El Congreso de Guerrero será renovado en los próximos días, con una mayoría de militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Los partidarios de Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo de México, tendrán que enfrentar varios retos, entre los que destacan la regulación del esquema normativo que vincula los sistemas de seguridad y justicia de las comunidades indígenas en la entidad con el sistema de justicia penal, la imposición del llamado “Fiscal carnal”, la legalización del cultivo de la amapola y la aprobación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017. 

Ciudad de México, 18 de agosto (ElSur/SinEmbargo).– Ayer, la Comisión Permanente del Congreso local citó de manera urgente a los 46 diputados locales, para aprobar la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017 de los tres poderes del estado, así como el nombramiento del Fiscal Anticorrupción; además de presentar y votar seis iniciativas de ley en un tercer periodo de sesiones extraordinario, que se agotó este viernes.

También aprobó la iniciativa de ley sobre la legalización del cultivo de la amapola, que el Congreso de Guerrero enviará al Senado para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación definitiva.

Luego de leer la agenda para el periodo extraordinario, la Mesa Directiva citó de inmediato a sesión, y a las 1:30 de la tarde se declaró quórum legal con 32 diputados presentes, es decir, mayoría simple. Otros se incorporaron en el transcurso del día, cuando la votación de los asuntos aprobados por mayoría calificada llegó a 43, con la oposición permanente de la Diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), María de Jesús Cisneros Martínez.

En todos los casos, sin excepción, se excusó la primera y segunda lectura de las iniciativas de reformas y adiciones, de las que se obtuvieron algunos datos durante la exposición de motivos.

A las 3 de la tarde se aprobó el nombramiento del Fiscal especializado en el combate a la corrupción, Ignacio Javier Murguía Gutiérrez, propuesto por el Fiscal general Jorge Zuriel de los Santos Barrila, con 38 a favor y cuatro en contra. Luego tomó protesta.

La sesión concluyó después de las 9 de la noche, con los nombramientos y toma de protesta de los integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero (Itaig), cuya convocatoria cerró el miércoles, hace dos días.

Aquí, se aprobó la propuesta que llevó al pleno la Junta de Coordinación Política (Jucopo), de la contadora con maestría en administración, Isela Concepción Cuevas Guevara, de Víctor Manuel Castrejón Huicochea y Mario Alberto Rodríguez Bello.

Se pospuso el nombramiento de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana, del Sistema Estatal de Anticorrupción en el estado, que presentó la Junta de Coordinación Política, por un desacuerdo en los nombres de los integrantes.

INFORMES INACEPTABLES

El pasado martes, el Auditor Superior del Estado, Alfonso Damián Peralta, envió los informes de la cuenta pública de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; el miércoles, la Comisión Permanente los turnó para su análisis a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y ayer se sometieron a votación. Los tres informes fueron aprobados sin discusión, en la primera y segunda sesiones extraordinarias, de trámite, sin discusión y por mayoría calificada.

Sobre la rapidez del proceso legislativo para la rendición de cuentas, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Héctor Vicario Castrejón, argumentó que el Congreso no revisa sino que valida las revisiones que la Auditoría Superior del Estado (ASE) hace a las entidades fiscalizadas.

Consultado por reporteros, señaló que “apenas llegaron los informes (dos días antes), los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública han trabajado, y son asuntos que tienen que desahogarse en la temporalidad que van encontrando puntos de coincidencia, de acuerdos. La ley no dice si es en un día, en un mes o en un año, la revisión es puntual”.

Dijo que los integrantes de la comisión consideraron “aceptable el informe del ejercicio de los recursos públicos, porque aprobaron los dictámenes por unanimidad”.

De acuerdo con el dictamen de la cuenta pública del Gobierno del estado, la ASE fiscalizó una muestra del 43.41 por ciento sobre el total de los ingresos y los egresos devengados, que corresponden a 26 mil 657 millones de pesos.

Sin embargo, se precisa que el universo fiscalizado del Gobierno del estado, formalmente, es de 61 mil 413 millones, y se encontraron ingresos devengados por 64 mil 705 millones de pesos.

En un resumen del proceso de fiscalización, la ASE menciona que se hallaron 64 observaciones en los egresos e ingresos fiscalizados, de las cuales 33 fueron solventadas y en 31 subsiste la observación.

