A lo largo de lo que va del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, México ha enfrentado una serie de crisis en sus relaciones internacionales y con organizaciones civiles de distinta índole. Desde polémicas acciones y expresiones por parte del Gobierno federal, hasta omisiones, malentendidos y situaciones de tensión que han lastimado la imagen de nuestro país. Mientras, las alertas que han hecho organismos y gobiernos desde el exterior sobre la crisis de derechos humanos que atraviesa el país, ha sido menospreciada, rechazada y recibida con hostilidad por parte de las autoridades mexicanas.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).- La administración del Presidente Enrique Peña Nieto ha protagonizado diversas disputas con organismos internacionales de la talla incluso de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); organizaciones, como Amnistía Internacional; mandatarios de otros países, como el Papa Francisco, la mayoría por las críticas que han hecho sobre la situación que México vive en materia de derechos humanos, violencia y narcotráfico. Pero la lista de “momentos incómodos” alcanza además al ámbito económico.

Este 2016 se suponía que sería un buen año para el Presidente Enrique Peña Nieto. Las reformas impulsadas en el Congreso durante sus trascendentales primeros meses de Gobierno prometían grandes avances para el país, pero no fue así.

Mientras importantes diarios especializados en negocios como Bloomberg y Financial Times exponían que la inseguridad y el deterioro de la economía mexicana han hecho de 2016 un “año horrible” para el Ejecutivo federal, la Arquidiócesis de México calificó lo calificó como “el calvario para los mexicanos” y advirtió que las profundas brechas de desigualdad ponen en tela de juicio las reformas estructurales que se están “haciendo agua”.

Asimismo, México registró en 2015 al menos 33 mil muertes, lo que lo ubica en el lugar 140 de 163 países evaluados en el Índice Global de Paz, una posición que lo separa apenas 20 lugares de países en conflicto como Siria, Irak y Afganistán.

También se encuentra en la lista de los 30 países con mayor impacto económico por la violencia con una pérdida del 13 por ciento del PIB -calculado este año-.

Por si fuera poco, casos de violaciones a Derechos Humanos, falta de seguimiento a las recomendaciones de diversas organizaciones internacionales, corrupción e  impunidad, entre muchos otros problemas que aquejan al país, son un pequeño referente de la situación actual en la que se encuentra nuestra nación.

En este contexto, México ha extrapolado algunas de estas situaciones al extranjero, desde donde han venido diversas llamadas de alerta por la situación que atraviesa el país. Sin embargo, el Gobierno mexicano ha respondido a muchas de ellas con hostilidad y rechazo.

A continuación un recuento de algunos momentos “incómodos” que México ha protagonizado en los últimos años con el extranjero.

UN MALENTENDIDO CON EL VATICANO

En la imagen, el Papa Francisco. Foto: EFE.

En la imagen, el Papa Francisco. Foto: EFE.

El 24 de febrero de 2015, El Vaticano tuvo que aclarar que el Papa Francisco no menosprecia el trabajo que las autoridades mexicanas realizan para combatir al narcotráfico. Esto luego de que saliera a la luz un intercambio epistolar entre el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica y un funcionario del Gobierno de Argentina (Gustavo Vera), en la que Jorge Mario Bergoglio manifestó su temor por el creciente auge del narcotráfico en aquel país diciendo “ojalá estemos a tiempo de evitar la mexicanización”.

En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exhortó a El Vaticano a evitar “estigmatizar a México o a cualquier otra región de los países latinoamericanos”. Por su parte, el entonces titular de la dependencia, Jose Antonio Meade Kuribreña, expresó que no había un distanciamiento con El Vaticano, por lo que buscaría “abrir un espacio de diálogo para que podamos tener una aclaración de cuáles son exactamente los temas que preocupan y cómo podemos superarlos juntos”.

Posteriormente, la Santa Sede explicó que el Papa no pretendía ofender o desprestigiar a nadie, y que tratándose de una conversación “informal”, sólo buscaba llamar la atención “sobre la necesidad de adoptar a todos los niveles políticas de cooperación y de concertación” dado que se trata de un fenómeno que afecta a varios países de América Latina.

EL GOBIERNO MEXICANO CONTRA LA CIDH 

En marzo de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseveró que México sigue fallando en su esfuerzo por resolver su grave crisis de Derechos Humanos pese a los avances que ha logrado en materia legislativa, por lo que urgió a las autoridades mexicanas a luchar en contra de la impunidad y la violencia. En su reporte, la Comisión detalló errores de procedimiento durante las búsquedas e investigaciones de cerca de 27 mil desapariciones contabilizadas, además señaló diversos abusos cometidos por elementos de las policías y del Ejército a raíz de la llamada “guerra contra las drogas” iniciada a finales del 2006.

