Cuautitlán Izcalli, 18 de marzo (SinEmbargo).– El narcotráfico extiende su violencia ahí, donde el Presidente Enrique Peña Nieto parece colocar menos interés en la lucha contra el crimen organizado: en el Estado de México, su estado.

Si bien desde hace un par de décadas se consideraba a Ciudad Nezahualcóyotl, en el oriente de la gran zona metropolitana de la Ciudad de México, un municipio surtidor de vendedores de droga al menudeo, las ejecuciones se han extendido con velocidad no sólo al resto del oriente mexiquense, sino a los municipios más prósperos del poniente, de manera destacada Cuatitlán Izcalli.

Funcionarios relacionados con la estrategia de seguridad en el norponiente mexiquense mostraron y explicaron el mapa de lo que ocurre en Cuautitlán Izcalli. A cambio, solicitaron el anonimato por temor a represalias del crimen organizado y/o del Gobierno del Estado de México.

Izcalli está en crisis por la entrada casi simultánea de dos cárteles: Jalisco Nueva Generación, identificado con los intereses del Cártel de Sinaloa, y el Cártel del Golfo.

El Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado por la DEA como la organización criminal emergente más importante de 2013, ingresa a esa parte del Estado de México de la mano de un ex jefe policíaco. Una ficha obtenida por este medio proporciona más datos:

“El líder es un expolicía que estuvo trabajando en Izcalli como subdirector y en Guadalajara en Ameca (sic) el cual, en el sistema Plataforma México aparece como inactivo, llamado Noé Bernardo Navarrete Valencia alias El 80”.

Luego del ingreso del Ejército mexicano a Izcalli mediante las Bases de Operación Mixta, compuestos por militares y policías estatales y federales, los de Jalisco redujeron su presencia y contrataron a un sicario identificado como El Pato, un asesino, a decir de los funcionarios consultados, tan violento como poco diestro, pero relacionado con 30 homicidios en Izcalli, Tultitlán, Atizapán y Tlalnepantla.

Las autoridades conocieron la relación entre Navarrete Valencia y El Pato, porque este último fue detenido el 9 de enero de 2014 durante una movilización de las Bases de Operación Mixtas. Las autoridades recibieron una llamada anónima denunciando a un grupo de personas armadas y vestidas de negro cambiando sus ropas y lavándose manos y caras en el estacionamiento de un centro comercial. En el llamado se decía, además, que otro grupo de personas estaba recibiendo armas del primero.

Soldados y policías llegaron, pero el segundo grupo huyó con las armas. Algunos hombres del primero huyeron a pie y, al menos uno de ellos, se guareció en una tienda de abarrotes, donde fue detenido. Lo revisaron y encontraron una pistola de juguete. El hombre rio y dijo su apodo: El Pato.

“El cabrón amenazó a todo el mundo de que los iba a matar, pero al final se dobló. Existen tres tipos de policías: los que se intimidan, los que agarran dinero y los que aguantan. De estos últimos le tocaron al Pato, que aceptó su participación en 30 asesinatos y su relación con El 80”, dice un funcionario estatal.

“Como no había nada, lo llevaron al Ministerio Público estatal para ahí obligarlo a que tomara una pistola y procesarlo por la portación de esa arma sucia con sus huellas. Esto es algo que se hace para torcer cabrones y supongo que también a gente inocente. Cuando llegaron, un ministerial del estado salió a defenderlo diciendo que El Pato era halcón de la Procuraduría, es decir, un informante de este lado. Cuando el militar que iba al mando se dio cuenta que El Pato estaba protegido soltó el asunto. Luego hicieron lo mismo los estatales y estatales”.

¿Qué había pasado antes? La decapitación de dos narcomenudistas de la colonia Infonavit Norte, una de las más asoladas, lo que explicaría el lavado de manos y caras de los hombres en el estacionamiento. Sólo un descabezamiento fue completo. El otro no se logró culminar en virtud de que, según las autoridades, el asesino utilizó un simple cuchillo en la maniobra.

