Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).– El gasto para programas enfocados a los pueblos indígenas en el Estado de México aumentó 63.25 por ciento en los primeros cuatro años de la administración del priista Eruviel Ávila Villegas, pero no ha reducido la marginación ni la pobreza. De 2011 a 2014, el Gobierno mexiquense ha destinado más de 265 millones de pesos en proyectos de infraestructura, algunos financiados por las mismas comunidades, que “poco visibilizan e impulsan a estas comunidades” y la mayoría se utiliza con fines político-electorales, afirmaron expertos en el tema.
El 16 de septiembre de 2011, Eruviel Ávila tomó posesión del Gobierno de Edomex. Desde entonces se han destinado 265 millones 434 mil 164 pesos, de acuerdo con una solicitud de información (número 00003/CEDIPIEM/IP/2015) realizada por SinEmbargo. En el año en el que llegó al poder el monto asignado a los apoyos a comunidades indígenas fue de más de 54 millones de pesos y ya para 2014 se elevó a 86 millones de pesos para este rubro.
Especialistas consultados por este diario digital plantearon que el presupuesto que el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (Cedipiem) destina a los cerca de 379 mil habitantes de lenguas indígenas –que viven en al menos 48 municipios de la región– no fomenta su desarrollo y algunas veces sólo es utilizado para promocionar la imagen del Gobierno local y captar votos.
Los programas atienden proyectos de infraestructura que son financiados a veces por las mismas comunidades, organizan eventos en los que las personas llevan su vestimenta como una forma de promoción cultural, les regalan gallinas, juguetes y cobijas en días festivos, e incluso promueven la adopción de niños indígenas para pagarles útiles escolares y una despensa. Es decir, “posan para la foto, pero no necesariamente existe una vinculación del Gobierno estatal con las comunidades”.
Para el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, conformado por docentes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), este tipo de programas hacen visible el poco trabajo político que las autoridades han hecho con la gente de las comunidades, a las que –con obras políticas y proyectos– violan sus derechos y no se fomenta el desarrollo de las personas indígenas.
“Los programas no sólo no tienen resultados positivos, sino que son totalmente invisibles para el desarrollo de las comunidades campesinas e indígenas del Estado. Los beneficios no se reflejan en nada. La aplicación de esos recursos no existe. No hay ningún tipo de vinculación del Gobierno del estado con las comunidades”, expuso el coordinador general del Centro, José Antonio Lara Duque.
Este tipo de programas, de acuerdo con el analista Alfonso Celestino Pérez, de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide Social), forman parte de un tendencia de políticas pequeñas creadas para su uso político-electoral, mas que para resolver los problemas estructurales de la exclusión y la desigualdad que viven las comunidades.
“Los programas sociales son rubros en los que se puede destinar, o mucho o muy poco dinero. Generan una dispersión de los recursos que no producen nada en la sociedad […] Los programas sociales requieren de diagnósticos previos a la implementación, deben contar con un equipo multidisciplinario, deben estar arraigados a la comunidad y dudo mucho que en la práctica se cumplan esos requisitos”, explicó Celestino Pérez.
La Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México reconoce la existencia de cinco pueblos: Matlazinca, Mazahua, Nahua, Otomí, Tlahuica. A raíz de movimientos migratorios, en la región también habitan 25 mil mixtecos, 14 mil mazatecos, 12 mi zapotecos, 9 mil totonacos y 6 mil mixes, la mayoría provenientes de estados como Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz.
PROGRAMAS PARA LOS INDÍGENAS
Son seis los programas que la administración de Eruviel Ávila Villegas tiene activos desde 2007, pero sobresalen dos en los que el presupuesto ha tenido un aumento significativo: el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas y los Proyectos de Infraestructura que han obtenido 116 millones 609 mil 177 pesos. Respecto al primer programa, la cantidad se disparó de 2013 a 20014 al pasar de 24 millones de pesos a 32 millones 109 mil 177 pesos.
