[NdeR: El fact checking o verificación de hechos ha sido retomado masivamente en el mundo. Sobre todo en la prensa de Estados Unidos, donde tienen un Presidente que acostumbra hablar –diríamos los mexicanos– sin los pelos de la burra en la mano. O con mentiras. La Unidad de Datos de SinEmbargo lanza este ejercicio, llamado simplemente “Dichos y Hechos”, para revisar frases, afirmaciones o documentos de figuras públicas para saber si están sustentados.]
EL DICHO: “Señoras y señores representantes de los medios de comunicación… y me permito llamarles aquí, a quienes están presentes, amigos, porque este ha sido un gobierno que se ha distinguido precisamente por ser respetuoso de la libertad de expresión” (el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, durante la conferencia de prensa sobre “Acciones para la Libertad de Expresión y para la Protección de Periodistas y Defensores”, del 17 de mayo de 2017).
EL HECHO: Ayer, el Jefe del Ejecutivo federal aseveró que “lucharé hasta el último día de mi mandato, a fin de fortalecer las condiciones para el ejercicio pleno del periodismo”. Así la mención luego de suscitado el más reciente asesinato de un periodista (Javier Valdez Cárdenas) en territorio nacional, cuya indignación no dejó de hacerse manifiesta inclusive en el recinto (Los Pinos) en el que Peña Nieto dirigió su discurso. Allí, mientras los representantes de la clase política guardaban un minuto de silencio como símbolo de respeto, algunos de los comunicadores asistentes se evocaron desde el enfado al proferir “¡justicia, no más discursos!”. La “profunda herida” -como dijo el señor Presidente- no ha sanado… pero desde hace muchas décadas. Y hoy, en repercusión por la guerra contra el narcotráfico, iniciada un sexenio antes, la escalada de agravios y homicidios en contra de periodistas y defensores de Derechos Humanos, no cesa. La ciudadanía y el gremio claman resultados, y hasta ahora, las condolencias, la “solidaridad” y el “compromiso” del Gobierno mexicano -en sus tres niveles-, no han servido para aminorar el problema. De acuerdo con la organización Artículo 19, del 1 de diciembre de 2012 -fecha en que EPN tomó posesión de su cargo- al 31 de septiembre de 2016, se han registrado cuando menos 1 mil 367 agresiones contra periodistas. Es decir, en poco menos de cuatro años, el gobierno de Peña Nieto acumula el 75 por ciento de todos los casos de agresiones contra periodistas, documentados entre 2009 y 2015, periodo en el que fueron registrados 1 mil 832 casos.
#DichosyHechos no concuerda con lo expresado por el Presidente Peña Nieto acerca de que su gobierno se ha distinguido “por ser respetuoso de la libertad de expresión”. Los siguientes datos no lo corroboran.
· La “casa blanca” y Aristegui: En julio del año pasado, circuló un video en el que la periodista Carmen Aristegui aseveró ser víctima “de acoso, hostigamiento y persecución judicial”, a raíz de la investigación de la denominada “casa blanca”, una propiedad valuada en cerca de 86 millones de pesos (al tipo de cambio de julio de 2016), ubicada en la lujos colonia Lomas de Chapultepec, registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro -una empresa del Grupo Higa, mismo que edificó obras millonarias en el Estado de México, cuando Peña Nieto fungía como Gobernador de la entidad-. Aunque el inmueble no estaba registrado a nombre de Angélica Rivera, la primera dama, o de su esposo el Presidente, la labor de varios periodistas demostró que les pertenecía. Tras el escándalo, no sólo hubo disculpas (de EPN) y regaños (de Angélica). Carmen Aristegui fue demandada por el medio de comunicación para el que entonces trabajaba: MVS. Según la parte demandante, representada por el presidente del medio, Joaquín Vargas, la demanda fue por “daño moral”, ya que en el prólogo del libro que aborda el caso de la “casa blanca” es mencionado que Vargas y sus hermanos sufren de un “derrumbe moral”, además de ser acusados de “acciones de censura y aniquilamiento”. Al final, la periodista finalizó sus relaciones con el medio y la casa editorial del libro, Penguin Random House, manifestó que “nunca antes la Random había enfrentado una demanda de este tipo y en estas condiciones. Vargas pretende dividir a la editorial de sus autores. Haber publicado este libro sin un prólogo de Aristegui hubiera sido impensable para nosotros; incluso hubiera sido una falla editorial no tenerlo. No aceptaremos ninguna demanda que tenga una dedicatoria en contra de una figura de liderazgo político inobjetable, como lo es Carmen Aristegui”.
· La libertad de expresión en México: Este año, Artículo 19 presentó su informe anual 2016 “Libertades en Resistencia”, en el que aborda la violencia contra la libertad de expresión y la información. La organización refiere que sólo en 2016 hubo “426 agresiones contra la prensa”, por lo que “se trata del año más violento para la prensa en México”. Comparado con los resultados de 2015 (cuando se documentaron 397 agravios), ese año las agresiones aumentaron un 7 por ciento. Asimismo, Artículo 19 refiere que 2016 destacó por ser el año con “mayor registro de periodistas asesinados” (11 en total). En 2006, 2008 y 2010, la organización documentó 10 asesinatos. “En lo que va de la administración federal de Enrique Peña Nieto, 30 periodistas han sido asesinados”, también se lee en el informe. Además, menciona que la “inacción” del gobierno “deja que la impunidad prevalezca en el 99.7 por ciento de los casos”, y que “es todavía más preocupante cuando el 53 por ciento de las agresiones contra la prensa en 2016 fueron cometidas por funcionarios públicos de distintos niveles de gobierno. Incluyendo, 2 ejecuciones extrajudiciales de periodistas”. Según el análisis de la organización, las agresiones más frecuentes son “los ataques físicos o materiales” (81 registros); las intimidaciones (79); las amenazas (76); las privaciones ilegales de la libertad (58); y los actos de hostigamiento o acoso (58).
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¿Verdad o mentira? MENTIRA. Las cifras a nivel nacional y las omisiones por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, hasta el momento, no muestran deferencia por parte de la actual administración para con la libertad de expresión, las garantías de salvaguarda de periodistas, defensores de Derechos Humanos, o de la ciudadanía en general. Cierto es lo que el primer mandatario mexicano expresó ayer: “a la ciudadanía no le interesa a qué autoridad le compete perseguir un delito. Lo que las personas esperan son resultados. Es el combate a la impunidad”. ¿Dónde los resultados? ¿Dónde la reducción a la impunidad? Según el Índice Global de Impunidad de México 2016 de la Universidad de las Américas Puebla, “México ocupa el lugar 58 de 59 países con mayores niveles de impunidad”. Asimismo, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía arroja que, en México, “del total de delitos consumados, solamente en 4.4 por ciento de los casos se da una sentencia”. La ENVIPE también refiere que “la impunidad es un problema de gobernanza que ya rebasó a todas las instancias de gobierno, por lo que se necesita la atención y participación de otros actores no gubernamentales”. ¿Dónde? La pregunta persiste.
