Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).– La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) en su artículo 458 señala: “Los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas de infracciones cometidas por los sujetos del régimen sancionador electoral considerados en este Libro Octavo, serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones aplicables, cuando sean impuestas por las autoridades federales, y a los organismos estatales encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación cuando sean impuestas por las autoridades locales”.

Es decir, que los montos provenientes de las multas derivadas del procesos electoral serán destinados a un organismo que sufrió un recorte significativo y recibió 33 mil 706 millones de pesos para su ejercicio anual, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.

Pero, ¿de dónde pagan los partidos estas multas? De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los institutos políticos deben recibir un financiamiento público cada año que se divide en tres partes cuando hay proceso electoral: gastos ordinarios, gastos para campaña y otros, dentro de este presupuesto destinado, los partidos deben pagar sus sanciones.

Para este año se destinó un presupuesto de 5 mil 356 millones 771 mil 247 pesos. La cantidad incluye recursos para actividades ordinarias (3 mil 909.5 millones de pesos), mil 172.8 millones para gastos de campaña y 117.2 millones para actividades específicas como educación cívica e investigación; además incluyó 156.3 millones para franquicias postales 156.3 millones de pesos y 693 mil pesos para franquicias telegráficas que se reparten entre los partidos con registro. De éstas, los partidos políticos pagan sus sanciones económicas.

“El dinero siempre sale del contribuyente, pero es presupuesto que de todos modos los contribuyentes lo tenemos que aportar porque si no sirve para pagar multas servirá para otra cosa, cualquier partido paga sus sanciones con su financiamiento público”, dice el analista electoral Eduardo Huchim May.

En pocas palabras, los recursos que se destinarán a Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y a los centros de ciencias de los estados provienen de los impuestos de los mexicanos. Aunque no es la manera más óptima de decirlo, así es, expone Esteban Santamaría, coordinador del Observatorio Ramo 38: “Todo el recurso del Conacyt, del INE, de los partidos, básicamente vienen de los impuestos. Ahí es curioso mencionar que las pocas cosas que no se recortaron fue precisamente el presupuesto a los partidos, y al Conacyt sí le recortaron. Entonces vienen [las multas] de la prerrogativas que recibe cada año el partido”.

Ramo 38 es una iniciativa ciudadana que busca precisamente hacer el seguimiento del proceso electoral 2014-2015 para verificar el cumplimiento a lo establecido por el artículo 458 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el tratamiento que se le dará a estos ingresos.

Se llama así porque el RAMO 38 es el conjunto de aportaciones que se establecen el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), entre las que se encuentran las destinadas al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y con base a la Reforma Electoral 2014 existirán recursos derivados de las multas electorales que formarán parte este rubro.

“Este proyecto pretende generar el empoderamiento que hace falta para generar ese cambio que pedimos pero que a veces poco hacemos, este proyecto y esta página está diseñada para precisamente las personas que no tienen un conocimiento profundo del proceso electoral, pero que sí les interesa el tema de ciencia y tecnología, entonces pedimos los cambios, pero la única manera de generar el cambio es precisamente la adquisición y a través de la participación ciudadana. Todos los interesados que han sido beneficiados o que pretendan adquirir para generar este empoderamiento ante la política económica partidista y la agenda estatal políticas públicas del país”, afirmó Santamaría.

LA VIDA DE LAS MULTAS

Hasta mayo de 2015, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha recibido más de 16 mil asuntos por resolver y aunque no todos han derivado en sanciones económicas y no todos han sido resueltos, el trabajo de los magistrados ha sido arduo.

Las multas aprobadas por el Consejo General del INE deben –si son impugnadas– ser ratificadas por el TEPJF. Ésta es una de las complicaciones que se ha encontrado el Observatorio Ramo 38 para llevar un registro de cuáles son los montos ya destinados al Conacyt para el 2016, de acuerdo con los nuevos lineamientos emanados de la Reforma Político-Electoral de 2014 porque la información no siempre está a la mano.