Ambos programas, que reciben partida diferente, se enfocan en la rehabilitación de centros educativos, de salud, mejoramiento de caminos y construcción de vivienda. Todas las acciones tiene como requisito la participación de los indígenas como mano de obra y en algunos casos, el 50 por ciento del financiamiento.
Otro de los programas, el de Apadrina a un niño indígena, otorga cada mes canastas alimentarias a niños de entre cinco y 15 años, además de útiles escolares y apoyo económico para la compra de uniformes escolares, esto en convenio con empresas privadas. Son los servidores públicos de la entidad los que realizan estas aportaciones.
El programa inició su operación en 2007 y a la fecha tiene 8 mil beneficiarios en 43 municipios. En el último año, se entregaron 82 mil 262 canastas alimentarias, 5 mil 799 paquetes de útiles escolares y 13 mil 830 apoyos económicos a través de un monedero electrónico.
Con la llegada de Eruviel Ávila al Edomex en 2011, la partida para este programa fue de 23 millones 400 mil pesos y cuatro años después se ubica en los 40 millones 924 mil 987 pesos. Es decir que en cuatro años se le destinaron 122 millones 324 mil pesos en total.
En cuanto al resto de los programas, Proyectos Productivos, Proyectos Culturales y Proyectos Sociales, no muestran variación en sus presupuestos. El primero, consiste en estrategias para impulsar actividades económicas, en las que de nueva cuenta se parte con el 50 por ciento de financiamiento por parte de la comunidad; los proyectos culturales, se enfocan en la promoción y difusión de la cultura indígena a través de su vestimenta, música y danza en eventos organizados por el Cedipiem. Los Proyectos Sociales buscan satisfacer las necesidades primarias de la población indígena, regalando gallinas, juguetes, cobijas, cubetas de pintura, parrillas de gas, entre otras cosas, en fechas como el Día diño, Día de Reyes o Día de la madre.
En cuatro años se han entregado a estas actividades 26 millones 500 mil pesos.
“El Gobierno del Estado de México ha invisibilizado, demeritado y negado la calidad de pueblos indígenas. Las autoridades tienen la visión de que el indígena es el folklor en términos turísticos, el que se viste raro […]. El Estado de México no los reconoce como personas indígenas y en consecuencia, tampoco sus derechos que tanto nacional como internacionalmente tienen reconocidos”, dijo Lara Duque.
LOS OTROS PROYECTOS DEL GOBIERNO
De acuerdo con el defensor de derechos humanos, en el Estado de México no sólo no hay vinculación con los pueblos indígenas, sino que la actual administración ha pasado por alto el derecho de las comunidades a decidir sobre su territorio, con el objetivo de implementar sus planes de infraestructura; es el caso de la autopista de alta velocidad que conecta la zona residencial de Naucalpan y Huixquilucan con el aeropuerto de Toluca.
Este proyecto lo está realizando Constructora Teya, filial de Grupo Higa.
“La gran mayoría de los habitantes de los pueblos no la han aprobado, para la mayoría significa el despojo de tierra y por otro destruye bosques, pero por si fuera poco, rompe el trayecto tradicional que históricamente han tenido los otomíes para llegar al Cerro de la Campana, lugar que para ellos es el origen de la vida. Van a ese espacio a pedir que llueva y después van a agradecer”, dijo.
Agregó que “el proyecto de la autopista, totalmente ignorante de la cultura indígena otomí, cruza por ese camino, queda encima. Por lo que no se convierte en una cuestión única de la defensa de las tierra y los bosques, sino también por la defensa de sus tradiciones”.
Esta disputa ha llegado a los tribunales y a la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, el gobierno, señala el activista, ha respondido con represión física y legal. Detalla que de 2013 a la fecha ha habido 22 detenidos del pueblo de Xochicuautla que han intentado oponerse a la continuación de la obra.
“Lo que ocurrió en Atenco en 2006, esa incursión de miles de policías para reprimir a los campesinos, es apenas la punta del iceberg de las decenas de agresiones que viven continuamente las poblaciones indígenas y campesinas de este estado”, enfatizó Lara Duque.
