Fuentes exclusivas revelaron al diario estadounidense que el recorte afectaría a una pequeña parte de los fondos anuales antidrogas que otorga a México.

Ciudad de México, 18 de octubre (SinEmbargo).– El Departamento de Estado de Estados Unidos recortará a México parte de los recursos que cada año le otorga a través de la Iniciativa Mérida para combatir el problema de las drogas, debido a las presuntas violaciones de derechos humanos cometidos por fuerzas de seguridad mexicanas, reveló hoy al diario The Washington Post.

“El Departamento de Estado ha decidido que México no logró alcanzar algunos de los objetivos enfocados a  los derechos humanos, lo que provocó un corte de millones de dólares en ayuda”, expone el diario en una nota firmada por el periodista Joshua Partlow y en la que no especifica de cuánto será el recorte.

En diciembre de 2008, México y Estados Unidos firmaron la primera Carta de Acuerdo sobre la Iniciativa Mérida, para contrarrestar la violencia ocasionada por las drogas que amenaza en ambos lados de la frontera.

Entre las instituciones que están involucradas se encuentran el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, el Consejo Nacional de Seguridad, el Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el FBI, la agencia antidrogas DEA y por parte de México: el Congreso de la Unión, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Armada de México, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Esta semana autoridades de los dos países hicieron una revisión, entre otros, sobre los avances de este acuerdo.

Fuentes exclusivas revelaron al diario que el recorte afectaría a una pequeña parte de los fondos anuales antidrogas dadas a México. “Esto [recorte] es una clara señal de la frustración de Estados Unidos, esto se dio luego de que México ha sido sacudido por varios casos de presuntos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, incluyendo la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero”, detalla The Washington Post.

A través de la Iniciativa Mérida, un programa estadounidense para apoyar la lucha de México contra los cárteles de la droga, se han destinado 2,300 millones de pesos desde 2008 para equipos como helicópteros y sensores fronterizos, así como programas de capacitación para los miles de funcionarios mexicanos.

“El 15 por ciento del dinero previsto para el Ejército y la policía mexicana está sujeta a las disposiciones que tenga el país de avanzar en la protección de los derechos humanos, incluyendo la aplicación de normas contra la tortura y el enjuiciamiento de las personas de las desapariciones forzadas”, detalla el medio.

Para liberar ese dinero, añade, el Departamento de Estado está obligado a explicar al Congreso de los Estados Unidos el desempeño de México y decir qué medidas está tomando para hacer frente a esos problemas. “Pero este año, las autoridades optaron por no escribir ese informe. La financiación total de la Iniciativa Mérida para el año fue de 148 millones”.

“Es una decisión muy importante que ellos han hecho”, dijo al diario estadounidense Maureen Meyer, experto en México de la Oficina de Washington para América Latina. “Muestra cómo los Estados Unidos están preocupados por la situación de los derechos humanos en México”.

En 2010, revela The Washington Post, el Departamento de Estado y el Congreso habían analizado el tema de los recursos destinados a México en la iniciativa Mérida debido a las preocupaciones por violaciones a los derechos humanos que desde entonces existían, pero esos fondos finalmente fueron proporcionados después de que México tomó medidas, tales como la aprobación de leyes de derechos humanos y la limitación de la jurisdicción de los tribunales militares. “Este año, en cambio, México perdió el dinero”.

“De vez en cuando los países no son capaces de cumplir con los criterios de notificación exigidos por el Congreso”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado en respuesta a una pregunta sobre la ayuda que se otorga a través de la iniciativa.

Con los años, los diplomáticos estadounidenses han expuestoel mejor historial de derechos humanos de las fuerzas de seguridad mexicanas para mantenerlos como socios dispuestos a colaborar en la guerra contra las drogas. “Esta vez, la decisión del Departamento de Estado para desviar fondos de la Iniciativa Mérida hacia Perú se hizo sin ninguna crítica pública hacia México.

“Ellos [autoridades de EU] han manejado esto más con pinzas que con martillos”, dijo Eric L. Olson, experto en América Latina en el Centro Internacional Woodrow Wilson, en Washington. “Pero es innegable que envía una señal de que los Estados Unidos no está del todo contento”.