Uno de los traficantes muertos, un muchacho menor de edad, había sido detenido algunos días antes. Antes de ser liberado por la poca cantidad de drogas que portaba, el muchacho relató que lo habían abordado para prevenirle que, en adelante, sólo compraría al Cártel Jalisco Nueva Generación.

–¡Se van a la verga! –habría dicho el muchacho antes de desaparecer en su motoneta y condenarse a muerte.

¿Qué pasó después? Al día siguiente, 10 de enero, hubo cuatro ejecuciones en la Colonia San Francisco Tepojaco y uno más en Santa Rosa de Lima

El problema del Estado de México no se constriñe al trasiego y venta a menor escala de sustancias prohibidas. Cerca de Cuautitlán Izcalli, en los municipios Nicolás Romero y Villa del Carbón se han encontrado laboratorios para la producción de metanfetaminas y piedra.

Un microempresario estándar de las drogas en esta zona del Estado de México vende mercancías por mil pesos al día, lo que representa unos 500 pesos diarios de ganancia, más de siete salarios mínimos. Un sueldo de obrero en la zona es de alrededor de 200 pesos diarios.

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Los antecedentes de la presencia de los cárteles en el norponiente mexiquense son recientes.

Según las fuentes consultadas, una corriente de narcotraficantes asociados a La Familia Michoacana avanzó de los límites del Estado de México con Michoacán y Guerrero, de municipios como Tejupilco y Luvianos [donde en 2012 hubo una masacre con 18 muertos que el gobierno estatal pretendió ocultar], hacia el Valle de México.

Algunos mantuvieron identidad con ese cártel aún después de su colapso y refundación en el Cártel de los Caballeros Templarios, cuya presencia en Izcalli fue poco perceptible en mayo de 2013, según el conocimiento de las autoridades informantes: dos o tres de ellos pretendieron tomar el municipio asaltando cajeros automáticos hasta que su líder murió en un accidente de motocicleta en el centro del municipio.

En Izcalli existían bandas consolidadas. Una de estas es conocida como Los Cabiños, apodo de su líder, un hombre señalado en 2009 por la Procuraduría estatal de pagar 150 mil pesos mensuales al entonces director de Seguridad Pública municipal de Cuautitlán Izcalli, Jaime Becerra García, a cambio de protección. Las ejecuciones anteriores a la actual racha de asesinatos habían sido vinculadas a este narcotraficante, quien actuaba relacionada con alguno de los grupos del Cártel de los Beltrán Leyva.

Durante la administración del panista David Ulises Guzmán Palma, el último Alcalde panista en Izcalli (2006-2009), su jefe de la policía, César Valentín Payán, filtró información relativa a la presencia de Los Zetas luego de extorsiones a restaurantes, bares y cines.

La flecha pareció dirigida a Karim Carvallo, actual Alcalde priista, quien es hermano de Jorge, exsecretario particular del ex Gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, acusado de gobernar en contubernio con Los Zetas.

César Valentín Payán fue jefe de escoltas del ex Gobernador panista de Querétaro Ignacio Loyola Vera y quien, según los informantes del Estado de México, trajo consigo a la policía municipal de Izcalli a Noé Bernardo Navarrete Valencia, El 80, el hombre que supuestamente abre paso al Cártel de Jalisco Nueva Generación, también conocidos como “Los Matazetas”.

Valentín Payán es relacionado con unas cabezas humanas enviadas en 2007 al jefe de la policía del vecino municipio de Tepotzotlán y, actualmente, está considerado como desaparecido.

Finalmente, los vecinos de Izcalli podrían tener un cártel más en la guerra que se libra en sus calles: el Cártel del Golfo, que recientemente desplegó una manta:

“Ciudadanos de Izcalli, sabemos que están hartos de la inseguridad y de los rateros que acosan cada día a la gente. Somos del Cártel del Golfo y venimos a limpiar la plaza para que usted y su familia estén tranquilos.

“Rateros, secuestradores, violadores, extorsionadores, malos funcionarios y contrarios. Más vale que se alinien (sic) porque no se va a tolerar estas conductas que laceran a la sociedad.

