Dennis Melara, de 20 años. Foto: EFE
México, 18 feb (EFE).- Grupos civiles mexicanos calificaron hoy de “grave” y de “reto para México” la decisión de un juez federal de Texas (EU) de suspender temporalmente las medidas ejecutivas migratorias impulsadas en noviembre por el presidente Barack Obama para regularizar a más de cinco millones de indocumentados.
“Va a repercutir en la economía de muchas de las familias que ya se encuentran en Estados Unidos radicadas y que tienen toda su inversión económica allá”, afirmó hoy a Efe Marco Antonio Torres, presidente de la Asociación Internacional de Ayuda al Migrante Refugiado y Aislado en México.
Además, con el fallo judicial se tendrá que buscar nuevas formas de “ayudar” a los repatriados, que ya de por sí “están en situación precaria, venden sus bienes para poder vivir el sueño americano” y regresan a su país sin dinero, añadió.
En su opinión, la frontera mexicana se va a “llenar de repatriados que van a querer volver a pasar” a Estados Unidos.
“Estamos preocupados porque el número de repatriados que actualmente se están manejando son miles, pero pueden ser cientos de miles si esto no cambia”, advirtió.
Por ello, Torres pidió que la cuestión deje de ser “un tema político” para ser un tema “humanitario, pensando en el bienestar de las familias”.
El anuncio del juez federal de Texas Andrew Scott Hanen, difundido el martes, instruye la causa de una demanda presentada por 26 estados contra las medidas ejecutivas de Obama.
Al respecto, la coordinadora de Incidencia del Servicio Jesuita a Migrantes México, Rita Marcela Robles, recordó que el plan del mandatario estadounidense “no era una acción contundente que permitiera que los mexicanos que vivían en Estados Unidos obtuvieran su ciudadanía y su residencia”.
Era un “permiso temporal” para “regularizar algunas cosas relacionadas sobre todo con el trabajo, su seguridad social y obtener en algunos estados la licencia para poder manejar”, además de ser “una acción transitoria”, con una duración de tres años, agregó.
Sin embargó, opinó que “era un alivio” para la población inmigrante, que con el fallo del juez de Texas se enfrenta ahora a “una grave problemática” y que de por sí ya era objeto de “una constante violación a sus derechos humanos en ese país en temas de trabajo, discriminación y desigualdad”.
Para Benítez, el nuevo escenario es “un gran reto para México”, el segundo país del mundo con “más población fuera de su territorio”.
Según la ONU, remarcó, hay 36,6 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, de los cuales 13 millones nacieron en México.
La población mexicana representa el 64 % de los hispanos en Estados Unidos.
En 2013, México recibió remesas de sus emigrantes por valor de 21.597 millones de dólares, el segundo ingreso del país por detrás del petróleo, con 23 millones de dólares.
“Si el Estado mexicano no hace una posición crítica a esa resolución está poniendo en riesgo estas familias que están sobreviviendo con el envío de remesas”, alertó.
Benítez recordó que en los últimos cinco años se registraron 1,4 millones de deportaciones de mexicanos y solo en 2014 fueron alrededor 243.000.
Si a esto se suma que “México está viviendo un momento de crisis de empleo estable”, con alrededor de 8 millones de personas sin empleo, según datos del Centro de Análisis Disciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el país va a tener “un gran problema, sobre todo en las zonas fronterizas”.
“Es una grave decisión que lleva una connotación histórica de discriminación a los mexicanos. Juntan a la migración con un problema de seguridad criminalizando a los migrantes”, concluyó.
Tras conocerse el fallo del juez texano, la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana dijo el martes que los programas suspendidos “significan un remedio migratorio justo para millones de familias y que podrían potenciar las significativas contribuciones de los migrantes mexicanos a la economía y sociedad estadounidense”. EFE
