[NdeR: El fact checking o verificación de hechos ha sido retomado masivamente en el mundo. Sobre todo en la prensa de Estados Unidos, donde tienen un Presidente que acostumbra hablar –diríamos los mexicanos– sin los pelos de la burra en la mano. O con mentiras. La Unidad de Datos de SinEmbargo lanza este ejercicio, llamado simplemente “Dichos y Hechos”, para revisar frases, afirmaciones o documentos de figuras públicas para saber si están sustentados.]
EL DICHO: “Las recientes capturas de ex gobernadores [Tomás Yarrington y Javier Duarte] requeridos por la justicia son un mensaje firme y contundente del Estado mexicano contra la impunidad […]. La localización fue gracias al intercambio de información y trabajo coordinado de instituciones del Gobierno mexicano con las de otros países” (Enrique Peña Nieto, Presidente de México, durante la toma de protesta de la nueva directiva del Congreso del Trabajo, en Los Pinos, 17 de abril de 2017).
EL HECHO: El ex Gobernador de Tamaulipas (1999-2004), Tomás Yarrington Ruvalcaba, acusado por el Gobierno federal por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de tener cargos en Estados Unidos (desde 2012) por extorsión y narcotráfico, fue detenido el 9 de abril en Florencia, Italia. De acuerdo con un comunicado de prensa de la Procuraduría General de la República (PGR), la detención de Yarrington “fue exitosa gracias a la colaboración de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como de las autoridades del gobierno de Italia”. La dependencia también asegura que su detención “se logró con motivo de la ficha roja solicitada a la Interpol por contar con una orden de aprehensión librada por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas”. La orden de aprehensión en contra del ex mandatario fue librada desde 2012, y desde entonces, no había podido ser ejecutada.
Sobre el caso de Javier Duarte de Ochoa, el ex Gobernador de Veracruz (2010-2016) quien se mantuvo prófugo de la Ley por casi seis meses (del 14 de octubre de 2016 al 15 de abril de 2017, cuando fue detenido en Guatemala), la PGR informó vía un comunicado que “como resultado de las investigaciones realizadas por las dependencias que integran el gabinete de seguridad del Gobierno de la República y con el apoyo de la Oficina Central de Interpol en Guatemala, Javier Duarte de Ochoa fue localizado y detenido con fines de extradición en el Municipio de Panajachel, Departamento de Sololá, en ese país”. Y añadió, “la Procuraduría General de la República pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores que, por vía diplomática, se presentara la solicitud de detención provisional con fines de extradición del ex Gobernador de Veracruz al Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco este 15 de abril de 2017”.
#DichosyHechos dice que las detenciones de los ex gobernadores priistas Tomás Yarrington Ruvalcaba y Javier Duarte de Ochoa no reflejan de manera “firme y contundente” la lucha del Estado mexicano contra la impunidad, como mencionó en días recientes el Presidente de la República. Esto porque…
• La versión de las autoridades italianas sobre el caso Yarrington: En un comunicado emitido por las autoridades italianas se lee que “la Policía de Italia capturó a Tomás Yarrington, de 60 años, prófugo desde 2012, condenado a dos sentencias de cadena perpetua y buscado a nivel internacional por Estados Unidos” –no por México–. Ese mismo documento precisa que, las actividades de localización y captura del político tamaulipeco por parte de la policía italiana, dieron comienzo en febrero de 2016, “a raíz de informaciones aportadas” por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a través de la División de Cooperación Internacional. Nuevamente, las autoridades mexicanas no son mencionadas. ¿Entonces, dónde quedó el esfuerzo y la cooperación de las autoridades mexicanas para detener a Yarrington? De acuerdo con la información difundida sobre el caso, México habría solicitado a Estados Unidos que reforzara el pedido internacional de captura de Yarrington, y según las autoridades estadounidenses, la aprehensión del ex Gobernador se dio como parte de un pedido del Gobierno mexicano.
Es decir que, para las autoridades italianas, los estadounidenses hicieron la petición internacional y proveyeron la información necesaria para la captura de Tomás Yarrington. Para las autoridades estadounidenses, la búsqueda se habría realizado, en parte, a petición del gobierno mexicano. Hasta aquí no hay prueba alguna del “mensaje firme y contundente del Estado mexicano contra la impunidad”, como dijo ayer el Presidente Peña Nieto. Es más, cabe recordar que fue hasta el 22 de noviembre de 2016, luego de que Hilda Tagle, Juez de la Corte del Distrito Sur de Texas, aprobara la causa penal B-12-431-S1 en contra de Yarrington, que la PGR dio a conocer, a través de una publicación del Diario Oficial de la Federación, una recompensa de 15 millones de pesos para quien aportara datos que dieran con el paradero del ex mandatario priista. Por lo anterior, la localización de Yarrington parece ser más mérito de Estados Unidos y de Italia -que movilizó a tres fuerzas de Seguridad Pública-, que de la actual administración mexicana.
• El “claro” compromiso de EPN contra la impunidad: En febrero de 2012, cuando Yarrington ya era investigado por tener nexos con el crimen organizado, el entonces candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto, cuestionó las acusaciones en contra del ex Gobernador de Tamaulipas, afirmando que se trataba de “una filtración en plena campaña electoral”. Sin embargo, por las razones que hayan sido -presión pública y electoral, por ejemplo-, a finales de mayo de ese año, Peña Nieto reconoció que el tamaulipeco debía asumir y enfrentar los cargos en su contra ante las autoridades competentes.