“Autoridades municipales, estatales, federales y ejército, la guerra no es con ustedes, déjenos trabajar y nosotros no nos metemos con ustedes.

“Empieza la limpia, déjenos trabajar y verán los resultados.

“Atte: El comandante Tigre CDG”.

Las anteriores no son las únicas pandillas del crimen organizado. Otros funcionarios públicos que solicitaron mantenerse anónimos sostienen que la industria del secuestro en la zona conurbada del Estado de México al Distrito Federal es de policías ministeriales, particularmente de miembros del grupo antisecuestros.

Y el negocio de robo de autos, aseguran, es negocio de la Policía Estatal.

“Cuando las policías municipales persiguen un auto robado, por ejemplo, los ladrones buscan el Circuito Exterior Mexiquense, una vía en que sería muy fácil detenerlos porque es una autopista urbana de cuota a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, pero no. Resulta que una vez ahí se esfuman”.

Al no funcionar como un contenedor, entonces el Circuito Exterior se convierto en una inmejorable medio de escape: sus 110 kilómetros de longitud recorren 18 municipios del Estado de México y conecta con las autopistas México-Querétaro, Chamapa-Lechería con dirección a Toluca, México-Pachuca, México-Tuxpan, Peñón-Texcoco y México-Puebla.

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En entrevista, el Alcalde de Izcalli, Karim Carvallo Delfín, apunta que los muertos de su municipio son narcomenudistas. Esto es sabido porque algunas de las víctimas habían sido detenidas y fichadas antes de su muerte.

En su versión, los vendedores históricos en el municipio, situados en las mismas colonias en que se han hallado los cadáveres, pretendieron resistirse a la incorporación obligada de los cárteles.

“Estamos muy preocupados por Michoacán y con las incursiones en Jalisco o en Sinaloa, pero se nos olvida el verdadero corazón del país: somos la entidad más poblada, con mayor parque vehicular, con más movimiento urbano y más parque logístico en toda la nación, que es el Estado de México”, dice Carvallo.

“Tenemos una condición privilegiada de tener en nuestro territorio algunas de las autopistas más transitadas del país, entre estas la México-Querétaro. Esto también ha sido atractivo para los delincuentes”.

Karim apunta a otros factores sociales para explicar el crecimiento de la violencia, el incremento del número de pobres y el rezago educativo que se exacerba en la falta de escuelas preparatorias y universidades.

“Nos falta empleo. ¿Qué hacemos con los chavos de 16 a 23 años? Estoy hablando del rango de edad de los hoy sicarios y narcomenudistas. Son los chavos a los que yo detengo y que deberían estar estudiando en una preparatoria o una universidad. Es una chamba atractiva para los jóvenes”.

Durante el año pasado, detalla el Alcalde, detuvieron a algunas decenas de pequeños vendedores de drogas y elaboraron un padrón. No utilizaban armas ni estaban involucrados en delitos más elaborados como extorsión y secuestro. La policía municipal los dejaba libres, porque solían portar no más que las cantidades admitidas para consumo personal y así evitar su procesamiento penal.

El de Izcalli era, en realidad, un sistema elemental de empresa: organizado en el sentido de que no había conflicto entre los pequeños grupos y centrado en la venta de drogas.

Por este listado es que el gobierno local sabe que los muertos esparcidos en banquetas o baleados en automóviles estaban en el negocio de las drogas desde antes de la aparición de los cárteles Jalisco Nueva Generación y del Golfo.

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Hace 20 años, el levantamiento zapatista de Chiapas, los conflictos sociales de Guerrero, el narcotráfico asentado en Morelos y la delincuencia común desborda en el Distrito Federal hacían ver al Estado de México como un remanso de calma.

Con excepción del municipio de Nezahualcóyotl, que junto con el barrio de Tepito del Distrito Federal surtía el gran mercado de drogas del área metropolitana de la Ciudad de México, la violencia relacionada con las drogas permaneció con poca visibilidad hasta la segunda mitad de la década pasada.

