Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).– El pasado 20 de abril tres medios alemanes publicaron un informe de la Fiscalía de Stuttgart el cual detalló que la empresa Heckler & Koch vendió a México 9 mil 472 fusiles de alto poder G 36; de los cuales 4 mil 767 de esas armas se distribuyeron de forma ilegal por zonas con conflictos armados. A casi dos meses de hacerse pública esa información el Congreso de la Unión pidió a dos dependencias federales investigar el caso.
La Comisión Permanente del Congreso –formada por diputados y senadores– encomendó a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), responsable de las aduanas, que se investigue el ingreso ilegal de armas alemanas a México, especialmente a los estados de Jalisco, Guerrero, Chiapas y Chihuahua.
De acuerdo con el informe final de la Unidad de Delitos Aduaneros de la ciudad de Colonia, Alemania (ZKA) dado a conocer por el diario Süddeutsche Zeitung y las radios NDR y WDR , de 2003 a 2011, la empresa de armas Heckler & Koch no sólo violó leyes de comercio y de armas, sino además una prohibición de vender a esas entidades mexicanas con signos de violencia y corrupción.
La investigación, que terminó en agosto de 2014 y fue entregada a la Fiscalía de Stuttgart, determinó que funcionarios de la compañía “provocaron, promovieron, o al menos autorizaron” las exportaciones ilegales, con lo cual obtuvieron una ganancia aproximada de 3 millones de euros.
Los legisladores mexicanos aseguraron que la violencia en México está relacionada con armas de tráfico ilegal que llegan “sin que se determine responsabilidad alguna a funcionarios o particulares que intervinieron en la comisión de este delito”.
La comisión legislativa, informó la agencia DPA, pidió a la PGR a cargo de Arely Gómez González y a la Secretaría de Hacienda, cuyo titular es Luis Videgaray Caso, que se realicen investigaciones “para eliminar la impunidad y determinar la responsabilidad administrativa civil o penal de los particulares, servidores públicos o funcionarios involucrados” en el supuesto ingreso ilegal de las armas.
Los investigadores de la aduana alemana sugirieron demandar cinco ex directivos y empleados de la compañía por infracción al control de armas de guerra y a la ley de comercio exterior. Además, proponen que el fabricante de armas pague una multa de tres millones de euros, la cifra obtenida por Heckler & Koch por las ventas ilegales.
Tras los resultados del informe, el Ministro Federal de Alemania, Sigmar Gabriel, urgió controles más estrictos para las exportaciones de armas, puesto que el Gobierno alemán también se ve afectado por “las consecuencias de los escándalos de los últimos años”.
Desde los sucesos de Iguala, Guerrero, donde perdieron la vida seis personas y 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron desaparecidos, el tema de las armas alemanas cobró nuevo impacto.
En diciembre del año pasado, el diario alemán Tages Zeitung TAZ reveló que al menos 36 armas fabricadas en ese país europeo fueron decomisadas a la policía de Iguala por el ataque a normalistas, a pesar de que las leyes alemanas prohíben su exportación a países con conflictos bélicos o donde se violen los derechos humanos.
El mismo diario publicó que rifles de asalto G36 fueron observados en el repliegue de estudiantes normalistas que bloquearon la autopista México-Acapulco en demanda de mayor presupuesto para la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrido el 12 de diciembre de 2014.
Asimismo, planteó que rifles alemanes han sido observados en manos de policías federales en Chihuahua y en Oaxaca.
Por su parte, el semanario alemán Der Spiegel informó que los policías de Iguala sí usaron armas la noche del 26 de septiembre de 2014.
Spiegel se basó en datos del llamado “Libro de Armas de Guerra de Heckler & Koch”, un documento que están obligados a rellenar por ley las empresas exportadoras de armas en Alemania sobre el destino de sus productos. La lista fue suministrada a pedido del Diputado alemán Hans-Christian Ströbele.
La firma Heckler & Koch es investigada desde hace años en Alemania por la supuesta exportación ilegal de fusiles G36 a la policía de estados mexicanos especialmente “convulsos”.
El Gobierno alemán dio permisos de exportación al fabricante desde 2006 con la condición de que no enviara armas a los estados de Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Guerrero. Pero en los años siguientes aparecieron indicios de que se violó ese requisito, por lo que el grupo sigue siendo investigado desde 2010 por la Fiscalía de Stuttgart.
Se desconoce cómo llegaron esas armas a una fuerza policial oficial, cuando su exportación está estrictamente prohibida en Alemania.
ALEMANIA PIDE INVESTIGAR
Luego del escándalo, autoridades alemanas investigaron en abril a Heckler & Koch en el marco de la visita de familiares de los 43 normalistas mexicanos a ese país.
A pesar de las entrevistas y búsquedas en los registros de compra, así como careos en los domicilios particulares de los empleados, no se dictaron cargos contra nadie en el país europeo, aseguró la agencia de noticias Deutsche Welle (DW).