• Las demoras en el proceso de Javier Duarte: El domingo pasado, en conferencia de prensa, la PGR confirmó que “tras una denuncia interpuesta por la Auditoría Superior de la Federación [ASF] fue que se inició la investigación y posterior captura de Javier Duarte”. La delación que habría iniciado las investigaciones en contra de Duarte, por los delitos de enriquecimiento ilícito o peculado, desvío de recursos públicos e incumplimiento del deber legal, habría sido interpuesta en 2014 por la ASF. Sin embargo, fue hasta dos años más tarde (el 14 de octubre de 2016) que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Norte, liberó la orden de aprehensión contra Duarte “en los autos de la causa penal número 97/2016, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, como refirió la PGR en un comunicado de prensa.
Al respecto, en entrevista con SinEmbargo, Thelma Aldana Hernández, Fiscal General de la República de Guatemala, explicó que a pesar de que esa “orden de aprehensión tuvo alerta roja a nivel de Interpol, que incluye a Interpol Guatemala”, y que, “por supuesto, de alguna manera cualquier país podía verificar si se encontraba o no en su territorio esta persona [por orden de Interpol]”, aún así, “la solicitud de aprehensión con fines de extradición no se podía hacer antes, sino hasta el momento que el Ministerio Público de Guatemala, a través de la Cancillería recibió esta nota verbal de la Embajada de México acreditada en Guatemala”. Esto fue el mismo día de la aprehensión, o bien, el 15 de abril de 2017.
Lo anterior refiere que, pese a que las autoridades mexicanas solicitaron la colaboración de la Fiscalía General de la República de Guatemala, y a pesar de que el Gobierno federal realizó un operativo para la captura de Duarte de Ochoa en conjunto con la Policía Nacional Civil guatemalteca -por conducto de su división de policía internacional: la Interpol en Guatemala-, la detención no pudo realizarse antes ya que, por alguna razón, la PGR, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no había solicitado la detención provisional con fines de extradición del ex mandatario veracruzano.
Algo similar sucede con los familiares de Duarte, mismos que según la PGR están libres de cargos y procesos -aunque siguen bajo investigación oficial-. Ellos no podrían ser detenidos o investigados por las autoridades guatemaltecas salvo por una petición por parte del Gobierno mexicano, o bien, de la PGR.”El Ministerio Público de Guatemala no es ente investigador en este caso, podemos colaborar con la Procuraduría General de la República de México si nos lo solicita a través de una asistencia legal, los mecanismos legales correspondientes”, explicó la Fiscal de Guatemala.
• La duda de algunos críticos sobre la detención de Duarte: Son varias las voces públicas que no ven con buenos ojos la repentina captura del ex Gobernador de Veracruz, y en su opinión, más que una seña de lucha en contra de la corrupción y la impunidad, se trata de una jugada destinada a garantizar la victoria del Partido Revolucionario Institucional en las elecciones de este año. Para el obispo Vera, la captura del ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa en Guatemala, se debe a los procesos electorales a los que se someterán varios estados y el resto del país en 2017 y 2018. “Existe por parte de las autoridades una urgencia en demostrar que el sistema está funcionando y es confiable, con la intención de obtener resultados favorables en las elecciones que se llevarán a cabo en los estados de Coahuila, Veracruz, Nayarit, y Estado de México”, dijo el clérigo en días recientes, al dar inicio con su tradicional ceremonia en los Cereso Femenil y Varonil de Saltillo, con motivo de pascua. Además, el líder del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador, escribió ayer en Twitter que la detención de Duarte es “una simulación” de que el Gobierno combate la corrupción. Por su parte, Josefina Vázquez Mota, candidata blanquiazul al gobierno del Estado de México, dijo por medio de un comunicado “qué casualidad que Duarte es atrapado justo en época electoral, pero esto no les va a funcionar a la camarilla, la gente está harta y ya no les cree”. Así como estas, las expresiones de duda y exigencia para que aquellos acusados de corrupción, además de Duarte, sean llevados ante la justicia, son varias; ya sea desde la sociedad civil o desde la oposición. Para el Consejo Coordinador Empresarial, la detención de Javier Duarte “debe seguirle un proceso legal ejemplar: claro, transparente y con estricto apego a la ley, sin ningún espacio para la impunidad”. Asimismo, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, denunció, a través de su cuenta de Twitter, que Javier Duarte “no pudo robar todo lo que se robo sin la existencia de una red de corrupción”. “Es importante la detención de Duarte, pero no es un éxito de las instituciones’’, agregó Rivas.
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¿Verdad o mentira? MENTIRA. El Presidente Enrique Peña Nieto puede decir que las capturas de Yarrington y Duarte reflejan con claridad los embates del Estado en contra de la impunidad. Sin embargo, algunos hechos sobre ambos casos indican que los esfuerzos del Gobierno federal son menores a los que presume, además que, en ciertos aspectos, su participación en los procesos de investigación y detención no es contundente.
