Inútil el que ha liderado un equipo en una institución como la Procuraduría General de la República durante un año y no logró que le emitieran órdenes de aprehensión contra los narcotraficantes al frente del cártel de Sinaloa, de Jalisco Nueva Generación, o de los Arellano Félix. Fracaso quien tampoco pudo reducir el nivel de impunidad en los homicidios producto del crimen organizado, en su mayoría, o fortalecer el combate al narcomenudeo; investigar la distribución de armas en el País, acabar con el lavado de dinero, o resolver casos de violencia de alto impacto como los ocurridos en Ayotzinapa, o detener a los asesinos de periodistas, donde el 96 por ciento de los casos permanece en la impunidad.

Ladrones los que robaron hasta vacas, como lo ha documentado Mexicanos vs la Corrupción y La Impunidad, que fue lo que sucedió con César Duarte en los estados de Chihuahua y Nayarit, cuando las reses fueron adquiridas con recursos del estado para repoblar el ganado nacional, a razón de 700 mil dólares. También aquellos que hacen mal uso de los bienes de la Nación, como utilizar un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana, para transitar los 117 kilómetros que separan la Ciudad de México del campo de Golf donde juega el Presidente, para “reflexionar” los temas de la agenda nacional. Emilio Gamboa Patrón, el Senador priísta, fue y –según él- trabajó hora y media con el Primer Mandatario y después jugó golf, partido que en promedio tiene una duración de 4:30 horas; suponiendo que haya “reflexionado” otra hora y treinta minutos con el Presidente después de la práctica recreativa, el avión oficial se utilizó mayormente para pasarla bien con el Residente de Los Pinos.

Corruptos los que ven el socavón en el paso exprés de Morelos como un hecho normal que “sucede en todas partes del mundo”, y olvidan que se trató de una obra nueva que costó a los mexicanos más de 2 mil 200 millones de pesos y dos vidas humanas; de igual manera aquellos que se aprovechan del cargo para comprar mansiones a constructores del gobierno en condiciones de favoritismo que cualquier otro mexicano no tendría, o los que van a dar de alta un Ferrari a un estado donde no se paga tenencia y utilizan domicilios en zonas de interés social para demostrar una apócrifa residencia y “gozar” del beneficio.

Enrique Peña Nieto, el Presidente de la República, se enojó una vez más. Evidentemente molesto por los señalamientos de corrupción que se hacen sobre su gobierno, sus colaboradores e incluso sus allegados, arremetió en el foro “Impulsando a México” (por cierto patrocinado por Grupo Interacciones, que preside un miembro de una de las familias de más oscuro origen en los recursos como es la del profesor Carlos Hank González, que de “humilde” maestro llegó a ser de los más poderosos políticos y heredar un imperio económico a sus hijos): “…Socavones pasan en todas partes del mundo… sismos, detrás de cada evento quieren encontrar un responsable, un culpable, y siempre es decir: es la corrupción. Cuando no necesariamente asiste; no es que hoy tengamos más corrupción que antes. Esta es mi óptica: Yo creo que hoy en día, por el alcance de la tecnología, por eso de las redes sociales, se ha hecho más evidente aquellos casos que eventualmente pueden presumirse de ser corruptos”.

Lo cierto es que las transas en el sexenio de Enrique Peña Nieto son tantas y tan graves y palpables que él mismo ha debido resucitar a investigadores como Virgilio Andrade en la Secretaría de la Función Pública (y posteriormente Arely Gómez) para que lo indaguen a él, a su esposa y su secretario Luis Videgaray, claro que siendo juez y parte, y además ubicando al amigo como fiscal. Al final los resultados fueron como se anticiparon: todos fueron exonerados.

Es tanta la percepción y las denuncias de corrupción que fue en este sexenio que ciudadanos comprometidos, de respeto y activismo social e intelectual crearon la organización Mexicanos vs La Corrupción y La Impunidad, y a partir de la denuncia ciudadana y de la promoción del trabajo de periodistas, investigadores y analistas, han develado actos de corrupción como La estafa Maestra, donde once Secretarías del gobierno de Peña Nieto utilizaron ocho Universidades para a través de empresas fachada en algunos casos, desviar más de 7 mil millones de pesos del erario; o el caso de Raúl Cervantes, Procurador General de la República que fue y burló los reglamentos y falseó información para dar de alta en Morelos y no en Ciudad de México donde reside, un automóvil Ferrari, para ahorrarse, pues, la tenencia.

Ahí está también el caso de Odebrecht, una investigación periodística que reveló, con entrevistas a ejecutivos de la compañía brasileña, la entrega de recursos ilícitos, sobornos, por más de diez millones de dólares a quien fue parte importante en el equipo de campaña de Peña Nieto y posteriormente Director General de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin. Y qué decir de los ex gobernadores del PRI investigados, en prisión dentro o fuera de la República Mexicana, los cuales fueron identificados por el propio titular del Poder Ejecutivo como sus amigos, sus aliados, y en un caso, el rostro del nuevo PRI: Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, Jesús Reyna, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, Andrés Granier.

Y luego el borlote del ex procurador, Raúl Cervantes, que siendo incapaz de combatir la impunidad, fuese en actos de corrupción, de crimen organizado, de narcotráfico o violencia de alto impacto, renuncia ahora quiere vender su salida como el paso para la transición de PGR a Fiscalía General de la República, pero que realmente con ello abona a la impunidad, pues el Presidente ya aventó –aunque no formalmente- la decisión de elegir un Fiscal General hasta pasadas las elecciones de julio de 2018, lo cual indica que con un Procurador encargado de despacho, los criminales de cuello blanco, funcionarios o delincuentes organizados tienen nueve meses más para maniobrar al margen de la ley, y en el caso de quienes trabajan en el gobierno, no ser investigados por delitos de corrupción, más allá de las indagaciones sobre burócratas y funcionarios de bajo nivel que realizan en la Secretaría de la Función Pública.

Sí, realmente México es hoy por hoy un país que se percibe como más corrupto dentro y fuera del territorio, y no se debe ello a las redes sociales, sino a la evidencia que no es oficial en el Ministerio Público, pero que es conocida por investigaciones periodísticas y de grupos de la sociedad civil.

Ahí están los datos aportados por la organización Transparencia Internacional en cuyo informe se inscribe que seis de cada diez mexicanos consideran que la corrupción aumentó, los mismos que creen que los más deshonestos son los policías y los políticos, además que el Gobierno Mexicano no cumple con su responsabilidad de acabar con el flagelo, además que el País tiene el deshonroso primer lugar respecto los ciudadanos que por lo menos una vez en el año, pagaron un soborno.

En esas condiciones, México está no tiene un Procurador General de la República mientras sigue sin Fiscal General de la República y sin Fiscal Anticorrupción. Con razón, en México, de acuerdo al INEGI, el 80.3 por ciento de las mujeres se sienten inseguras, lo mismo que un 71.1 por ciento de hombres. No podría ser de otro modo en un País donde se crean leyes que no se aplican, donde el Estado de Derecho se reduce a un concepto inaplicable para el Gobierno Federal encabezado por un Presidente que ahora resultó sensible ante las redes sociales y negado a aceptar que los que están molestos, hartos vaya, son quienes han encontrado en el Internet un medio colectivo para al menos ventilar a veces como mofa, el rechazo ante tanto abuso de Enrique Peña Nieto y los bribones que le siguen.

Adela Navarro Bello

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