El diario señala que el último informe anual del Departamento de Estado sobre los derechos humanos, en 2014, resaltó que ha habido numerosas denuncias de que las autoridades mexicanas “cometieron asesinatos arbitrarios o detenciones ilegales, a menudo con impunidad”. También describe las acusaciones de tortura y desapariciones por las fuerzas de seguridad.

¿QUÉ DICE MÉXICO?

Sobre el recorte de dinero para la iniciativa, The Washington Post le preguntó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) su opinión al respecto y la dependencia federal dijo que la certificación de Estados Unidos de sus esfuerzos por respetar los derechos humanos, conocido como el “Informe de 15 por ciento” es “una obligación impuesta por el Congreso de Estados Unidos sobre el gobierno. No es una obligación que México tiene que cumplir”.

“La política de México es para observar el Estado de Derecho y para demostrar respeto absoluto a y la protección de los derechos humanos”, expuso la SRE en su comunicado difundido por el medio.

En los últimos años, refiere el rotativo, la violencia del narcotráfico se disparó y luego se redujo ligeramente, soldados y agentes de policía regularmente han sido acusados ​​de matar a civiles inocentes, torturar a los testigos y el uso de cantidades desproporcionadas de fuerza en su lucha cárteles de la droga.

En varias partes del país, indica, el Ejército mexicano se ha hecho cargo de las tareas de protección primaria después de que se disolvió la policía municipal, ya que se habían infiltrado integrantes de bandas de narcotraficantes a las corporaciones.

“A pesar de años de la Iniciativa Mérida y los esfuerzos de los Estados Unidos ha hecho para trabajar con el Gobierno mexicano para mejorar la justicia y la rendición de cuentas, ha habido poco progreso”, dijo al diario estadounidense Tim Rieser, asesor de política exterior del senador Patrick J. Leahy. “La Ley Leahy prohíbe al Gobierno de Estados Unidos proporcionar ayuda a las unidades militares extranjeras que cometen violaciones en contra de los derechos humanos”, añadió.

UNA SERIE DE EJECUCIONES

El caso más reciente de los presuntos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad mexicanas implica la desaparición el año pasado de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. “El gobierno mexicano afirmó que la policía municipal de la ciudad de Iguala, Guerrero, detuvieron a los estudiantes, los mataron y quemaron sus cuerpos en un basurero”, recuerda The Washington Post.

La publicación también señala que los investigadores convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyeron el mes pasado que los estudiantes no podían haber muerto incinerados en el basurero de Cocula – como concluye la “verdad histórica”-, y describieron que los soldados supuestamente fueron testigos de la violencia, pero no intervinieron. “Los investigadores observaron un caso mal manejado y los testigos afirmaron haber sido torturados”, según el informe.

“Todo el mundo sabía que [el Gobierno] era el centro de atención en este caso”, dijo Tim Rieser al medio . “Sin embargo, ellos [autoridades mexicanas] trataron de encubrir y ocultar lo que pasó. Muestra la cantidad de impunidad que existe allí y la creencia de que puede salirse con la suya”, subrayó el asesor político al medio.

En el recuento de los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por parte de las autoridades. The Washington Post retoma la ejecución de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, donde el Ejército mexicano estuvo implicado.

“Grupos de derechos humanos también han compilado las acusaciones de que testigos de los asesinatos fueron torturados después del ataque en Tlatlaya. Tres soldados se enfrentan a cargos de homicidio en el incidente y siete policías estatales han sido acusados ​​de tortura”, dice el texto.

En enero, continúa el diario con el recuento, las fuerzas federales presuntamente mataron a 16 civiles en Apatzingán, Michoacán.

Aunque estas cuestiones han suscitado preocupación en Washington, describe el diario, los escándalos no parecen haber generado mucha presión para cambiar la financiación más amplia de Estados Unidos a México.

“Con el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, expuesto a intensas críticas internas, el hundimiento de su aprobación, con una economía cojeando y una difícil situación de seguridad en su país, la administración Obama tiene cuidado, explicó al periódico Carl Meacham, director del programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. “Ellos [Gobierno de EU] no quieren agravar una situación que ya es muy sensible”.

Pero dada la serie de presuntos abusos cometidos por parte de las autoridades mexicanas “es imposible no hacer caso a la realidad”, dijo a The Washington Post Stephanie Erin Brewer, coordinador del Departamento Internacional en el Centro Prodh. “Esto sin duda es un mensaje muy fuerte para México”, sentenció.