La corrupción en México debe atacarse de raíz y debe ir más allá de arrestar a ex gobernadores, coincidieron expertos en rendición de cuentas. Advirtieron que la ubicación y arresto de Duarte en Guatemala se reducirá solo a un golpe mediático si continúan intactas las causas que permiten la corrupción a nivel estatal. Expusieron que las recientes capturas han sido motivadas más por calmar la molestia social que los respectivos escándalos generaron que por un interés de justicia. La lista de ex mandatarios en el ojo del huracán no acaba con los cuatro anteriores, pues el ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte, está prófugo desde marzo pasado bajo acusaciones de la Fiscalía estatal de que él y su equipo desviaron recursos por hasta 324 millones de dólares en sus seis años de administración.

México, 18 de abril (Xinhua) — México continuará padeciendo de graves casos de corrupción mientras no se modifique el sistema que facilita a los políticos abusar de su puesto, como el recién capturado ex Gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, dijeron a Xinhua expertos en rendición de cuentas.

El profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Mauricio Merino, advirtió que la ubicación y arresto de Duarte en Guatemala, este 15 de abril, se reducirá solo a un golpe mediático si continúan intactas las causas que permiten la corrupción a nivel estatal.

“Se pueden hacer fortunas estratosféricas, como en el caso de Javier Duarte, porque existen mecanismos laxos de la administración pública, deficiencias administrativas de controles ciudadanos, ausencia de mecanismos de vigilancia social y discrecionalidad con el manejo de los recursos públicos”, enumeró el politólogo.

Duarte se convirtió a últimas fechas en la cara más visible de la deshonestidad en México por presuntamente desviar millones de pesos de recursos de Veracruz, pero es el cuarto ex Gobernador detenido o enjuiciado desde noviembre pasado por daños al erario o ligas con el crimen.

El primero en caer fue el ex Gobernador del estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías, encarcelado en noviembre pasado bajo sospechas de que desvió y lavó 9,6 millones de dólares para uniformes escolares, y de que blanqueó otros 8,8 millones de dólares cuyo origen no demostró al fisco.

En enero le tocó turno al ex Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, enjuiciado en libertad por peculado y daño contra el patrimonio, por hasta 169 millones de dólares, ante cargos de que su equipo dio incentivos y exenciones ilegales a una armadora de autos para que instalara su fábrica.

Después de cuatro años prófugo de las justicias de México y Estados Unidos, el ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, fue arrestado en Italia el 9 de abril por supuestamente recibir sobornos de cárteles de la droga, entre otros graves delitos.

Merino aseguró que no basta con la caza de “peces gordos” para frenar o inhibir la corrupción, que calificó como un mal endémico en el sistema político actual de México.

Expuso que los gobiernos de los estados siguen sin instaurar un servicio profesional de carrera para que los puestos sean ocupados por profesionales y no por conocidos de los gobernantes, ni hacen esfuerzos por abrir al escrutinio público la información de ingresos y gastos.

Tampoco han avanzado en el diseño de sus sistemas estatales anticorrupción o modificado reglas para impedir conductas deshonestas en la concesión de permisos o contratos, entre otros aspectos, abundó el experto.

“Me parece un despropósito que se quiera simular que se combate la corrupción sin hacer ningún cambio en el sistema administrativo y político del país, que es el agua en el que estos peces gordos crecen, se desarrollan y se alimentan”, sostuvo Merino.

Duarte se encontraba prófugo desde el 14 de octubre pasado, cuando un juez federal en la Ciudad de México ordenó su arresto por delincuencia organizada y lavado de dinero, ambos ilícitos graves en el país.

La Procuraduría General de la República (PGR) lo acusa de malversar los recursos durante su gobierno, de 2010 a octubre pasado, a través de testaferros y empresas fantasma para adquirir bienes raíces en México, Estados Unidos y España.

La lista de ex gobernantes en el ojo del huracán no acaba con los cuatro anteriores, pues el ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte, está prófugo desde marzo pasado bajo acusaciones de la fiscalía estatal de que él y su equipo desviaron recursos por hasta 324 millones de dólares en sus seis años de administración.

Por su parte, el ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, se encuentra sujeto a pesquisas federales y estatales por una presunta malversación de fondos, lavado de dinero y venta ilegal de terrenos propiedad del estado, según las versiones oficiales.

“Se tiene que hacer un cambio de diseño institucional y tomar medidas preventivas, no solo actuar ya que se ha llevado a cabo un proceso de depredación de los recursos de la sociedad”, coincidió el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva.

Ejemplificó que deberían de introducirse a nivel de ley exámenes de control de confianza a candidatos a cualquier puesto de elección popular, como una medida preventiva para conocer si son deshonestos o consumen drogas.

Las recientes capturas de ex gobernadores por parte de las autoridades federales o estatales han sido motivadas más por calmar la molestia social que los respectivos escándalos generaron que por un interés de justicia, criticó el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Manifestó que entre la sociedad queda la sensación de que el gobierno federal concretó el arresto de Duarte para demostrar que actúa contra los corruptos de cara a elecciones a gobernador del central estado mexicano de Veracruz, el más poblado del país, este próximo 4 de junio.

“Para combatir la corrupción se tendría que hacer muchísimo más. Hay un problema grave en el país y lo vemos con la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción, que no tiene ni siquiera a su fiscal”, sostuvo Villanueva.