Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo/Pulso).– El procurador General de Justicia del Estado, Miguel Ángel García Covarrubias confirmó que el espionaje telefónico es un delito grave, por lo que ya se investiga el caso del ex director de Seguridad Pública del Estado, José Luis Urban.
Tras las declaraciones de los representantes del IPAC, la Barra de Abogados, la Facultad de Derecho y de la Arquidiócesis potosina, que señalan que “el espionaje violenta los derechos humanos y no es aceptable que se den estas prácticas, además de que es muy preocupante el hecho de hacer mal uso de los equipos de intervención de dispositivos móviles”, el funcionario confirmó que efectivamente se trata de un delito grave que ya se está investigando.
García Covarrubias dijo que a todos les preocupa la intervención telefónica porque viola los derechos humanos, por lo que informó que ya se trabaja en coordinación con la Procuraduría General de la República, para investigar este delito.
Declaró que la Procuraduría General de la República (PGR) es la única facultada para autorizar la intervención de llamadas, y como se trata de un delito federal, se trabaja de manera coordinada para investigar al respecto.
Refirió que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que las intervenciones de comunicaciones privadas podrán ser autorizadas únicamente por los jueces de Distrito, a petición de la autoridad federal que faculte la ley, en este caso el Procurador General de la República o el titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR, tal y como lo establece la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Además, el delito de “intervenciones de comunicaciones privadas” está previsto y sancionado en el artículo 177 del Código Penal Federal, que prevé: “A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa”.
García Covarrubias reiteró a la población que el trabajo que realiza la institución, ha sido siempre apegado a la legalidad y al respeto irrestricto de los derechos humanos, por lo que dijo que es necesario investigar las intervenciones telefónicas realizadas sin mandato judicial.