Existían grupos de narcomenudistas dispersos en toda la mancha urbana, pero sólo por excepción dirimían diferencias con la violencia, recurso que se abarató y extendió alrededor de 2007, cuando la Familia Michoacana y Los Zetas pretendieron extenderse hacia los municipios forcejearon por la hegemonía en municipios como Ecatepec y Coacalco.

Hoy es tan diferente la situación en la entidad original del Presidente Enrique Peña Nieto que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha incluido la porción más poblada del país en sus alertas de viajes:

“Difiera viajes esenciales a los municipios de Coacalco, Ecatepec, Nezahualcóyotl, La Paz, Valle de Chalco Solidaridad, Chalco e Ixtapaluca situados en el oriente de la gran zona metropolitana de la Ciudad de México, justo al este del Aeropuerto Benito Juárez del Distrito Federal a menos que lo haga a través de vialidades mayores. Estas áreas han observado altos niveles de crímenes e inseguridad”.

Dicho de otra manera: para la administración de Barack Obama, el sitio donde viven más de 6 millones de paisanos de su homólogo Enrique Peña Nieto no debe considerarse más que un sitio de paso de visita sólo en casos obligados o de tránsito rápido.

La alerta es la vigente y aún no considera el alza de las ejecuciones relacionadas con el narcotráfico en poniente del Estado de México, donde se ubican Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Naucalpan.

De acuerdo con un conteo de ejecuciones realizado por el diario Reforma y publicado el 13 de marzo, en ese momento Cuautitlán Izcalli era el municipio con más ejecuciones en el Estado de México.

En 2014, en el estado del Presidente se tienen registradas cerca de 170 ejecuciones y la quinta parte han ocurrido en Cuautitlán Izcalli que, con 33 defunciones entre el inicio de año y el 16 de marzo de 2014, supera los decesos del tipo registrados en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan y Chalco, los dos primeros además con mayor población que Izcalli.

La siguiente es una lista proporcionada por el Ayuntamiento de Izcalli en que se muestra la tendencia desde el inicio del problema, a comienzos del año pasado.

• 3 de diciembre de 2013: 3 ejecutados en Las Palomas (Avenida José María Morelos y Pavón)
• 9 enero de 2014: 2 ejecutados en Infonavit Norte
• 10 de enero de 2014: 4 ejecuciones en la Avenida las Torres, Colonia Los Pinos San Francisco Tepojaco; 1 ejecutado en Santa Rosa de Lima
• 7 de febrero de 2014: 2 ejecutados en Infonavit Norte
• 11 de febrero de 2014: 1 ejecutado en Infonavit Norte, cerca de la Unidad Viveros
• 12 de febrero de 2014: 3 ejecutados en Santa María Guadalupe Las Torres
• 15 de febrero de 2014: 1 ejecutado Colonia Luis Echeverría, Avenida Río Verde

Como se puede ver, en un mes, de mediados de febrero a mediados de marzo, la cifra se duplicó. Las colonias listadas son básicamente las mismas en que han ocurrido los demás asesinatos.

El hecho no debería extrañar si se atiende a los hallazgos del semanario Zeta de Tijuana en su registro de ejecuciones. Un dato interesante es que mueren más personas ejecutadas en el Estado de México que en Chihuahua, Michoacán o Sinaloa, entidades históricamente intervenidas por el gobierno federal para controlar la situación.

La publicación elaboró el siguiente cuadro de muertes violentas asociadas al narcotráfico comprendidas entre el primero de diciembre de 2012, al inicio de la administración federal de Peña Nieto, y el 31 de octubre de 2013.

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Cuautitlán Izcalli es un municipio cuyo índice de desarrollo humano es considerado como muy alto por la Organización de las Naciones Unidas. Pero, si se atiende al miedo que se percibe en el lugar, ese indicador no podría ser entendido como calidad de vida.

Durante los últimos dos meses, los habitantes han dado por ciertos los rumores sobre la instauración de un toque de queda, lo que ha sido desmentido por las autoridades, pero las personas no necesariamente creen en sus autoridades.

Las redes sociales son un avispero de temores. Es difícil no recordar el pánico colectivo propagado en ciudades de Tamaulipas y Nuevo León durante 2010, en la víspera del recrudecimiento de las guerras entre los cárteles.

