La imputación de la PGR en contra de Javier Duarte se sustenta, en buena medida, en que varios testaferros supuestamente adquirieron 21 parcelas en el estado de Campeche, las cuales después revendieron en 438 millones de pesos  a dos empresas fantasma, aparentemente creadas por la misma organización. Sin embargo, tras una audiencia de más de cinco horas y media, los fiscales federales mostraron poca preparación para presentar el caso y sólo lograron acreditarle el desvío de 38.5 millones de pesos.

Para la prensa extranjera, la detención de Duarte es un reto para el Gobierno y su oportunidad para combatir la impunidad, aunque su proceso legal también genera interrogantes sobre su posible absolución. “Algunos observadores mexicanos expresan temores de que Duarte y otros puedan finalmente ser absueltos”, destacó el diario Los Angeles Times.

Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).- De los más de 439 millones de pesos que la Procuraduría General de la República (PGR) le imputa a Javier Duarte de Ochoa por haber desviado recursos públicos durante su gestión y lavado en empresas para adquirir muebles e inmuebles, la dependencia sólo logró acreditarle 38.5 millones de pesos.

Los fiscales llegaron mal preparados al primer round con el ex mandatario de Veracruz, acentuando las sospechas en México y en el extranjero de que todo se trata de un espectáculo.

Duarte de Ochoa, quien llegó a la gubernatura por el mismo partido del Presidente Enrique Peña Nieto, el Revolucionario Institucional (PRI), es sospechoso de haber aportado recursos públicos a la campaña de 2012. Al menos una grabación así lo sugiere.

En un video que circula en redes, del momento de la extradición, Duarte de Ochoa parece decir: “Que empiece el show, cámara, acción”. No es claro que sea él, pero medios guatemaltecos lo dan por hecho.

En todo caso, el show sí comenzó. Y hubo cámaras, muchas, en las siguientes horas. Y acción.

Después de llegar a México, extraditado desde Guatemala, el ex Gobernador de Veracruz compareció ante el mismo juez que el 14 de octubre de 2016 emitió una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero, lo cual derivó en su arresto en abril en Guatemala, donde se escondía.

Con un semblante serio, Duarte intervino en 19 ocasiones durante la audiencia pública para pedir al juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, Gerardo Moreno, que los tres fiscales en la sala explicaran con claridad y precisión cómo es que se acreditan los cargos en su contra.

“No entiendo mi vinculación en esto, ¿por qué se me imputa?”, dijo cuando casi llegaba a su final la diligencia de cinco horas de duración. La Fiscal de la PGR Martha Ramos había formulado al inicio la imputación contra el ex miembro del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI): existen indicios de que creó y encabezó de 2011 a 2016 una organización criminal para lavar dinero desviado de las arcas del estado de Veracruz a través de empresas fantasma.

Ramos dijo que la información apunta a que nueve supuestos testaferros o cómplices triangularon mediante esas compañías ficticias o de papel los recursos para invertir en joyas, una embarcación y en bienes raíces en Veracruz y otros tres sitios de México.

Cuando llegas a México y tienes confianza total en la justicia de acá pic.twitter.com/sX9vOF5HMJ

— Gustavo Vela (@GustavoVela71) July 18, 2017

Tras una audiencia de más de cinco horas y media, los fiscales federales mostraron poca preparación para presentar el caso al grado de que el juez de control expresó que “los números no cuadraban”.

La imputación de la PGR se sustenta, en buena medida, en que varios prestanombres supuestamente adquirieron 21 parcelas en el estado de Campeche, las cuales después revendieron en 438 millones de pesos  a dos empresas fantasma, aparentemente creadas por la misma organización.

El dinero usado para la compra y recompra a precio inflado de esos predios presuntamente salió de las arcas de Veracruz, pero los fiscales no atinaron a responder con precisión las preguntas de Duarte y su abogado, Marco Antonio del Toro, sobre las dependencias estatales de las que se habrían desviado los recursos, así como las fechas y cuentas bancarias.

“Me surgen más dudas de las que ya tenía”, exclamó Duarte después de que por una hora los fiscales recitaron nombres y números de cuentas de bancos supuestamente implicadas en las compras.

Ante la insistencia del sospechoso y su defensa sobre el monto total que se le acusa de desviar, el Fiscal Pedro Guevara reconoció que a la fecha han podido documentar que aparentemente salieron 38.5 millones de pesos de la Secretaría de Educación estatal en 2015.

