Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).- Organizaciones de la sociedad civil exigen justicia tras la tortura y asesinato de Manuel Gaspar Rodríguez, defensor de derechos humanos, quien se oponía a megaproyectos en algunos municipios del estado de Puebla. Sus compañeros de lucha sospechan que el ataque pudo venir de alguna de las empresas y/o ayuntamientos donde el activista se manifestaba.

Manuel tenía 37 años de edad, fue maestro y coordinador en el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), tras ser despedido se integró de tiempo completo al Movimiento Independiente Obrero, Campesino Urbano y Popular, organización perteneciente a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala–Movimiento Nacional (MIOCUP-CNPA-MN) en 2013, recordó su compañero Daniel Zúñiga Maldonado, en entrevista para SinEmbargo.

“Consideramos que sí hubo varios grupos y varios intereses económicos afectados por la movilización y el activismo que realizó nuestro compañero. Nosotros señalamos que muy seguramente ese es el fondo del porqué ha sido asesinado. Pudo ser la Presidencia Municipal de Cuetzalan, la empresa Minera Autlán o bien la Comisión Federal de Electricidad por la cancelación de la subestación eléctrica”, dijo.

El pasado 14 de mayo, Gaspar Rodríguez, quien también era integrante del Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban (CDHAE AC), fue hallado sin vida con tres lesiones en el cuerpo, provocadas por arma blanca y con evidentes signos de tortura, en el hotel/motel Quetzallin, en  Cuetzalan del Progreso.

“Fue cruelmente asesinado […] por medio de tres lesiones ocasionadas por un cuchillo que originó perdiera el 93 por ciento de sangre, aunado a lo anterior, tenía quemaduras en pecho y hombro, así como piquetes en rostro y cabeza, también cortadas en varias partes del cuerpo. Lo anterior indica que fue gravemente torturado antes de morir, de acuerdo con Zúñiga Maldonado.

En marzo, el Centro Mexicano de Derecho (Cemda) dio a conocer que de julio de 2016 a diciembre de 2017, hubo 88 ataques en contra de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México. Además, durante dicho periodo se dio un incremento en el número de homicidios que hasta entonces llegó a 29.

En el “Informe sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2017”, la organización ambientalista concluyó que la situación de riesgo y amenaza para defensores ambientales en el país continúa siendo una constante “cada vez más preocupante”, sin que el Estado mexicano implemente las acciones “necesarias, contundentes, ni de relevancia” para generar una política integral de protección para ellos.

“México es un lugar más que hostil para los defensores de derechos humanos […] Nuestro país vive una situación muy difícil y preocupante, el Estado no sólo no colabora con los defensores de derechos humanos, obstaculiza su trabajo y lo criminaliza”, dijo Violeta Alcantara, compañera de Manuel en la CDHAE AC, en entrevista para este medio.

En el mismo sentido, Zúñiga destacó que “el país es uno de los más peligrosos para los defensores de derechos humanos y para el ejercicio periodístico. El Estado obstaculiza su labor, los hostiga y los criminaliza”.

Además de condenar el homicidio del activista, sus compañeros de lucha afirman que había sido amenazado de muerte varias veces.

“Le decían literal que le iban a partir la madre, que se cuidara porque lo iban a matar”, narró Violeta, quien recuerda a Manuel como un defensor comprometido con la lucha por salvaguardar los derechos de los mexicanos.

Tanto Alcántara como Zúñiga señalaron que Manuel y otros compañeros habían denunciado públicamente un “constante hostigamiento”; sin embargo, recriminaron, el Gobierno mexicano, fue omiso y no atendió las exigencias de establecer medidas cautelares ni inició investigación alguna en relación al tema.

DEFENSOR DEL MEDIO AMBIENTE

Desde el CDHAE AC, Gaspar Rodríguez impulsó la lucha para lograr clausurar un relleno sanitario convertido en basurero, ubicado en el municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla. Desde 2015, recuerdan los activistas, las autoridades municipales a cargo de Oscar Paula Cruz, se negaron a cerrarlo a pesar de los señalamientos de un mal manejo por parte de las dependencias ambientales.

No obstante, tras la movilización de las comunidades, a finales de abril finalmente se anunció la clausura del basurero ubicado en la comunidad de Cohuatichán y de acuerdo con Alcantara en marzo pasado dejó de operar.

Gaspar también se opuso al proyecto minero “El Aretón”, de la empresa minera Autlán, que actualmente tiene el permiso de explotación denegado, según Zúñiga. En su momento, el activista denunció que el proyecto que buscaba extraer oro provocaría impactos en recursos naturales, medio ambiente y salud en el municipio de Tlatlauquitepec.

Además, la activista Alcantara recordó que en enero pasado, Manuel fue citado a comparecer ante la Procuraduría General de la República (PGR), ya que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lo denunció por intentar detener la construcción de una subestación eléctrica también en Cuetzalan del Progreso, incluido en el Programa Pueblos Mágicos de México, desarrollado por la Secretaría de Turismo.

EXIGEN JUSTICIA

A través de la plataforma Change, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala- Movimiento Nacional lanzó la petición “Verdad y justicia para Manuel Gaspar Rodríguez, asesinado el 14 de Mayo en Puebla” en la que exige “castigo a los asesinos materiales e intelectuales” de su compañero de lucha. Asimismo, desplegó una carta abierta en la que demanda una investigación “seria, eficaz e imparcial” que atienda “el derecho de las víctimas a conocer la verdad y obtener justicia”.

Además, el Movimiento Estudiantil Progresista urgió a los tres niveles de Gobierno trabajar en el esclarecimiento “inmediato” del homicidio y sanciones para los responsables.

La criminalización de la lucha social en nuestro país se ha vuelto una práctica sistemática de los gobiernos, tanto federales, estatales y municipales. A lo largo del país vemos como diferentes defensores de derechos humanos, activistas y dirigentes sociales que luchan por la defensa de su cultura, la defensa de la tierra y el territorio, y por mejores condiciones de vida para sus comunidades han sido víctimas de estas prácticas, prácticas que se llevan a cabo en estados con una tendencia fascista.

“El Movimiento Estudiantil Progresista repudia el mísero asesinato del camarada Manuel Gaspar […] Manuel se había desenvuelto como uno de los principales dirigentes y luchadores sociales que reivindicaban la defensa de la tierra, territorio y medio ambiente en la Sierra Norte de Puebla, en contra de los proyectos de muerte que en esta región se pretendían imponer sin consultar a las comunidades”, señalaron a través de un comunicado.