Inmediatamente el Gobierno mexicano estableció su postura, de modo que rechazó el informe de la CIDH bajo el alegato de que la Comisión partió de premisas y diagnósticos equívocos, por lo que no reflejaba los esfuerzos hechos por el Gobierno mexicano para garantizar los Derechos Humanos y el acceso a la justicia.

Tras suscitarse la diferencia de posturas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue ampliamente criticada por no haberse manifestado en apoyo de su homóloga interamericana, siendo que su silencio llegó a ser tildado de complicidad gubernamental.

MÉXICO RECHAZA INFORME DE AMNISTÍA

Madeleine Penman, investigadora para México de Amnistía Internacional; Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, y Byron Arellano, hijo de sobreviviente de tortura, durante la presentación del informe "Sobrevivir a la Muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México", en la instalaciones de AI. Foto: Moisés Pablo, Archivo Cuartoscuro.

En la imagen, integrantes de AI durante la presentación del informe “Sobrevivir a la Muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”. Foto: Moisés Pablo, Archivo Cuartoscuro.

En febrero de este año, en su informe global 2015-2016, Amnistía Internacional (AI) refirió que ante la grave crisis de Derechos Humanos en México el gobierno ha reaccionado con dureza a las críticas y con la “práctica generalizada de tortura”, a la que se suman los casos de desaparición forzada por parte de particulares y de autoridades.

A modo de réplica, Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), dijo que lo planteado por la organización no respondía a la situación particular del país, ya que tratándose de un reporte “mundial”, los cuestionamientos de AI para México eran los mismos que se planteaban a nivel global, razón por la que rechazó el informe, añadiendo que dos de los instrumentos que Amnistía negaba que el Gobierno mexicano tuviera, eran dos iniciativas de Ley sobre desaparición forzada y tortura, mismas que ya habían sido enviadas al Congreso de la Unión para su revisión y posterior aprobación.

Asimismo, en abril de 2016, durante la presentación de un informe, la Directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas, expresó que “la determinación absoluta del Gobierno mexicano de esconder la tragedia de Ayotzinapa debajo de la alfombra parece no tener límites”, ya que según ella, las autoridades se niegan “a dar seguimiento a todas las posibles líneas de investigación, manipular evidencia y no proteger ni apoyar a las familias de los estudiantes [desaparecidos en 2014]”.

En cuanto a los casos de personas desaparecidas, explicó que por la falta de interés del Gobierno en el informe de la CIDH y con el fin de su estancia en el país, “las autoridades mexicanas están enviando el peligroso mensaje que cualquiera puede desaparecer en México sin que se haga nada al respecto”.

LOS DESENCUENTROS CON EL GIEI

A finales de abril de este año, el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIEI) presentó un informe que contradecía la versión oficial del Gobierno acerca de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, en 2014. En él señaló serias deficiencias en los procedimientos de investigación, así como el rechazo a la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) en la que se estableció que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en un basurero del municipio de Cocula (Guerrero). De acuerdo con el GIEI, no habían evidencias científicas suficientes para sostener la versión oficial.

En respuesta, el Gobierno federal dijo que se atenderían las recomendaciones hechas por el grupo y no permitió que se renovara el mandato de los expertos en el país.

Ante el rechazo del informe del GIEI por parte del Gobierno de México, en un comunicado, Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), expresó que el informe del GIEI había “revelado cómo funciona internamente la impunidad en México de un modo que nunca lo habíamos visto antes”, ya que según él, este informe fue más allá del presentado por el GIEI en 2015, revelando “pruebas de la manipulación de evidencia, obstrucción y aparentemente tortura por parte de las autoridades”. Finalmente, el activista lamentó y denunció la campaña “coordinada de desprestigio” que padecían los expertos cuando el gobierno los abandonó “a su suerte”.

Asimismo, Amnistía Internacional (AI) expuso que la respuesta oficial sobre el caso de Ayotzinapa “es la trágica ilustración de la actitud que tiene Enrique Peña Nieto frente a los Derechos Humanos: esconder o ignorar los hechos y esperar que las acusaciones simplemente se esfumen. Esto no sólo es ilegal sino inmoral y es una cachetada en la cara de los familiares, que tras casi dos años, continúan esperando respuestas”, dijo su directora para América Latina, Erika Guevara-Rosas.

