El Presidente Enrique Peña Nieto dijo que “este día será recordado como el inicio de una nueva etapa para la Democracia y el Estado de Derecho en México”, y ratificó su compromiso para combatir con el SNA el “cáncer social” de la corrupción e impunidad que impera en el país. En un breve mensaje, el titular del Ejecutivo federal se disculpó por la “indignación” que causó a los mexicanos la información sobre “la casa blanca”, propiedad de la Primera Dama, Angélica Rivera, de un valor de 86 millones de pesos.

Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Enrique Peña Nieto pidió perdón hoy a los mexicanos, durante la promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), por el escándalo que generó la información difundida sobre la mansión de su esposa Angélica Rivera, conocida como la “casa blanca”.

“Pido perdón por la ‘casa blanca’, cometí un error. Este error afectó a mi familia, lastimó la investidura Presidencial. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio que les causé, estoy decidido a combatir la corrupción con toda determinación. En carne propia sentí la indignación de los mexicanos”, dijo el Presidente en su mensaje de la promulgación del SNA en el Palacio Nacional.

“Tenemos que vernos en el espejo, empezando por el propio Presidente de la República. En noviembre de 2014, la información difundida sobre la llamada ‘casa blanca’ causó gran indignación”, recordó.

En noviembre de 2014, el equipo de Aristegui Noticias exhibió la lujosa y moderna residencia de la Primera Dama, Angélica Rivera, valuada en 86 millones de pesos y ubicada en Lomas de Chapultepec, una de las zonas de más alta plusvalía en la capital mexicana.

Entonces, se ventiló que Grupo Higa había vendido la “casa blanca” a Angélica Rivera con financiamiento.

Posteriormente, el Presidente de México fue duramente criticado en el país y en el extranjero por el descubrimiento de que dos grupos empresariales, beneficiados por su Gobierno con obra pública, pusieron a su disposición, prestadas o para compra, propiedades que han tenido distintos usos.

Salió a luz también que la empresa de Juan Armando Hinojosa prestó una propiedad para la campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2012; y la familia San Román –con quienes lleva una cercana relación– le vendió al mandatario una mansión en Ixtapan de la Sal; y que Grupo Higa financió al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, una casa de retiro en una exclusiva zona de Malinalco.

Como resultado, el 3 de febrero de 2015, el Presidente Enrique Peña Nieto nombró a Virgilio Andrade Martínez, quien hoy renunció al cargo, como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) luego de que esa dependencia permaneciera 26 meses acéfala.

En esa ocasión, Peña le ordenó investigar si hubo conflicto de interés entre empresas que fueron beneficiadas con contratos de sus gobiernos y la compra de propiedades por parte de él, de su esposa, y de su Secretario de Hacienda.

“He solicitado a la Secretaría de la Función Pública que investigue y resuelva si hubo o no conflicto de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a las empresas que celebraron compraventas de inmuebles con mi esposa, con el titular de Hacienda y con un servidor”, dijo el Jefe del Ejecutivo federal en esa ocasión.

PROMULGAN EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Alrededor de las 12:30 horas dio inicio la ceremonia en la que Peña Nieto promulgó, después de casi nueve meses de discusión, el SNA que obliga a los funcionarios públicos a presentar su declaración patrimonial, fiscal y de posible conflicto de interés.

Previamente, Peña Nieto dijo que este día inicia “una nueva etapa” para la democracia de México y el Estado de Derecho”.

“Hoy es un día de la mayor relevancia para nuestro país, ya que inicia la puesta en marcha del #SistemaNacionalAnticorrupción (sic.)”, escribió el Jefe del Ejecutivo previamente en su cuenta de Twitter [@EPN].

“Estoy seguro de que este día será recordado como el inicio de una nueva etapa para la Democracia y el Estado de Derecho en México”, agregó.

Lo que surgió como una iniciativa ciudadana llamada Ley General de Responsabilidades Administrativas o “Ley 3de3”, que evidenció las lagunas en materia de transparencia y anticorrupción, hoy se integra en un Sistema que impone el deber de hacer pública aquella información patrimonial y fiscal de los funcionarios, y en el que se especifican las sanciones para quienes incurran en delitos de esta materia, sin embargo, el fuero seguirá siendo un derecho para los servidores públicos.

La promulgación se llevó a cabo en un evento al que asistieron los presidentes de las cámara de Diputados y de Senadores, Jesús Zambrano y Roberto Gil Zuarth, respectivamente; el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso; el Ministro Arturo Saldívar; el Gobernador de Oaxaca y presidente de la Cámara de Gobernadores, Gabino Cué Monteagudo; el Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera; la Procuradora Arely Gómez; la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Jimena Puente de la Mora; y el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.

El Magistrado Arturo Saldívar consideró que “con el nuevo Sistema se da un paso firme hacia un país en el que los valores de la rendición de cuentas y transparencia sean una realidad”.

En su participación, Roberto Gil Zuarth dijo que hicieron “esta Reforma para devolver dignidad, honor y confianza a la Función Pública […] Para terminar con el dicho de que ‘todo funcionario público es corrupto hasta que se demuestre lo contrario’. Este es un Sistema que, como se dice, no lo tiene ni Obama”.

Mientras que Jesús Zambrano criticó que el Ejecutivo federal haya aprobado el SNA sin las recomendaciones que su bancada le hizo llegar al Presidente Enrique Peña Nieto, sin embargo, consideró que este es un primer paso en materia anticorrupción.

Con esta aprobación, la SFP será la autoridad encargada de garantizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental, así como inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos y rendición de cuentas.

Las leyes en materia anticorrupción generaron polémica entre los partidos del Congreso de la Unión luego de que los legisladores del PRI y del Verde Ecologista de México (PVEM) presentaran una iniciativa en la que dejaban a consideración de los funcionarios públicos su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, contrario a lo que pedía la 3de3.

Esta propuesta fue aprobada en junio pasado en el Senado de la República y ratificada en la Cámara de Diputados, protegiendo los intereses de servidores públicos, mientras que la sociedad civil y la Industria Privada sí eran obligadas a presentar su declaración patrimonial, por lo que tras una fuerte presión, Peña Nieto se vio obligado a vetar la iniciativa impulsada por su partido.