LEYES URGENTES

Sin lecturas, discusión, ni reserva de artículos, el Congreso aprobó en lo general y lo particular, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, de la Ley 701 de Reconocimiento y Cultura Indígena, y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Gobierno del Estado.

En la exposición de motivos se supo que se reglamentó la ausencia del presidente del Tribunal Superior de Justicia, se modificaron los artículo 9 y 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para reducir de 29 a 25 el numero de magistrados, “en un plan de austeridad serio, responsable y comprometido, sin menoscabo de la impartición de justicia”.

Se reformó la Ley de Registro Civil, para garantizar la gratuidad en el primer registro del acta de nacimiento, y la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, para que el transporte ya no dependa de la Secretaría General de Gobierno, sino del jefe de la oficina del Gobernador. Aseguraron que no se vulneran políticas públicas, porque la dirección del Transporte sigue bajo la dirección del Ejecutivo.

También se derogó un acuerdo sobre el suministro de energía eléctrica, que firmó el Ayuntamiento de Acapulco con una empresa pública-privada, para la prestación de servicios de energía eléctrica para la demanda de alumbrado público y bombeo municipal. Se argumentó que la empresa no cumplió con los requerimientos tecnológicos y se autorizó la iniciativa, para proteger los derechos humanos de la población.

“TRAIDORES”

En dos sesiones extraordinarias continuas, el Congreso local declaró la validez de la reforma al artículo 14 constitucional, sobre derechos y cultura indígena, también aprobó las reformas y adiciones que propuso el ejecutivo a la Ley 701, de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena, y una nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública del estado.

Con esto, se dio cumplimiento a la recomendación 09/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que pidió a las distintas autoridades de Guerrero, regular el esquema normativo que vincule los sistemas de seguridad y justicia de las comunidades indígenas en Guerrero con el sistema de justicia penal.

La recomendación surgió del análisis de la situación de la policía comunitaria de Olinalá, entre ellos de la comandante Nestora Salgado García, ahora senadora por Morena; la detención de diversos integrantes de la policía comunitaria y de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), así como la detención de personas por parte de esa policía comunitaria.

En tribunal, la representante de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, llamó “traidores” a los diputados que votaron por las reformas a la Ley 701, que aseguró, “borra de un plumazo a la CRAC” de la norma que rechazan las comunidades donde opera el sistema de justicia comunitario.

En el único debate, no obstante que se aprobaron distintas iniciativas mediante fast track, los diputados del PRI, Héctor Vicario Castrejón, y de Movimiento Ciudadano, Mejía Berdeja, rechazaron las acusaciones y defendieron la iniciativa del Ejecutivo.

POR TRÁMITE

En la primera sesión, primero se informó que 47 cabildos aprobaron el decreto 756, de reforma constitucional del artículo 14 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, sobre derechos y cultura indígena; entre ellos, los ayuntamientos de Acapulco, Ahuacuotzingo, Olinalá, Tixtla y Tlapa, para declarar su validez. La reforma se aprobó el 27 de julio, hace menos de un mes.

Asimismo, de trámite se aprobó la validez del decreto 757, que reforma disposiciones a la Constitución, con el aval de 42 actas de cabildo, y que en su momento planteó la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la ex diputada del PRI, Flor Añove Baños. Estas modificaciones sólo se mencionaron como “diversas disposiciones de la Constitución del Estado”.

Con el aval de 44 ayuntamientos, el Congreso validó el decreto 758, que reforma y adiciona los artículos 145, 148 y 151, numerales primero y segundo; y fracción 11 del artículo 155, y deroga el numeral 3 del artículo 151 de la Constitución del estado en materia de fiscalización, de reciente aprobación.

Entre otras leyes, se aprobó la Ley del Sistema de Seguridad Pública del ejecutivo, con 43 diputados a favor, y el voto en contra de la diputada de Morena, que no apoyó ninguna de las iniciativas que se sometieron al pleno.