Dice de manera escueta, perceptiblemente atemorizada, una persona representante de los vecinos de Cuautitlán Izcalli:

“Estoy sola en esto, las familias estamos solas en esto. No tengo ningún apoyo del Presidente municipal. Somos personas de la tercera edad y vivimos con miedo. No sabemos bien qué está pasando y no nos sentimos apoyados por nadie”.

Otros vecinos con más cercanía al Partido Revolucionario Institucional, instituto que postuló al Alcalde Karim Carvallo Delfín, condescienden con la estrategia de seguridad pública implementada por el Ayuntamiento y apelan a la responsabilidad de cada quien por evitar que sus hijos se involucren con las pandillas.

Un empresario habla: “En Cuautitlán Izcalli, desde hace unos meses, ya estamos pagando impuestos al crimen organizado. Se trata de una cuota mensual de entre 10 mil y 20 mil pesos. Sabemos que es inútil denunciar porque las autoridades están coludidas. Lo cierto es que no todos los empresarios están en condiciones de pagar y necesariamente habrá cierre de talleres y pequeñas fábricas.

“Yo, en lo personal, estoy considerando dejar el municipio. Hablo de mi negocio, porque a mi familia ya la saqué al Distrito Federal. ¿Quién diría hace 20 años que nos iríamos corriendo al DF para sentirnos más seguros? Un loco. Y pues sí, esta es una locura”.

MAQUILLAJE

Cuando alguien está decidido a ser Presidente busca todas la maneras para que un problema es su entidad no se convierta en un foco rojo y llame la atención de la opinión pública y de otras autoridades y así sucedió con los crímenes en contra de mujeres en el estado de México durante la administración del hoy Presidente Enrique Peña Nieto, considera el investigador de la Universidad de Columbia Edgardo Buscaglia, quien explica que la forma de mantenerlos ocultos ha sido clasificándolos en el fuero común.

El presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México indica que a pesar de que el Edomex ha tenido tasas mayores a las nacionales en muertes violenta de mujeres y que forman parte de la delincuencia organizada, nunca se clasificaron como tal para que no los atrajeran las autoridades federales encabezadas por un partido distinto al del PRI que gobierna en la entidad.

“La razón por la cual los federales no atraen casos del estado del ex Gobernador Enrique Peña Nieto era porque él y su partido se aseguraban de que sus casos no fuera clasificados de delincuencia organizada, pero lo eran tanto como los del Gobernador de Sinaloa.

“Pasó que el ex Gobernador Peña Nieto ya tenía una perspectiva presidenciable y no quería tener un flujo infinito de delitos que era organizados y, a través de una negociación política, esos ilícitos se mantuvieron clasificados como del fuero común” señala el académico en entrevista.

Cuando un Gobernador será Presidente, subraya, no permite que en su estado el gobierno federal  decrete que existen más feminicidios y más delincuencia organizada que en otros estados en donde ya se tiene un problema grave.

Discrecionalmente, apunta Buscaglia, se hicieron acuerdos políticos para que los casos se quedaran en el Estado de México y pasaran debajo del radar de las autoridades federales y la DEA o el FBI de Estados Unidos.

Buscaglia asegura que en el fondo son problemas de crimen organizado: “los homicidios son casos perpetrados por el Cártel de los Zetas hasta 2010 y  son casos del Cártel de Sinaloa y de los Caballeros Templarios de Michoacán a partir de 2010”.

El académico recuerda la existencia de 22 delitos clasificados como de delincuencia organizada, entre estos, secuestro y extorsión, con lo que el Estado de México es la entidad con mayor cantidad de delitos de delincuencia organizada violenta en el país, pero que se simulan detrás del fuero común.

Buscaglia contrasta: el Distrito Federal es el lugar donde más delincuencia económica organizada existe en el país, pero es “pacífica”, condición “natural” de la delincuencia organizada, pues ésta no opera con base a violencia y los conflictos armados que colocan el negocio en riesgo pues se debe dedicar mucho dinero a las actividades predatorias y lo quiere la empresa criminal quiere es el negocio.