“Básicamente el camino es que se determinan las sanciones por los supuestos que establece la ley, en este caso la Ley General de Institutos y Procedimientos Electorales, una vez que están determinadas todavía el infractor puede recurrir este sanción, la recurre ante el Tribunal Electoral. Entonces pueden pasar dos cosas: hay un tiempo y plazo en la ley depende el tipo de sanción, sino recurre en ese tiempo la sanción queda en firme en ese caso sería las que se van a entregar a Conacyt. El otro camino es que recurren la sanción y entonces el Tribunal Electoral revisa el asunto y si lo considera pertinente puede confirmar la sanción, pedir una modificación de la sanción o revocar la sanción que se haya determinado”, explica Esteban Santamaría, abogado y Maestro en Derecho Económico graduado con Cum Laude de la Autónoma de Puebla, y también es Maestro en Derecho de la Propiedad Intelectual por la George Washington University.

Según lo que establece la ley, cuando son sanciones derivadas del procedimiento federal electoral ese dinero va al Conacyt cuando son derivadas de sanciones estatales esos montos van a los consejos locales de ciencia y tecnología; sin embargo, aun cuando sean de carácter estatal, si las sanciones son definidas por el Consejo General del INE, por ejemplo el tema de fiscalización, las sanciones irán al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Una vez ratificadas las multas, el camino es el mismo que cualquier otra sanción. Ese dinero lo toma Tesorería de la Federación, se lo envía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Hacienda es quien determina cuánto es el presupuesto anual.

Asimismo para pagar las multas, explica Eduardo Huchim, “desde principio de año a los partidos se les determina un presupuesto que siempre va a la alza porque dependen el salario mínimo y el padrón electoral que obviamente los dos van a la alza, entonces en enero se les fija a los partidos de acuerdo con estas disposiciones constitucionales el financiamiento público que les corresponde para ese año, cuando se producen las multas los montos de éstas son deducidas del financiamiento que les corresponde a los partidos”.

¿PARA QUÉ PODRÍAN SERVIR ESAS MULTAS?

Esteban Santamaría está convencido que México debe transitar a una nueva economía, a la que llaman “economía del conocimiento”, porque definitivamente uno de los elementos para el crecimiento y el desarrollo del país está en la educación, en la ciencia y la tecnología y basta ver cómo países como Estados Unidos, Corea y Japón han invertido precisamente en esta área.

Sin embargo, en el país hay una diferencia entre el discurso político y la realidad, y tal es el caso del recorte presupuestal que sufrió el Conacyt, por eso consideran pertinente que se estableciera en la Reforma que el recurso de las multas debía ir a la ciencia y tecnología. En este aspecto destaca que no sólo por obtener el dinero para fomentar esta área, quizá el Conacyt lo va a utilizar para impresoras o lo va utilizar para comprar toners, por lo que en Ramo 38 también plantean hacer propuestas par verificar que sí se esté invirtiendo este recurso.

Hasta el momento, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha recibido el mayor número de multas económicas (y más altas). Aunque aún faltan por confirmar algunas sanciones que fueron impugnadas ante el Tribunal Electoral, el Partido del Tucán acumula un monto de cerca de 150 millones de pesos en infracciones por sobreexposición y propaganda ilegal.

Apenas el pasado 13 de mayo, el Consejo General del INE aprobó multar al PVEM con 322.4 millones de pesos, pero previamente el partido anunció que impugnaría esta sanción.

De acuerdo con el Observatorio Ramo 38, la multa de 76 millones de pesos por los que sancionaron al PVEM serían equivalentes a:

El 27 de marzo se publicó en la página del Tribunal Electoral el acumulado de las sanciones determinadas al mismo Partido Verde, monto que ascendía a más de 169 millones de pesos. Si estas sanciones quedaran firmes esto es lo que representarían y de lo que se podría hacer con ese dinero:

Con la sanción determinada el 13 de mayo por el Consejo General del INE de más de 322 millones de pesos, se podrían obtener diversos beneficios, por ejemplo seguimos con las becas, por lo que se presenta un estimado del equivalente con esa suma:

Los montos considerados son un supuesto del apoyo para Doctorado de 12 mil 618.00 pesos mensuales durante 48 meses; para Maestría de 9 mil 463.50 pesos

A decir de Eduardo Huchim si las sanciones se aplicaran en sus reales dimensiones, el Conacyt tendría un aumento presupuestal importante: “Claro, de que lo gasten los partidos a que lo gaste el Conacyt, yo prefiero que lo gaste el Conacyt, por lo menos ese consuelo le queda al contribuyente”.