La criminalidad del Estado da pie a injusticia, corrupción e impunidad, afirman académicos

18/02/2015 - 12:01 am
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Las autoridades políticas en México son las perpetradoras de los crímenes que más afectan a la sociedad, denunciaron expertos. Foto: Especial

Ciudad de México, 18 de febrero (SinEmbargo).– La responsabilidad de policías municipales en la desaparición forzada de estudiantes normalistas en Guerrero coloca a “ese fragmento del Estado mexicano” en el nivel del totalitarismo Nazi que, traicionando la función esencial de cualquier Estado, que es proteger la vida, se dedicó a eliminarla sistemáticamente.

Tal fue una de las reflexiones planteadas ayer en el panel “El fenómeno de la evanescencia en México: la desaparición y la violencia como forma de vida”, organizado por el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana y en el que diferentes académicos analizaron las repercusiones de que sean autoridades políticas las perpetradoras de los crímenes que más afectan a la sociedad mexicana, como la desaparición forzada.

“Hay una suerte de neblina que no nos permite distinguir dónde empieza la mafia y dónde empieza el Estado. Esto es tan grave que por eso hay dos delitos que no prescriben, porque implican la intervención de servidores públicos haciendo actividades criminales: la tortura y la desaparición forzada, que son graves porque implican una traición a la confianza del ciudadano (de que el Estado lo protegerá) y además se le elimina”, dijo Gilberto Santa Rita Tamés, del Departamento de Derecho de la Iberoamericana.

“Un fragmento del Estado, que es la Policía Municipal, violentó estas expectativas e invirtió su función de proteger la vida, y esto sólo ocurrió una vez, cuando todo el Estado se invirtió, que ha sido con los Nazis, que en lugar de proteger la vida se dedicaron a eliminar, a crear una industrialización y administración de la muerte. No hemos llegado a aquello, pero un pedacito se invirtió en su función esencial y primordial para esto, por eso es tan grave la desaparición forzada”, agregó el académico.

En la mesa participaron también la catedrática del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Cristina Burgos García, así como el sicólogo y sacerdote jesuita Francisco Javier Escobedo, quienes, como el abogado Santa Rita, coincidieron en que la criminalidad del Estado da pie a un sistema de injusticia, corrupción e impunidad que termina forzando reacciones violentas por parte de los individuos.

“Fue el Estado; la frase es contundente”, planteó Escobedo, también asesor en la Fundación para la Reconciliación, con sede en Bogotá, Colombia. “Un Estado de Derecho que no se respeta, que no tiene los procesos debidos, evidentemente nos promueve a prácticas sistemáticas y cotidianas de impunidad. ¡Es el Estado! que ha mantenido la narrativa de violencia que atraviesa el territorio nacional, desde Tijuana hasta Mérida, y no es cierto que esté focalizado en tres entidades, llámese Guerrero, Michoacán o Tamaulipas; definitivamente todo el país está atravesado por una narrativa de exclusión, de violencia y el escenario es de muerte”, agregó.

EL REPUDIO A LA DESAPARICIÓN FORZADA

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¿Qué es más censurable? ¿Las expresiones violentas, producto de la frustración de la sociedad civil, o la obediencia, basada en la indiferencia hacia las ligas del narcotráfico con los gobernantes?, preguntaron académicos. Foto: especial

En ese contexto, el concepto de la “banalidad del mal”, planteado por la filósofa Hannah Arendt, permeó las ponencias, sobre todo a partir de que Burgos García citó el juicio por genocidio contra el militar Nazi Adolf Eichmann, y que llevó a la autora judío alemana, explicó la abogada, a exponer que “quien comete actos monstruosos, lo hace por motivos no monstruosos”.

Esto ocurre, agregó la penalista, cuando hay contextos de “violencia social”, situación que debe considerarse en el análisis del discurso oficial que acusa de desestabilizadores a quienes, como ha ocurrido en las pasadas manifestaciones de repudio a la desaparición forzada de los 43 normalistas, se han conducido con violencia.

“Pero, ¿qué es más censurable?, ¿las expresiones violentas, producto de la frustración de una sociedad civil que cuestiona la simulación de la política oficial, o una obediencia civil basada en la indiferencia hacia la violencia del narcotráfico en colusión con los gobernantes, en aras de una supuesta paz social?”, preguntó Burgos al final de su ponencia.

“México no es un país de hombres y mujeres violentas”, agregó por su parte Escobedo. “Si vamos a los clásicos sicoanalíticos y decimos que una expectativa no cubierta, una necesidad no satisfecha, una meta no alcanzada, llámese sobre todo ‘canasta básica’, se produce un estado inalcanzable, y mientras éste no se alcance, y yo esté de puntitas, tratando de alcanzarlo, ¿cuánto voy a aguantar antes de que el estado que realmente se va a sostener, que se llama frustración, me gobierne? Se generará una respuesta, una agresión, pero será una respuesta natural, lógica, que viene desde una expectativa no cubierta; y si ésta frustración no es atendida, sino abonada por la corrupción y la impunidad, el rostro en muchos nombres será violencia”, dijo el sacerdote.

Sandra Rodríguez Nieto
Periodista en El Diario de Ciudad Juárez. Autora de La Fábrica del Crimen (Temas de hoy, 2012), ex reportera en SinEmbargo
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