“No se trata de atacar a las personas sino a las políticas criminales, que son políticas criminales de encubrimiento lo que hay en el Estado de México. No digo que el ex Gobernador Peña no haya tenido buena voluntad; la debió tener, pero bajo las condiciones políticas que se encontraba su grupo de poder no era factible aplicar el mismo criterio aplicado a Sinaloa, Coahuila, Chihuahua y a todos los demás estados, porque de acá saldría el próximo Presidente”.

Buscaglia recordó que al término del mandato de Peña Nieto como Gobernador, en 2011, el semanario británico The Economist lo acusó de maquillar las cifras de disminución de delitos en su entidad en su último informe de gobierno.

Mientras Peña presentó como uno de sus logros de gobierno más significativos la reducción de la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en 54 por ciento, el medio inglés calificó la información de “absolutamente falsa” al señalar que entre 2007 y 2011 este delito había aumentado 40 por ciento, según estadísticas del gobierno federal.

Esto fue reconocido parcialmente por Peña Nieto al aceptar que hubo errores de metodología pues se dejaron de lado algunas variables.

Buscaglia ha asesorado reformas judiciales y estrategia de combate y prevención del delito organizado en países de los cinco continentes y, con respecto del Estado de México, sostiene que es hora de terminar con la política de encubrimiento de sus gobernantes.

“La entidad es un área de transito muy importante que varios grupos criminales han disputado por varios tipos de negocios. Para desarrollar esas actividades criminales organizadas se requiere de protección política y esa protección política es operativa a niveles municipal y estatal.

“La mayoría de los delitos no se procesan institucionalmente y no llegan a sentencia  y si llegan, lo hacen con violaciones procesales o no tienes acceso a la justicia de manera adecuada ni asesoría jurídica adecuada, es decir, la diferentes manifestaciones de violaciones a los derechos humanos puede ser enormemente creativa”.

EL NARCO SALE POR EL ORIENTE

Al Gobernador Eruviel Ávila se le apareció el diablo. O, mejor dicho, ya lleva algunos años en el Estado de México, pero ahora anda furioso.

En realidad, la presente violencia y su parafernalia ­–torturas, decapitaciones, escritos junto a los cadáveres– era previsible desde los días en que Enrique Peña Nieto caminaba hacia la Presidencia de la República.

Las claves están en el expediente penal del caso conocido como “michoacanazo” por el que fueron a prisión decenas de funcionarios municipales y estatales de la pasada administración pública en Michoacán.

Si bien todos los funcionarios resultaron exonerados ­por las acusaciones, no sin ausencia de controversia, el documento permite ver que la Procuraduría General de la República del panista Felipe Calderón no sólo estuvo en capacidad de colocar en el berenjenal político y judicial al perredista Leonel Godoy, sino también al priista Enrique Peña Nieto.

Santo y seña de cómo el diablo ya andaba por ahí y cómo las autoridades lo sabían quedaron asentados en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/205/2009 la causa penal 02/2009-II instruida por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Nayarit, y el toca penal 576/2009 resuelto por el Tribunal Unitario de Circuito de la Séptima Región.

SinEmbargo posee copia completa de estos documentos.

 

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El Estado de México satisface tres intereses fundamentales del narcotráfico: posee, al sur, un territorio apto por clima, orografía y pobreza para la producción de marihuana, amapola y metanfetaminas; es una zona propicia para el tránsito aéreo y terrestre; al contener la mayor población del país, posee también el mayor mercado consumo potencial interno distribuido en dos de las mayores zonas metropolitanas, el Valle de México y el Valle de Toluca, y es un haz de ejes de conexiones terrestres y aéreas.

Grandes porciones de su clase política han sido señaladas por la corrupción y cuenta con una compleja diversidad geográfica y de fronteras: colinda con Michoacán [territorio de guerra pasada entre La Familia, Caballeros Templarios y Zetas y ahora de los grupos de autodefensa], Guerrero [se añaden los Beltrán Leyva, el Cartel del Pacífico Sur y otros de características más locales, como Guerreros Unidos], Puebla [avance de Zetas y El Golfo de Veracruz hacia el centro], Morelos [en guerra interna de las fracturas de los Beltrán Leyva y disputa con Los Chapos] y Querétaro. Por si fuera poco, es puerta de entrada y salida de la capital mexicana.

