiera, económica o monetaria”.