A Maríaelena Hernández

Ya parece partido de futbol; de un lado el gobierno empeñado en demostrar que Mamá Rosa ha sido una abusadora física y mental de decenas de menores, y del otro voces con prestigio que la presentan como si fuera la Madre Teresa de Zamora.

En una esquina, el procurador Jesús Murillo Karam. En la otra, el historiador Enrique Krauze, el capitán de la selección mexicana, Rafa Márquez, el académico, Jean Meyer, el premio Nobel, Jean Marie Le Clézio, la ex primera dama, Martha Sahagún, el ex presidente, Vicente Fox, y la lista crece.

La razón obliga a suponer que algo de verdad habrá en ambos argumentos. Cabe imaginar una larga vida dedicada a sacar adelante a miles de menores de edad cuyo mejor destino fue crecer en el albergue del “La Gran Familia”. Asegura alguno de sus defensores que Mama Rosa es una mujer dura, aguerrida, majadera si se quiere, pero de ninguna manera una persona corrupta o dedicada a la trata de personas, como la han querido presentar.

Comparten conversación en el foro público también las fotografías de los sanitarios repugnantes, de la comida echada a perder y de los dormitorios sobrepoblados. También, a manera de sentencia, se filtran las primeras declaraciones de menores que dicen haber sido abusados por los cuidadores de ese supuesto infierno.

¿Santa o Proxeneta? Vaya usted a saber que en esta viña mexicana casi todo es posible. Y sin embargo no deja de llamar la atención el tsunami de contradicciones. Ya contaremos pronto con mejores elementos para discernir entre verdades y mentiras a propósito de esta historia.

Mientras tanto bien valdría la pena echar unos cuantos pasos hacia atrás, con el objeto de reconocer que las condiciones de ese orfanato – como las de tantos otros que hay en nuestro país – tienen como principal responsable a la autoridad y, solo en un segundo plano, a quienes los administran.

Si la PGR fuese un doctor, habría de admitir que sus acusaciones derivan de la manifestación de un síntoma que va más allá de “La Gran Familia”. La política pública dedicada a la infancia es un desastre en nuestro país, particularmente la que tiene que ver con la adopción y el cuidado de menores que, o no tienen padres, o bien la vida los ha apartado de su familia.

Con esta reflexión no quiero juzgar a la totalidad de casas hogar que hay en México. Muchas se salvan porque hay personas poseedoras de generosidad excepcional. Ellas, contra viento y marea han logrado ofrecer dignidad para muchos niños que en nuestra sociedad estaban destinados a no tenerla. (Dedico el artículo a una de esas personas).

Sin embargo esas residencias infantiles no son el resultado de una política sistemática de protección a los menores en situación vulnerable, sino de la buena voluntad de unos cuantos y también del azar.

Por esta circunstancia es que tantos albergues de menores no cumplen con los mínimos sanitarios, o pero aún, son la fachada de actividades ilícitas. Para ilustrar esta circunstancia cabe denunciar la facilidad con la que parejas de estadounidenses visitan Ciudad Juárez para adoptar, prácticamente sin ningún trámite, a los niños que la guerra por las drogas dejó huérfanos durante el último lustro.

Es también en esa región donde existe registro de financiamiento por parte de las organizaciones criminales para el sostén de casas hogar, que luego terminan sirviendo como centros de reclutamiento de niños halcones y jóvenes sicarios. En concreto, la organización de Joaquín “El Chapo” Guzmán se distinguió por contar con una estrategia de esta naturaleza que, según alguna nota de Proceso de hace unos tres años, llegó a replicarse inclusive en Argentina.

¿Y el Estado? Lejos, muy lejos. Absolutamente desinteresado. La política de atención a la infancia la lleva en México una extraña institución que todo mundo conoce por sus tres letras: el DIF. Una casa cuyo funcionamiento, sin embargo, es difícil de comprender.

El DIF es, por sobre todas las cosas, patrimonio de las esposas de gobernadores y presidentes, y también silla para quemar tiempo ocioso mientras el marido termina con su encomienda. No cumple en el ámbito estatal y tampoco en el federal, con los requisitos mínimos de una dependencia de gobierno que debe asumir responsabilidades de enorme trascendencia.

Al estilo del medioevo, se trata de un feudo gestionado con capricho y contentillo, y por eso es tan pobre la política de atención a la familia y a los menores abandonados. El DIF suple a la Iglesia del siglo XVIII sin hacer mejor su tarea. Es fuente de caridad y no de derechos, espacio de lucimiento y no de obligaciones, recuerdo del virreinato y no de la racionalidad que debe imperar en nuestra época.

En vez de seguir utilizando tanta neurona para dilucidar el enigma de Mama Rosa, bien valdría afirmar que por las buenas, y también por las malas razones, “La Gran Familia” es el resultado de una política pública fracasada.

O dicho con mayor precisión: de la ausencia evidente de una política moderna para la atención de los niños y las niñas más vulnerables de nuestro país.

Ricardo Raphael

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Es periodista. Conductor de televisión.

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