Los hechos de Palmarito son una muestra más del proceso de descomposición del Estado mexicano heredado del régimen del PRI, incapaz de completar su transformación en un Estado democrático de derechos. Un Estado que ni cumple con su cometido de garantizar la seguridad y la propiedad de los ciudadanos, ni reduce la violencia ni protege los derechos humanos establecidos por la Constitución como límite al poder frente a la ciudadanía.

No deja de sorprender la incomprensión que sobre el concepto de derechos humanos impera en buena parte de la sociedad mexicana, incluidas sus elites empresariales y sus comunicadores conspicuos. Una y otra vez, desde la ignorancia, la ideología totalitaria más desfachatada o la mala fe interesada, cuando ocurre una violación grave de algún derecho humano en algún hecho de la malhadada guerra contra la delincuencia organizada o no, salen los plumíferos a clamar que quienes reclamamos el hecho estamos defendiendo a los delincuentes y si hay algún policía o soldado muerto o herido enseguida cuestionan si al servidor caído no era sujeto de derechos humanos.

La confusión que siembran es atroz, pues desde ese discurso, repetido durante la última semana hasta el hartazgo y utilizado como argumento para exigir la aprobación de una Ley de Seguridad Interior “que les dé garantías a los militares”, lo que parece buscarse es una carta blanca para perseguir al crimen con la utilización de tortura, detenciones arbitrarias y ejecuciones. El respeto a las garantías procesales, a la vida de los detenidos, a su integridad física son vistos como obstáculos a la eficacia de las fuerzas del Estado, mientras se arguye que los delincuentes no respetan los derechos de sus víctimas.

Lo que no entienden es que solo el Estado puede violar derechos humanos, pues estos son garantías respecto al poder, limitaciones a su ejercicio arbitrario. Los delincuentes cometen crímenes y por ellos deben ser perseguidos. En todo caso, los derechos humanos de las víctimas son violados cuando el Estado no persigue esos delitos o los deja en la impunidad, pero cuando un narco mata a una persona por no pagar derecho de piso lo que comete es un homicidio, mientras que, si un soldado mata, como ocurrió en Palmarito, a un herido ya sometido, él personalmente comete un homicidio y el ejército comete una violación de derechos humanos.

Resulta desconcertante que en la opinión publicada en México siga sin entenderse esa diferencia básica. El tema es que por más crueles que sean los delincuentes, el Estado está impedido ética y legalmente para cometer atrocidades, pues su función no es la venganza, sino la protección de la sociedad. Cuando se defienden los derechos humanos de los presuntos delincuentes no se defiende la impunidad, sino la aplicación regulada de la fuerza del Estado. Cuando se defiende el debido proceso para un acusado se reclama el derecho a ser juzgado con legalidad para uno mismo. Si admitimos la arbitrariedad y el uso desmedido de la fuerza en el combate a la delincuencia, estaremos admitiendo que en cualquier momento esa arbitrariedad, ese uso desmedido de la fuerza o ese juicio sin garantías puedan ser usados contra nosotros mismos.

Exigir el respeto irrestricto a los derechos humanos es reclamar que la fuerza del Estado se use de manera regulada, sin excesos. Esto no quiere decir que por ello tenga que perder eficacia. Con buen entrenamiento y capacitación, las fuerzas policiacas de los países donde existen democracias constitucionales son mucho más eficaces para reducir la violencia y el delito que las mexicanas y sus violaciones a las garantías son mucho menores.

¿Qué ocurrió en Palmarito? En un artículo publicado en Vice, Alejandro Juárez Ascencio, ex oficial de comunicaciones de la Marina, ha descrito los errores y la torpeza de los soldados en los hechos que provocaron tres de las muertes ese trágico día. Frente a la confusión que han sembrado muchos pretendidos informadores, el ejecutado arteramente no fue el delincuente que mató a un soldado por la espalda; ese fue un hecho diferente, previo, provocado por la falta de capacitación y respeto a los protocolos de los soldados involucrados y fue captado por una cámara distinta a la que grabó la ejecución. En ese primer hecho, lo ocurrido fue que tres soldados detienen a una persona, pero no la cachean para ver si está armada; la dejan, supuestamente controlada, y le dan la espalda. Es entonces cuando saca la pistola y mata por la espalda a uno de los soldados; los otros dos reaccionan y disparan contra el agresor. Esas dos muertes pudieron ser evitadas si se hubiera actuado de acuerdo a los protocolos de seguridad. Ni el soldado ni el presunto delincuente debieron morir, por más que algunos defiendan la idea de matarlos en caliente.

El otro hecho, ocurrido después, es todavía más escalofriante. Ahí se ve como un coche irrumpe en el lugar vigilado por los soldados, que tampoco habían establecido un perímetro de seguridad. No sabemos si los tripulantes habían estado involucrados en la refriega previa, pero los soldados reciben el vehículo a balazos. Disparan durante cerca de cuatro minutos y después bajan a tres personas, dos ilesas y un herido, aparentemente desarmadas. Al herido lo arrastran unos metros y después le pegan un balazo en la nuca, me imagino que para no seguir cargándolo. Ni siquiera queda claro que se trate de un presunto huachicolero, pero aún si así fuese, su ejecución sería un crimen de lesa humanidad incluso en una guerra.

Hay un tercer hecho en los videos que no puede dejarse de lado: cuando los soldados se dan cuenta de que hay una cámara grabándolos, proceden a destruirla.

Con estas evidencias palmarias yo hubiera pensado que se abriría un debate para cambiar la estrategia de militarización, que tan malos resultados ha dado. No ha sido así. Por el contrario, los defensores de la Ley de Seguridad Interior han salido a reactivar su trámite parlamentario. Dicen que es para darle garantías a la ciudadanía. Me temo que pretenden todo lo contrario: construir un velo que oculte las actuaciones arbitrarias de las fuerzas de seguridad pública. En la iniciativa de César Camacho estos vídeos hubieran sido declarados reservados de acuerdo a la ley de seguridad nacional. Mientras, los fascistas tropicales, como Alejandro Martí, quieren volver héroes a los soldados mal capacitados que ejecutan las órdenes de unos estrategas que evidentemente ya han perdido el control.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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