LOS ROCES CON LOS RELATORES DE LA ONU

Jan Jarab, representante de la ONU en México, durante la presentación de la campaña No Olvidamos. Foto: Especial

Jan Jarab, representante de la ONU en México, durante la presentación de la campaña No Olvidamos. Foto: Especial.

En marzo de 2016, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó la petición de Juan Méndez, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre tortura, que desde septiembre de 2015 interpuso con la finalidad de visitar el país. El argumento de la Cancillería fue que no era  posible su visita debido a que ya se tenían contempladas otras de otros expertos, por lo que no podían “agendarlo” antes de octubre, mes en que concluiría su misión.

Méndez buscaba regresar al país para continuar con el informe que presentó el 9 de marzo de 2015, en el que sostuvo que la tortura en México es una práctica generalizada, afirmación que el Gobierno mexicano descalificó y rechazó rotundamente, generando así un diferendo diplomático. Según el relator, el 7 de marzo de 2016 se reunió en Suiza con el diplomático Jorge Lomónaco, Embajador de México ante Organismos Internacionales de la SRE, quien le habría aclarado que la visita de seguimiento podría ser realizada por su sucesor, “si es que así lo considera el Gobierno”.

Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein, sostuvo a fines del año pasado que hay un amplió consenso internacional sobre la gravedad de la crisis de derechos que hay en México y alertó que las autoridades del país han reaccionado con “intolerancia ante la crítica pública” y ante informes de diversas instancias internacionales.

Asimismo, en julio de este año Jan Jarab, el nuevo representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México), consideró que el Gobierno de México ha fracasado en el establecimiento de políticas para enfrentar las desapariciones forzadas, pues dijo: “algunas acciones institucionales no se llevaron a cabo de la manera adecuada, […] faltan muchas más por realizar”.

Además, días antes el Relator Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, señaló que el progreso ha sido insuficiente en la protección del derecho a la vida en México desde su misión al país en 2013.

Incluso, relatores de la ONU también han alzaron la voz para proteger al GIEI en contra de “la campaña de difamación” de la que fue víctima cuando aún investigaba el caso Iguala.

El ex Presidente de Uruguay José Mujica y el Presidente Enrique Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro

El ex Presidente de Uruguay José Mujica y el Presidente Enrique Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro

LA POLÉMICA CON EL PRESIDENTE URUGUAYO

A finales de 2014 el entonces Presidente de Uruguay, José Alberto “Pepe” Mujica Cordano (2010-2015), afirmó en una entrevista con la revista Latinoamericana que México le daba “la sensación, visto a la distancia, que se trata de una especie de Estado fallido”, así como que le parecía “que los poderes públicos están perdidos totalmente”, situación que consideró “muy dolorosa” para la nación. Asimismo, el Primer Mandatario aseguró que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa se debe a la corrupción que impera en el país, instalada como una “tácita costumbre social”, por lo que el Gobierno mexicano está obligado a resolver el caso “caiga quien caiga, […] tenga las consecuencias que tenga”.

Como respuesta, la SRE manifestó, a través de un comunicado, su “rechazo categórico ante algunas de las consideraciones vertidas” por Mujica, así como insistió “en el compromiso del Gobierno mexicano de continuar las investigaciones con claridad, transparencia y responsabilidad” el caso Iguala.

Asimismo, la dependencia señaló que dada la importancia de los vínculos históricos entre México y Uruguay, había establecido contacto con la Cancillería uruguaya e incluso dijo que citaría al Embajador de ese País en México para abordar el tema de las desapariciones.

LA POLÉMICA DEL TREN CHINO

A principios de noviembre de 2014, se informó que la empresa China Railway Construction Corp (CRCC) había ganado los derechos para construir y operar un tren de alta velocidad que sería construido entre la Ciudad de México y la ciudad de Querétaro, un proyecto valuado en 3 mil 750 millones de dólares.

Debido a que el proceso de elección fue ampliamente criticado por la sociedad civil, analistas y empresas del sector que deseaban participar en el concurso de licitación -como la alemana Siemens o la canadiense Bombardier-, ya que China Railway había sido el único postor considerado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) comunicó que “con la finalidad de dar un tiempo más amplio y propiciar la posible participación de un mayor número de fabricantes de trenes, así como de fortalecer la absoluta claridad, legitimidad y transparencia, […] se convoca a un nuevo proceso de licitación”.