En la defensa, Mejía Berdeja explicó que la Ley del Sistema de Seguridad Pública abroga la Ley 281 de Seguridad Pública vigente, y es producto de diversas iniciativas que promovió el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano y la propuesta del gobernador Héctor Astudillo Flores.
Indicó que contiene 183 artículos y 10 transitorios, engloba el sistema de certificación policial, el sistema de estímulos y reconocimientos a buenos policías, reeducación del sistema de seguridad publica del estado, y el sistema de seguridad pública comunitaria, donde integraría a los grupos organizados por la seguridad en las comunidades.
Concluyó que el instrumento “es congruente” con la Constitución del país, del estado y con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

LA 701

En la primera y segunda sesión se omitieron las lecturas de las reformas y adiciones a la Ley 701, que la diputada del PRI, Flavia García García, defendió en tribunal. Adelantándose a las críticas, dijo que las iniciativa no es violatoria de los derechos humanos, tampoco se encuentra en contraposición con otro ordenamiento legal.

Aseguró que salvaguarda los derechos electorales, las formas de organización comunitaria, el desarrollo de sus culturas, lenguas, uso y costumbres; tradiciones, medicina tradicional y obliga al estado a elevar la calidad de vida de las comunidades afromexicanas.

También dijo que se da cumplimiento a recomendación 09/2016. Emitida por la CNDH, asegurando el pleno respeto a autonomía y a las autoridades indígenas.

Otorga el derecho a los pueblos de participar hasta en un 70 por ciento de los derechos que percibe el estado por concepto de “explotación moderada” de sus recursos naturales, para que las comunidades determinen qué obras o servicios hacer con esos fondos.

Además, prohíbe los convenios matrimoniales, donde se fije una contraprestación económica o en especie sin aceptación expresa de las partes.

Enseguida, la diputada de Morena denunció que la reforma desaparece a la CRAC y las instituciones del sistema indígena comunitario, lo que calificó como “un golpe cobarde” de los diputados.
Aseguró que se violenta el artículo segundo de la Constitución del país, y borra el segundo párrafo de la Ley 701, donde señala el precepto de la policía comunitaria, “desapareciendo de un plumazo la autonomía de la comunidades indígenas”.

Contrario a los que dijo Cisneros Martínez, el priista Vicario Castrejón opinó que las reformas y adiciones dan certeza jurídica a las comunidades indígenas y a su actuación en su territorio comunitario. También reconoce a las comunidades afromexicanas como sujetos de derecho.

Subrayó que las fracciones del PRD y MC encontraron coincidencias para dar mayor legitimidad y ensanchar los beneficios para comunidades indígenas y afromexicnas.
Luego, Mejía Berdeja opinó que la Ley 701 adquiere mayor valor, “y no desaparece a nadie, porque si bien no habla de la CRAC, sí señala un consejo, y un coordinador de relaciones con el Sistema Estatal de Seguridad Pública.

“Le quiero decir a los críticos que esta ley es un traje a la medida de las auténticas organizaciones comunitarias, les da base constitucional y hay plena armonía con el artículo 14 de la Constitución, la nueva Ley de Seguridad Pública y nuevas reformas integrales a la Ley 701”.

Recordó que existe la demanda de que no haya más grupos que no tiene que ver con sistemas comunitarios, “que balacean turistas en plena Autopista del Sol”, dijo sobre un ataque muy cerca de Chilpancingo.

“Nosotros tenemos que legislar en todo el estado, no podemos legalizar la ausencia del estado, ni dar patente de corso para que grupos armados tengan asidero moral.

Luego se lanzó contra Morena y dijo que “alguien está muy crecido con los resultados del 1 de julio, y piensan que la población no sólo le dio votos sino la razón en todo”.

Por alusión, Cisneros Martínez señaló que las comunidades se oponen a las reformas del Ejecutivo porque no fueron escuchados, hicieron protestas, reunieron firmas, “creo que son (los diputados locales) unos traidores todos, porque votan en contra de los pueblos”.

Mejía Berdeja refutó que “traicionar es desinformar, mentir, es ni siquiera leer los dictámenes y gritar consignas”.

Mejía concluyó que habrá inconformes, pero con las reformas se van a evitar muchas órdenes de aprehensión que se dictaron por la ambigüedad de la ley, “porque la ley no le daba autoridad (a la CRAC) para incidir”.
La propuesta se aprobó por mayoría calificada, con los votos en contra de la diputada de Morena, y los del PRD, Yuridia Melchor Sánchez, Ociel García Trujillo y Eufemio Cesáreo Sánchez, suplente de Raymundo García Gutiérrez y la diputada Maricarmen Lagunes.

-Con información del Sur