En los mapas elaborados por las agencias antidrogas y de inteligencia estadounidenses se establece presencia de todas las agrupaciones criminales en el Estado de México y el Distrito Federal. La diferencia, por ahora, es que en la capital apenas asoma la violencia.

No todo el crimen organizado en suelo mexiquense ha sido importado. Algunos grupos son de conformación propia. Uno es el llamado Cártel de Neza, con la peculiaridad de tener como cabeza a una mujer, Delia Patricia Buendía Ma Baker; uno más es el llamado Cártel del Centro y, otro más, La Mano con Ojos. Ninguno ha tenido mayor relevancia. Algunos de sus integrantes, por ejemplo, obtienen armamento asaltando policías municipales solitarios y desprevenidos. Sin embargo, la diferencia con la delincuencia común es fundamental: quienes asumen la etiqueta del narco también mutilan, clavan mensajes en el pecho de sus ejecutados o los cuelgan de puentes vehiculares.

“En la Ciudad de México, el crimen organizado sí está organizado, en los demás sitios es un crimen desorganizado y por eso ocurre la violencia que a nadie conviene”, apuntala el experto y asesor de la ONU en el tema Edgardo Buscaglia.

No todo el crimen organizado en suelo mexiquense ha sido importado. Algunos grupos son de conformación propia. Uno es el llamado Cártel de Neza, con la peculiaridad de tener como cabeza a una mujer, Delia Patricia Buendía Ma Baker; uno más es el llamado Cártel del Centro y, otro más, La Mano con Ojos. Ninguno ha tenido mayor relevancia. Algunos de sus integrantes, por ejemplo, obtienen armamento asaltando policías municipales solitarios y desprevenidos.

Sin embargo, la diferencia con la delincuencia común es fundamental: quienes asumen la etiqueta del narco también decapitan, mutilan, clavan mensajes en el pecho de sus ejecutados o los cuelgan de puentes vehiculares.

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Cuando “Ricardo”, un testigo protegido, declaró durante 2008 y 2009 respecto del caso conocido como “michoacanazo”, el jefe de La Familia Michoacana era el recién detenido Dionisio El Tío o El Licenciado Loya. Originario de Apatzingán, tenía por funciones la compra funcionarios de todos los niveles, preferentemente policías. También coordinaba con todos los partidos políticos la selección de los candidatos y sus colaboradores en las diferentes presidencias municipales, no solamente en Michoacán.

Subordinados a él, en los tiempos de la propagación michoacana al Edomex, estaban Jesús El Chango Méndez, ya detenido; Servando La Tuta Gómez, entonces encargado de Arteaga y Lázaro Cárdenas y ex capitán del Cártel del Golfo, grupo del que se desprendieron los militares de élite que asumieron el nombre de Zetas y cuyo líder, Heriberto Lazcano, envió a un tamaulipeco como encargado de la Plaza de Lázaro Cárdenas.

En mayo de 2007, antes de la ruptura, La Familia Michoacana designó a Saúl Solís El Lince, un ex jefe policíaco y candidato ganador a una diputación federal por el Partido Verde, como su encargado en el Estado de México y el DF. La misión era controlar la distribución y venta de cocaína, marihuana e ice; cobrar cuotas de protección a propietarios de bares, discotecas, lotes de autos y vendedores de discos piratas, y eliminar a cuanto Zeta y Beltrán Leyva se pudiera.

La decisión se tomó en un rancho de La Familia, cerca de Nueva Italia, en Michoacán. La avanzada al Estado de México colocó a El Lince como el inversionista inicial para el pago de sicarios, compra de vehículos, armas y drogas. La inversión se recuperaría con secuestros y venta de droga en la misma plaza. Funcionó algunos años, hasta que El Lince fue capturado en septiembre de 2011, pero ya no como enviado de La Familia, sino como lugarteniente de Los Caballeros Templarios.