Ante la abrupta decisión presidencial de cancelar el proyecto para el desarrollo del Tren de Alta Velocidad (TAV) México, Li Keqiang, Primer Ministro de la República Popular de China, lamentó la decisión del gobierno de Enrique Peña Nieto de revocar el contrato. Para evitar ir a juicio internacional, el titular de la SCT, Gerardo Ruíz Esparza, informó que el Gobierno mexicano se encargaría de indemnizar al consorcio CRCC con un monto de resarcimiento equivalente a una cifra de 590 millones de pesos, es decir, menos del 1 por ciento de lo que costaría la obra en general. Esto luego de que la empresa amenazara con demandar al Gobierno mexicano por el incumplimiento de acuerdos legales que le provocaron una caída de casi el 5 por ciento en el valor de sus acciones.

LA HOSTILIDAD CON LOS MIGRANTES

Son múltiples las acusaciones que han habido en contra del Instituto Nacional de Migración (INM) por violar los Derechos Humanos de los inmigrantes en México, y en los últimos años se han recrudecido.

En julio de 2015, el padre Alejandro Solalinde, fundador del albergue Hermanos en el Camino, acusó a la dependencia de contar con una red de corrupción interna en los centros de detención, como en el caso de unos migrantes cubanos que fueron agredidos y extorsionados por agentes migratorios mientras intentaban cruzar a los Estados Unidos. Tras la acusación, el INM rechazó los señalamientos y expresó que debido a la situación en la que se encuentran los ciudadanos cubanos indocumentados, se creó la figura de oficio de salida, mismo que otorga a la persona 30 días para salir del País o para iniciar su trámite de regularización migratoria.

Además, en noviembre el año pasado, nueve organizaciones nacionales e internacionales denunciaron el fracaso del Programa Plan Frontera Sur para proteger los derechos humanos de las personas migrantes que cruzan el país. Y dijeron que con el programa sólo se amplió la red criminal del INM.

Además, en diciembre de ese mismo año, la CNDH documentó que el INM rechazaba a personas extranjeras de manera ilegal, por lo que emitió la recomendación 42/2015 en la que señalaba que 17 funcionarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) cometieron violaciones a los derechos de 20 extranjeros y un mexicano entre el 6 de julio de 2014 y el 17 de junio de 2015.

Las acusaciones son por casos de incomunicación total, falta de traductores habilitados, violación de atribuciones legales, agresiones verbales, revisiones de más de cuatro horas, entre otras.

…Y CON LOS COMPATRIOTAS 

En enero de este año, el ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira Valdés, fue detenido y enviado a una prisión de Madrid por los delitos de blanqueo de capitales y presuntos nexos con el cártel de Los Zetas. Sin embargo, en mayo de 2016, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española decidió archivar definitivamente el caso por la supuesta falta de pruebas que ligaran al político mexicano con los delitos imputados. La liberación de Moreira y su repatriación causaron indignación en México y a nivel internacional.

En contraste, mientras el caso del ex Gobernador de Coahuila fue resuelto en cuestión de meses, se daba a conocer el caso de otro mexicano que había sido detenido en el país Ibérico, y que no contaba con la diligente atención de la Embajada mexicana en aquella nación. Se trataba de Gonzalo Contreras, quien para marzo de 2016 cumplió encarcelado cuatro años en la prisión de Aranjuez, en Madrid, para cumplir con una sentencia de nueve años tras ser acusado de delitos contra la salud y narcotráfico.

Desde que fue aprehendido, su madre Iliana Rincón Köster había esperado que las autoridades mexicanas vigilaran el proceso de su hijo y lo ayudaran a demostrar su inocencia. Pero fue en vano, dijo en entrevista con SinEmbargo, pues aunque lo visitaban nunca lo asesoraron o siguieron su caso.

En febrero pasado, el caso de Gonzalo cobró relevancia en los medios luego de que trascendiera que toda la diplomacia mexicana en España se había movilizado para conseguir la liberación de Moreira.

Ahora Gonzalo no sólo busca salir libre sino limpiar su nombre, pues alega fue encarcelado injustamente.

En 2008, apenas dos años después del arranque de la batalla contra los grupos delincuenciales en España, 104 mexicanos acusados de delitos contra la salud esperaban sentencia y ayuda consular, de acuerdo con el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (INAI).

