El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción se negó a entrar al caso del espionaje a activistas de la sociedad civil, periodistas y miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes, bajo el argumento de que no existe un caso concreto y con evidencias que permita hacer solicitud de información a las autoridades.

Frente a lo que es considerada la mayor intervención de espionaje ilegal sobre miembros de la sociedad civil, periodistas, políticos y representantes de un organismo internacional, que se ha registrado por parte de un gobierno democrático en el mundo, instancias como el Sistema Nacional Anticorrupción, muestran un profundo desinterés en encontrar las vías para esclarecer estos hechos.

No se trata solamente de un #gobiernoespia, se trata también de un #gobiernocorrupto. Es espionaje al servicio de la corrupción, de proteger la corrupción; la corrupción al servicio del espionaje, de proteger el espionaje. Y el SNA sirve a esta dinámica. Argumenta que esperará a la investigación que la Procuraduría General de la República haga sobre sí misma, podrá esperar eternamente, lo saben.

Dentro del SNA existe la representación civil a través del Comité de Participación Ciudadana (CPC) conformado por profesionales que tienen una carrera honorable e independiente y, sobretodo, libre de conflicto de interés. Este Comité pidió iniciar una investigación sobre el caso de espionaje denunciado en el New York Times y en los reportes técnicos elaborados por Citizen Lab de la Universidad de Toronto. El CPC señaló que estos hechos pueden representar conductas ilícitas asociadas a corrupción, como ejercicio indebido del servicio público, un mal uso de atribuciones y facultades para aplicar fondos públicos, peculado y realización de un pago ilegal.

Sin embargo, el Comité Coordinador del SNA, donde solamente existe una persona representando a la sociedad civil, se negó a entrar al caso. Los otros cinco miembros del Comité Coordinador del SNA que votaron en contra de la solicitud del CPC son servidores públicos: el Consejero de la Judicatura Federal, la Titular de la Secretaría de la Función Pública, el Auditor Superior de la Federación, el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

En este escenario, la demanda de que la investigación quede en manos de una instancia internacional se convierte en la única garantía de ir adelante. Las instancias nacionales no lo harán, mientras no estén en manos de personas independientes y libres de conflicto de interés. El Comité Coordinador del SNA pide pruebas, quiere evidencias y ahí están: un reporte, en calidad de peritaje, de una institución reconocida internacionalmente, como el Citizen Lab de la Universidad de Toronto; ahí están los contratos del gobierno mexicano hechos públicos; ahí está toda la evidencia de los intentos de introducir el malware en diversas personas en momentos claves en que nuestro trabajo afectaba intereses de políticos y funcionarios y a quienes sirven. La investigación está muy avanzada, para el Comité Coordinador del SNA aún no hay pruebas, espera que la PGR se las entregue.

Mientras la inmovilidad se mantiene en las instituciones nacionales, el asunto ya escaló internacionalmente con el caso del espionaje a miembros del GIEI que tenían, incluso, inmunidad diplomática. El caso ya se había hecho internacional antes, cuando la representación ciudadana ante Gobierno Abierto México renunció de manera unánime, ante la falta de investigación sobre el caso de espionaje a un servidor y otros dos colegas que trabajamos para impulsar políticas de salud pública frente a las emergencias epidemiológicas de obesidad y diabetes. El caso ya está en la instancia internacional de Gobierno Abierto, además de en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por lo tanto, en conocimiento de la Organización de Estados Americanos.

En este contexto de inacción nacional frente a la corrupción, llama la atención el caso reciente de ataques periodísticos contra el Comité de Participación Ciudadana del SNA que llevó a la renuncia de varios articulistas y organizaciones civiles al periódico El Universal. Una protesta de esta magnitud contra la política editorial de un medio de comunicación no había ocurrido en México durante varios decenios. Hay que preguntarse quiénes se ven amenazados por este Comité, por su independencia. Hay que recordar que algo muy similar y a mayor escala le pasó al propio GIEI. Una campaña en los medios tratando de descalificarlo, con ataques a la dignidad de sus miembros, con el fin de ocultar con ello lo que este organismo internacional e independiente estaba encontrando, y el cuestionamiento que estaba realizando, totalmente bien fundado, a la llamada “verdad histórica”. Lo que vemos es una gran fuerza de resistencia que bloquea, difama, espia, con el fin de mantener los privilegios. Que nada se mueva, que no se abran orificios y se pueda ver el interior.

Mientras exigimos una investigación por parte de una instancia internacional al caso del espionaje no debemos dejar de señalar la inmovilidad y la complicidad de las autoridades nacionales. Vemos, una y otra vez, cómo se protegen pactos muy profundos que mantienen el actual estado de cosas, como las instancias, que por su misión, pudieran romper el pacto de corrupción, no dejan de estar controladas.

Hay que aprender mucho de lo que está ocurriendo en países como Brasil y España y la actuación que se está realizando contra la corrupción en todos los partidos políticos. Los organismos anticorrupción deben ser la punta de lanza en este tan necesario cambio de época política para México. Se requieren sólidas estructuras de vigilancia y participación ciudadana, de principios estrictos que eviten el conflicto de interés.

Los organismos de vigilancia de elecciones, de acceso a la información, anticorrupción, de protección de consumidores, de protección del ambiente, de salud pública, etcétera, no pueden estar en manos de individuos con otros intereses que no sean el público, no deben estar en manos de sujetos que lleguen a esos cargos como resultado del reparto político entre los partidos, o por el poder de grandes corporaciones.