De acuerdo con el investigador de comercio de armas, Jürgen Grässlin, los rifles de asalto adquiridos ilegalmente, seguramente fueron utilizados por fuerzas de seguridad en zonas de conflicto en México, a pesar de que está prohibida la venta de armas.
El Consejo de Seguridad del gobierno alemán de Angela Merkel permitió la venta de armas a México, pero prohibió la comercialización en cuatro estados donde considera que la corrupción y la violencia son algo muy serio.
“Lo que pudo ser bien intencionado –el equipamiento de la policía mexicana contra los cárteles de la droga– se ha convertido hoy en día un desastre sin paralelo”, escribió Grässlin en un artículo de la revista Zivilcourage.
“Los tiroteos y asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado se presentan principalmente en los estados donde las armas … nunca debieron haber sido autorizados”, dijo.
Desde entonces se ha establecido que la policía implicada en la desaparición de 43 estudiantes el año pasado poseía algunos de los fusiles vendidos al gobierno mexicano. “Para evitar otro suceso peor, el gobierno debe exigir la devolución de todas las armas de H & K”, escribió Grässlin.
Deutsche Welle afirmó que la divulgación de la venta ilegal de armas y las investigaciones han arrastrado a Heckler & Koch y ahora proyecta una sombra sobre el compromiso del gobierno alemán para frenar sus exportaciones de armas, una promesa que el vicecanciller y Ministro de Economía, Sigmar Gabriel ha hecho con frecuencia.
H&K SE LAVA LAS MANOS
El fabricante alemán de armamento Heckler & Koch rechazó en mayo culpa alguna por el envío de miles de armas de manera ilegal a México.
“Las investigaciones se remiten a antiguos trabajadores de la empresa”, informó la compañía. Dijo que tres de los cinco señalados como responsables no trabajaban o ya no trabajan para la empresa.
Aseguró que dos fueron despedidos después de que Heckler alcanzara un acuerdo con ellos a finales de 2014 en el Tribunal Laboral de Friburgo por el que la empresa los contrató como freelance.
RESPONSABILIDAD ALEMANA
“Alemania entregó las armas con las que … fuimos reprimidos”, dijo Eduardo Moreno Peralta, amigo de uno de los estudiantes desaparecidos, a la agencia DW. “Pero el gobierno mexicano también ha vendido armas a la delincuencia organizada que ha llevado a nuestro país a hundirse en una ola de violencia.”
“A la vista de los delitos en nuestro país, Alemania debe presionar a nuestro gobierno”, añadió Peralta. “Alemania tiene una responsabilidad, porque es uno de los países más poderosos del mundo.”
El Gobierno alemán se ha disculpado por el uso de armas alemanes en las atrocidades cometidas en México, pero a pesar de ello, no hay presión sobre los fiscales en Stuttgart para llevar a los altos mandos que hicieron el acuerdo.
Fiscales estatales de Stuttgart afirman que una investigación que involucra a otro país siempre tarda mucho tiempo.
“Los agentes de la policía no pueden simplemente ir a otro país y preguntar a la gente y llevar acabo búsquedas”, dijo la portavoz de los fiscales Claudia Krauth.
“Siempre tiene que ocurrir en el marco de acuerdos judiciales y los investigadores extranjeros no están familiarizados con el caso. Se le hace una pregunta al testigo, él responde y no hay posibilidad de hacer una segunda pregunta, en caso de que así se necesite hay que enviar otra solicitud”, aseveró.
Pero Krauth agregó que el oficial que ejecuta la investigación sobre Heckler & Koch podría llegar a una conclusión en este verano.
Aparte de la investigación en curso, Heckler & Koch también tiene otros problemas. El ministro de Defensa alemán, Ursula von der Leyen, reveló en marzo que nuevas pruebas del ejército habían demostrado que el G36 – arma estándar de la edición de la Bundeswehr– tenía problemas de precisión en climas cálidos. La compañía ha negado.
MEADE DESCONOCE ARMAS
El Secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade, afirmó en enero pasado que no tiene “ninguna información” de que se hayan incautado fusiles alemanes en vinculación con la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Guerrero, un tema que ha generado polémica en Alemania.
Documentos oficiales –desde peritajes de la Procuraduría General de la República hasta los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos–, sin embargo, afirman lo contrario. No sólo hubo armas alemanas la noche de los hechos en Iguala, sino también en el ataque a normalistas en 2011 en la Autopista del Sol.
“Yo no tengo ningún elemento que me permita confirmar que así haya sido”, dijo Meade en una entrevista con la agencia dpa en la Ciudad de México, horas antes de viajar a Alemania para reuniones con su par Frank-Walter Steinmeier, parlamentarios, académicos y empresarios.