Del emplazamiento de Solís al Estado de México –y la obligada guerra que vendría– el gobierno federal supo por las declaraciones de un hombre apodado El Chino dentro del legajo del michoacanazo.

En el documento se lee que un hombre joven de nombre Marco Antonio Vázquez y apodo El Chino se hizo narco en Coacalco, Estado de México. Lo detalló él mismo ante el ministerio público federal el 9 de junio de 2009. Tiempo atrás, se unió a La Familia Michoacana por invitación del Cuervo, un hombre a quien conoció a través de Ángel Arellano Flores, entonces delegado de Combate a la Delincuencia de la procuraduría mexiquense en Ecatepec.

La Familia necesitaba gente en Coacalco para identificar tienditas de droga y averiguar su pertenencia. El Chino obtuvo el empleo en el nivel más bajo, con sueldo de 8 mil pesos mensuales. La primera lección sobre el significado de la lealtad llegó rápido. La Familia ejecutó al Cuervo cuando se enteró que éste le robaba. El destino del comandante Ángel Arellano no fue muy distinto: cinco tiros frente a su esposa mientras compraba tamales el 24 de septiembre de 2008, el primer día en que el ejército entró al estado de México para pelearse con el narco.

El Chino pertenecía a una región de la mafia michoacana que incluye Coacalco, Tultepec, Tultitlán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Naucalpan, donde opera un centenar de mafiosos divididos en al menos 10 células. Por ejemplo, la célula de Jeanluca, cuenta con un abogado que paga o pagaba los sobornos a funcionarios mexiquenses. La nómina asciende a 1.5 millones de pesos. El grupo del Roski levantaba y ejecutaba vendedores de droga que no trabajan para La Familia.

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Los matones del Chino estaban encarnizados con una familia de policías apellidados Martínez de la Vega.  El 29 de noviembre de 2008, emboscaron a Ernesto, oficial de Coacalco. En febrero de 2009 siguió su hermano Mario, pero sobrevivió al único balazo que le acomodaron. En abril tocó turno a Roberto, policía municipal de Ecatepec y, hasta poco antes de que le metieran 90 tiros de AK–47, escolta del polémico obispo Onésimo Cepeda antes de su retiro.

La razón de La Familia Michoacana era simple e imperdonable. Los hermanos Martínez de la Vega no eran más que Zetas vestidos de azul. Todo esto durante el segundo gobierno municipal del hoy Gobernador Eruviel Ávila, a su vez político de la mayor cercanía con el obispo Cepeda.

Los demonios andaban sueltos. Las células de Francisco Calderón Ceja El Riata y El Nico ejecutaron al secretario particular del Presidente municipal de Coacalco, Eduardo Manzur, en diciembre de 2008. Un tipo identificado como El Zopilote explicó que el empleado de gobierno también trabajaba para Los Zetas.

La nómina de La Familia Michoacana incluiría al coordinador de la Agencia de Seguridad Estatal en Coacalco, un comandante de apellido Castillo. En el municipio de Melchor Ocampo, el hermano del Presidente municipal recibiría dinero para controlar a la policía municipal. También estarían comprados algunos jefes policíacos de Jaltenco, Nextlalpan, Zumpango y Tonanitla.

En la policía ministerial del estado, La Familia tendría un empleado de apellido Albarrán y a otro llamado Noé Alarcón. Además, se habían metido a la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo de Ecatepec a través de los bolsillos de un comandante de la ministerial y un policía federal. No se revelaron los nombres: no hubo investigación.

El Chino fue detenido en el Distrito Federal y declaró todo. Hasta que lo habían asaltado los mismos policías federales que lo presentaron ante el ministerio público. Se dijo despojado de 16 mil pesos, un anillo de oro blanco con un zafiro estrella y dos brillantes, dos cadenas Cartier de oro con imágenes de Cristo.

El procurador Jesús Murillo nada o casi nada ha explicado de la situación en el Estado de México, donde el diablo ya andaba desde que ahí gobernara el Presidente Peña Nieto y quien apenas ha insinuado su preocupación por el asunto. *