Sobre el resto de los recursos presuntamente desviados todavía se llevan a cabo indagatorias para precisar a qué carteras estatales pertenecían, fechas y demás datos, agregó Guevara ante el juez, quien advirtió a los fiscales que existían incongruencias y discrepancias en sus alegatos.

La audiencia en el tribunal contiguo a la prisión comenzó pasadas las 17:00 horas de ayer lunes, luego de que la PGR trasladó a Duarte desde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México mediante un dispositivo que abarcó 11 camionetas y 10 motocicletas policiales.

El Gobierno mexicano llevó de vuelta a su país al hombre que gobernó Veracruz de diciembre de 2010 a octubre de 2016 en un avión oficial, el cual tocó tierra al filo de las 12:20 horas tras un vuelo de poco más de dos horas.

Las autoridades guatemaltecas sacaron al ex político desde las primeras horas del día de la prisión militar de Matamoros, en la ciudad de Guatemala, para preparar su entrega a los oficiales mexicanos en el aeropuerto.

Duarte había permanecido en esa prisión desde que la Policía Nacional Civil de Guatemala lo arrestó el 15 de abril en un hotel del turístico lago Atitlán, en la municipalidad de Panajachel, departamento de Sololá, a petición de la PGR.

Pasadas las 22:00 horas, el juez Moreno resolvió que Duarte permanezca en prisión preventiva porque la delincuencia organizada es un delito grave y existe el riesgo de que se escape de la justicia.

El Fiscal Guevara pidió al juez que Duarte fuera llevado a la prisión hospital federal del estado de Morelos, alegando que los peritos de la PGR determinaron a su llegada que padecía de hipertensión, hígado graso y ansiedad.

La defensa no se opuso, pero el juez resolvió mantenerlo interno en el Reclusorio Norte al menos hasta el próximo sábado, cuando se realizará la siguiente audiencia y es posible que se defina si queda vinculado a proceso.

Del Toro, el abogado, confió en que podrán revertir la imputación porque, aseguró, la PGR no tiene un caso sólido y con sustento jurídico en contra del ex Gobernador.

“Se ha defendido como una persona que, con toda claridad, pudo desvirtuar en una sola audiencia buena parte de las imputaciones”, manifestó el litigante a la prensa a su salida de la audiencia.

LAS DUDAS EN LA PRENSA EXTRANJERA

Para la prensa extranjera la detención e Duarte es un reto para el Gobierno y su oportunidad para combatir la impunidad, aunque su proceso legal también genera interrogantes sobre su posible absolución.

El diario New York Times destacó que el proceso contra el mandatario veracruzano genera expectativas en México porque se trata de una figura emblemática de la corrupción.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) estima que de 2010 a 2015 el gobierno de Duarte habría desviado más de 45 mil millones de pesos mediante empresas fantasma. Es la cifra más alta de desfalco para cualquier entidad pública mexicana —estatal o federal— desde que la ASF lleva un registro.

Además, el caso de Duarte será uno de los de más alto nivel llevados con el nuevo sistema de justicia acusatorio en México, que entró en vigor formalmente en junio del año pasado con cambios como audiencias orales en vez de expedientes escritos y requisitos más rigurosos para la recopilación de pruebas y el peritaje.

“Va a ser una de las pruebas de fuego del nuevo sistema para que, en el caso de que se compruebe la responsabilidad, se haga adecuadamente y sea sancionada de la manera correspondiente”, dijo al NYT Eloy Morales Brand, experto en derecho penal y jefe del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. “Será uno de los mejores ejemplos que vamos a tener de si efectivamente se está luchando contra la impunidad”, añadió.

Duarte es solo uno de los trece gobernadores mexicanos que están siendo investigados por diversos cargos de corrupción por la Procuraduría General de la República. Apenas el 3 de julio pasado se abrió una carpeta de investigación contra el actual mandatario del estado de Nayarit, Roberto Sandoval.

Para el diario Los Angeles Times, las autoridades mexicanas pintaron la extradición de Duarte y los casos contra otros ex gobernadores como ejemplos de la dedicación oficial a la lucha contra el injerto.

“Con acciones como esta, el gobierno de México está cumpliendo su compromiso de obtener resultados concretos para cerrar los espacios de impunidad”, dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado en el que anunció la extradición de Duarte.

Sin embargo, detalló el diario, muchos en México siguen siendo escépticos, viendo cómo los casos contra Duarte y otros ex políticos están ampliamente desacreditadas.

“Algunos observadores mexicanos también expresan temores de que Duarte y otros puedan finalmente ser absueltos”, indicó el medio estadounidense.

–Con información de Xinhua