Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas del pasado lunes, sobre la Autopista del Sol, a la altura de la caseta de cobro de Alpuyeca, Morelos, luego de que el chofer detuviera la unidad por una supuesta falla mecánica.

Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).- Tres sujetos armados asaltaron un camión turístico en el que viajaban al menos 29 elementos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y que se dirigía del puerto de Acapulco, Guerrero, con rumbo a la Ciudad de México.

De acuerdo con reportes de prensa, los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas del pasado lunes 15 de mayo, sobre la Autopista del Sol, a la altura de la caseta de cobro de Alpuyeca, Morelos, luego de que el chofer detuviera la unidad por una supuesta falla mecánica.

Minutos después de detener el camión, tres sujetos armados abordaron la unidad, amenazaron y obligaron a los gendarmes, quienes iban vestidos de civiles, a entregarles todos sus objetos de valor como carteras, celulares, relojes e incluso mochilas.

En cuestión de minutos, los hombres despojaron de todos sus pertenencias a los 29 elementos de la Comisión Nacional de Seguridad quienes regresaban de Acapulco después de haber tomado unos días de vacaciones.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de los ladrones y el monto de lo robado.

NO HA MOSTRADO SU EFECTIVIDAD CONTRA LA DELINCUENCIA

El más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) incluyó diversas revisiones a la política de “prevención del delito” del actual Gobierno federal para advertir que ni la planeación ni las estrategias de disuasión de la delincuencia ni el trabajo de inteligencia anunciados por Peña Nieto han tenido un impacto.

La División de Gendarmería, por ejemplo, que fue la cara de la “transformación institucional” que hizo Peña Nieto en el área de seguridad, en 2015 consumió más de dos mil 800 millones de pesos y presentó “cero avances” en su misión de inhibir la delincuencia.

“Se demostró que el número de delitos registrados en las entidades federativas disminuyó o aumentó invariablemente con o sin la participación de la gendarmería”, dice la revisión 18-GB, elaborada por la ASF para medir las acciones de la Gendarmería en contra de la incidencia delictiva.

Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no encontró justificación al gasto de 2 mil 842.4 millones de pesos ejercidos en 2015 por la División de Gendarmería de la Policía Federal.

De acuerdo con la revisión de la cuenta pública de ese año, la División de la Gendarmería anunciada desde 2013 logró en 2015 “un cero por ciento” de avance en sus metas para realizar operativos de disuasión del delito y restablecimiento del orden público, al acreditar que efectuó sólo 75 operativos de los 10 mil previstos.

La información de estos 75 operativos, además, fue tan deficientemente registrada que, de acuerdo con la ASF, no fue posible advertir si dieron o no resultados porque “no se definieron mecanismos de seguimiento y evaluación de sus objetivos y metas”.

LA GENDARMERÍA, EL CUERPO DE ÉLITE DE EPN

En enero de 2013, el Presidente instruyó el inicio de los trabajos para conformar a la Gendarmería Nacional, “a fin de hacer frente al acelerado crecimiento de los índices delictivos y a las nuevas demandas ciudadanas, al tiempo que se realizaron diversas reformas en la Administración Pública Federal, lo que implicó la extinción de la Secretaría de Seguridad Pública en 2013, cuyas funciones fueron conferidas a la Secretaría de Gobernación”.

El reporte que recientemente entregó la ASF narra precisamente cómo la Gendarmería fue una respuesta de la actual administración pública federal encabezada por el Presidente Enrique Peña Nieto a la alta incidencia delictiva iniciada desde el sexenio anterior.

“En este entorno delictivo que atentó contra la paz pública, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública mostraron el limitado alcance de la política de seguridad pública que se implementó durante el periodo 2007-2012, ya que la comisión de ilícitos mostró una tendencia ascendente al pasar de 1 millón 587 mil 30 delitos del fuero común registrados en 2007 a 1 millón 704 mil 915 en 2012”, dice.

“Por lo anterior, en los documentos normativos de mediano plazo 2013-2018, el Ejecutivo Federal privilegió la prevención del delito y orientó sus acciones, entre otros aspectos, a reducir los factores de riesgo que ocasionan la comisión de los delitos mediante la reorganización de la Policía Federal y la profesionalización de los elementos policiales (…), por lo que en diciembre de 2012 se firmó el Pacto por México, en el cual se estableció el compromiso presidencial número 76, relativo a ofrecer un nuevo modelo de seguridad ciudadana y de operación policial para asegurar el control del Estado mexicano en las zonas de mayor debilidad institucional”.