Caracas, 18 Feb (Notimex).- La promulgación de leyes embudo acabaron con el alquiler de casas y apartamentos en Venezuela, ya que los propietarios de estos inmuebles temen perderlos si los ofrecen en arriendo, afirmó el dirigente social Roberto Orta.
Por esa razón la oferta de alquileres de casas y departamentos se contrajo en casi 90 por ciento durante 2014, un verdadero drama para los llamados “venezolanos sin techo”, dijo a Notimex el dirigente social.
El también presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) destacó que el problema tiene su origen en un conjunto de leyes que acabaron con el mercado secundario de la vivienda y ahora muchos venezolanos no tienen donde vivir.
“Esta jurisprudencia vulnera el derecho a la propiedad y en la práctica miles de personas perdieron la vivienda que tenían alquilada para lograr algún sustento, dado que la nueva normativa legal les impide recuperar sus bienes”, señaló.
Explicó que estos arrendadores quedaron en un estado de confiscación indirecta, inhibiendo a los demás propietarios a alquilar sus viviendas por temor a que les ocurra lo mismo, perjudicándose así a las familias que carecen de casa.
Señaló que la Ley de Arrendamiento ha generado una gran anarquía entre arrendatarios e inquilinos, ya que estos últimos no pueden ser desalojados en caso de incumplimiento de pago y los propietarios tampoco pueden hacer libre uso de su propiedad.
“Es inaudito que la Ley Contra Desalojos Arbitrarios contemple que no se puede desalojar a nadie, bajo ningún concepto, hasta tanto la Dirección de Inquilinato le asigne una casa, algo muy difícil en un país donde el gobierno congeló la construcción de viviendas”, dijo.
Resaltó que ante un déficit de más de tres millones de viviendas, estas asignaciones serán mucho menos que imposibles. “La prueba de lo que estamos diciendo es que según informes oficiales la construcción publica cayó 50 por ciento durante 2014”.
Por otra parte cuestionó los parámetros establecidos para fijar el canon de arrendamiento, así como el precio de las viviendas fijado por el Ministerio de la Vivienda y Habitat, porque están “fuera del contexto económico del país”.
“Un precio tope de 360 mil bolívares por apartamento, al igual que un precio de 500 mil bolívares por casa, no se corresponde con la realidad del mercado venezolano, que debe hacer frente a la devaluación, inflación y escasez de materiales”, dijo.
Orta recordó que la mayoría de los propietarios no son “latifundistas urbanos”, como el gobierno los denomina, sino clase media que invirtió en inmuebles o simplemente habitantes de barrios que construyeron piezas en sus viviendas para tener una fuente adicional de ingresos.