EL TLC MÉXICO-COREA DEL SUR

En la imagen, Enrique Peña Nieto, Presidente de México y Park Geun-hye, Presidente de la República de Corea. Foto: Saúl López, Archivo Cuartoscuro.

En la imagen, Enrique Peña Nieto, Presidente de México y Park Geun-hye, Presidente de la República de Corea. Foto: Saúl López, Archivo Cuartoscuro.

Tras ocho años de suspendidas las negociaciones para establecer un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Corea del Sur, el Gobierno mexicano retoma la iniciativa comercial.

Desde 2008, refiere El Economista, las negociaciones de un TLC bilateral fueron suspendidas principalmente por la falta de inversiones coreanas en México, lo que según el diario de circulación nacional, ha sido resuelto con los 3 mil millones de dólares que gastará la empresa coreana Kia en un complejo de producción de autos en Nuevo León.

Por su parte, Beeho Chun, Embajador de Corea del Sur en México, externó esperar que las negociaciones arranquen en octubre de 2017, bajo la expectativa de que la apertura comercial enfrente menos resistencias que en años anteriores por parte de los sectores industriales mexicanos, sobre todo el automotriz y siderúrgico, que en 2008 se opusieron a una liberalización bilateral.

En 2015 las exportaciones mexicanas al mercado surcoreano crecieron en un 36.7 por ciento, ventas externas que ascienden a 2 mil 770 millones de dólares.

EL DESAIRE DE HILLARY

De acuerdo con especialistas consultados por la revista Forbes México, el rechazo de Hillary Clinton de reunirse con el Presidente Enrique Peña Nieto “era ya una cuestión de tiempo” debido a que respondió a un “error de planeación” por parte del Gobierno mexicano, que no se aseguró de que ambos candidatos presidenciales aceptaran de antemano la invitación. En ese sentido, algunos expertos como el internacionalista y economista independiente Carlos Brown, refieren que el hecho de que “Clinton haya declinado la invitación de Peña Nieto […] es la confirmación de que la relación diplomática [entre México y EU] entrará en un impasse”, y consideró que el Gobierno mexicano debió haber manejado con más cuidado la situación y mejorar las condiciones en que se realizó la invitación.

De acuerdo con Brown, “Hillary consideró que la visita de Trump fue un incidente diplomático”, pero si no vino, fue simplemente porque su agenda no se lo permitió y no necesariamente porque haya una actitud de alejamiento.

Los expertos señalan que aunque la visita de Trump “no afecta la sustancia de la relación bilateral” entre ambos países, sin embargo refieren que “los errores cometidos desde la Presidencia de la República […] convirtieron al país en una parada más en el proceso electoral de Estados Unidos”, según menciona Forbes México. Y puede ser tan acertada la declaración, que Hillary no ha negado la posibilidad de reunirse con el Presidente mexicano, sólo que no se han definido ni los tiempos ni las condiciones, ya que al respecto, Jorge Silva, Director de medios hispanos de la campaña de Hillary Clinton, dijo que sí hay intensiones de que la candidata demócrata se reúna con el Jefe del Ejecutivo federal.

ECUADOR Y NICARAGUA VS MÉXICO

En agosto del presente año, Luis Alfonso De Alba, Embajador de México en la Organización de los Estados Americanos (OEA), causó molestia en Centroamérica al pronunciarse en contra del segundo intento de reelección, para un cuarto mandato, del Presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien excluyó de los comicios previstos para noviembre al partido de oposición (el Partido Liberal Independiente), además de destituir a 28 diputados opositores. En ese sentido, el funcionario mexicano se mostró preocupado ante la situación y expresó que la destitución debilita “y prácticamente neutraliza a la oposición en un momento en el que el país está inmerso en un proceso electoral muy importante”.

Su posicionamiento generó una respuesta de indignación. Por su parte, la diplomática ecuatoriana Aminta Buenaño expresó que México quiere dar consejos pero o puede garantizar los derechos de sus propios ciudadanos. Asimismo, Luís Exequiel Alvarado, representante de Nicaragua ante la OEA, se mostró visiblemente molesto porque su homólogo mexicano llevó “los asuntos internos” de su país al seno de la organización continental, por lo que tildó de “inadmisible” su “conducta injerencia”.

Además, Rosario Murillo, la Primera Dama de Nicaragua, dijo que “es inconcebible que se exprese preocupación por situaciones internas de países como Venezuela y Nicaragua, cuando México presenta una situación interna que todo el mundo ha caracterizado como caótica […] por violaciones continuas a los derechos humanos”.