Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).– El pasado 15 de julio, autoridades federales supuestamente rescataron a 596 personas (278 niños, 174 niñas, seis bebés recién nacidos y 138 mayores de edad) de la casa hogar La Gran Familia, ubicada en Zamora, Michoacán. El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, en compañía del Gobernador Salvador Guerrero,  informó que las personas vivían en condiciones deplorables, recibían golpes y abusos sexuales.

Algunos testigos confirmaron que la directora Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, conocida como “Mamá Rosa”, los maltrataba física y psicológicamente. Sin embargo, la dueña del albergue con más de 40 años de antigüedad ha recibido el apoyo tanto de políticos, como de artistas e intelectuales, quienes sospechan de las acusaciones contra “Mamá Rosa”.

La detención de Verduzco Verduzco trajo más dudas que certezas, al igual que sucedió con el doctor José Manuel Mireles Valverde, ex líder de las autodefensas de Tepalcatepec, y antes con Hipólito Mora Chávez, ahora miembro de la Policía Rural.

Ambos líderes fueron detenidos por razones no claras. Sin embargo, Mora inmediatamente después de ser liberado, entró a la Fuerza Rural, como lo exigía el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. El caso de Mireles es distinto, ya que él mismo afirmó que no negociaría con las autoridades para su liberación.

Mireles fue detenido el pasado 27 de junio y días después le dictaron auto de formal prisión por  los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión simple de mariguana y cocaína. Sin embargo, su defensa mantiene que fue un asunto político y que le “sembraron” pruebas falsas.

Por su parte, personalidades de la vida política y social de México mostraron incertidumbre por la detención de “Mamá Rosa” y han manifestado de distintas formas su apoyo.

“Durante seis décadas Rosa dedicó su vida a trabajar con estos niños y niñas. Seis mil han salido de ese hogar con estudios y habilidades para trabajar. Los niños la bautizaron como Mamá Rosa desde hace décadas, aunque algunos la llamaban la directora, porque su amor por la música clásica y por el arte la llevaron a convertir su albergue en una escuela de música en la cuál se crearon orquestas de música clásica, grupos de mariachis, quintetos de metales, marimbas y sinfónicas”, escribió la periodista Lydia Cacho en su columna en SinEmbargo.

Asimismo, el futbolista Rafael Márquez y el ex Presidente Vicente Fox Quesada y su esposa, Martha Sahagún de Fox, enviaron mensajes de apoyo a la mujer de 82 años. La ex primera dama,  rechazó que “Mamá Rosa” sea una delincuente, “ella sólo dio amor” y aseguró que “la suciedad, no es un delito”.

Ayer, unas 200 personas marcharon en el centro de Zamora para protestar por la detención de la fundadora del albergue. Algunas personas portaron playeras donde pudo leerse: “Yo soy hijo de Mamá Rosa”, y caminaron hasta el albergue gritando consignas a favor de la mujer que un día vio por ellos. El grupo de manifestantes se plantó afuera del hospital San José – donde Rosa Verduzco fue internada por problemas –y durante 45 minutos gritaron consignas en su apoyo.

En ese contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que ya investiga el caso La Gran Familia. En un comunicado, anunció que otorgará orientación jurídica a los familiares y víctimas y estará atenta del seguimiento y tratamiento de las niñas y niños rescatados, y pidió a las autoridades involucradas garantizar la integridad física y psíquica de las y los agraviados y sus familiares.

 CONTRADICCIONES 

El Procurador Jesús Murillo Karam dijo que en las investigaciones que fueron realizadas se levantaron los testigos de las víctimas quienes declararon haber sufrido maltratos, agresiones y abuso sexual.

Víctima uno: Declaró haber sido sometido a maltratos físicos, psicológicos y sexuales por parte de una persona del género masculino, a quien sólo conocen como “El Sito”, quien lo obligaba a realizar sexo oral, bajo la amenaza de matarlo y quitarle los órganos para venderlos si se negaba.

Víctima dos: Comentó que era golpeado en la cara y que como castigo,  lo encerraban en un el cual era llamado El Pinocho, explicó además haber sido víctima de abusos sexuales por parte de una persona del género masculino, que se bajaba los pantalones y los obligaban a tener sexo oral.

Víctima tres: Dijo que ella era golpeada con una manguera en las piernas cuando no cumplía órdenes, y mencionó a un trabajador del albergue la obligaba a realizar actos sexuales a cambio de dinero.

Víctima cuatro: Dijo haber sido retenida en el albergue en contra de su voluntad desde los 18 años de edad, fue abusada sexualmente por uno de los administradores, y producto de este abuso quedó embarazada, además de haber sido violentada por el mismo agresor para provocarle un aborto.

Afirmó que en el albergue los adultos golpean y abusan sexualmente de los demás pequeños.

La PGR afirmó que actuará con apego a la ley, con evidencias, pues aseguró que su obligación es proteger a las víctimas del delito.También informó que aparte de las declaraciones de las víctimas, los menores se encontraban en condiciones deplorables y detalló que en el lugar se encontraron además unas 20 toneladas de basura.

La información que recabó de testigos y de víctimas menores, “señalan la existencia de abusos, maltratos físicos, alimentos en mal estado, e incluso que había un cuarto de castigos, donde los internos eran obligados a permanecer por horas y sin alimentos” explicó la Comisión de Derechos Humanos CNDH.

El organismo público autónomo subrayó que las víctimas que recientemente fueron rescatadas declararon que además de las condiciones de hacinamiento e insalubridad durante años sufrieron abuso psicológico y sexual.

Ante esta situación, por instrucciones del ombudsman nacional, Raúl Plascencia, visitadores adjuntos y peritos psicólogos de la CNDH se trasladaron a Zamora, para conocer testimonios y dar seguimiento a las investigaciones que realizan autoridades ministeriales, así como apoyo psicológico a las familias y víctimas que lo requieran.

“La situación de vulnerabilidad y violencia contra la población infantil es un problema social y cultural que obstaculiza el ejercicio a su pleno desarrollo físico y mental, que empeora cuando son víctimas de actos que transgreden su dignidad y libertad sexual”, advirtió.