“Orgullosamente vengo representando a nuestra Policía Comunitaria, para pedirle a todo el pueblo que se una en esta lucha. Estamos hartos de lo que ha estado pasando en nuestros municipios con nuestra gente. En Olinalá hemos alzado la cara, señores, nos defendimos y estamos en la lucha”.

La voz de Nestora Salgado es firme. Ha tomado el micrófono frente a un pelotón de ciudadanos de Buenavista, Alpoyeca, en el estado de Guerrero, que van uniformados con camiseta verde. Es la policía comunitaria, un fenómeno cada vez más extendido en ese y otros estados de la República mexicana.

“Le pido a las señoras, a los padres. Hay muchos que se quedan en sus casas escondidos, señores, les falta valor o decisión. Salgan a defender a sus hijos, señores. Vean en los periódicos aunque no dicen todo lo que es, pero analícenlo. Cuantos niños, cuantos jóvenes, cuántas personas muertas cada día. ¡Ya basta!”.

Nestora pide entonces, lo que anduvo pidiendo desde el principio de su lucha como líder de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero: “No vendan la droga, no la consuman, porque mientras haya consumidores esto va a seguir adelante, y es difícil pararlo”.

Efectivamente, Nestora no pudo pararlo, ni su policía comunitaria. Al contrario, el Estado la encarceló para detener su lucha en contra de la connivencia de las autoridades de Guerrero con el crimen organizado.

El 21 de agosto, la coordinadora de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac) en Olinalá, Nestora Salgado García, fue detenida en la cabecera de ese municipio por efectivos del Ejército, la Marina, la Policía Estatal y la Policía Municipal.

Como si fuera la más peligrosa de las narcotraficantes, la fuerza de la “razón de Estado” se le echó encima a la principal dirigente del movimiento de autodefensa que surgió en Olinalá, el 27 de octubre de 2012. Hace unos meses logró un acercamiento con la CRAC a través de la Casa de Justicia de Ayutla. Las policías comunitarias de Olinalá, Tixtla, Huamuxtitlán, Tlatlauquitepec (Atlixtac), Tecoanapa y Ayutla están adscritos a la casa de justicia de El Paraíso.

Fue Nestora Salgado la que encabezó, el 16 de agosto pasado, la detención del síndico de Olinalá Armando Patrón Jiménez, a quien se acusó de cometer el delito de abigeo, y presuntamente estar involucrado en el asesinato de dos ganaderos. Fue trasladado a la Casa de Justicia, pero la retención del síndico movilizó al Ejército Mexicano para detener a Nestora y 30 elementos de la CRAC.

En la detención hubo todo tipo de irregularidades. Nestora contó a su hija, que de manera arbitraria la detuvieron alrededor de 20 militares en 15 vehículos y después la pasaron a otro vehículo de la Marina Armada de México. Posteriormente la trasladaron en avión a Tepic, Nayarit, y durante cinco horas no le permitieron ni siquiera ir al baño. Además, la Marina le robó pertenencias: su bolso, un celular, documentos de la Policía Comunitaria, 15 mil pesos, una cámara digital, sus anillos de matrimonio y varias alhajas de oro.

El gobierno mexicano violó sus garantías individuales y elementos del debido proceso. Nestora es ciudadana americana y jamás le permitieron hacer una llamada a la Embajada de Estados Unidos. Si a Florance Cassez la liberaron porque entre las violaciones al debido proceso, se le permitió hablar a la Embajada de Francia una hora después de su detención y no de manera inmediata;  imagínense el caso de Nestora.

Para colmo, durante su detención, la Procuraduría General de la República la obligó a firmar un documento sin leer su contenido. Nestora presume que dicho texto es una confesión de los cargos que se le imputan como el de secuestro.

Nestora ha denunciado la connivencia de las autoridades locales con el narcotráfico. La respuesta del Estado ha sido encarcelarla de manera ilegal. Pero ella tiene muy claro que si algo le pasa, o a su familia. los responsables son los funcionarios de Olinalá: Eusebio González, Omar Jiménez, Armando Patrón Jiménez, gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre y Enrique Peña Nieto.

Fueron estas autoridades las que violaron los acuerdos. Las detenciones de la Policía Comunitaria (PC) de Olinalá están incluidas en la normativa acordada por el gobierno. De hecho, se realizaron asambleas públicas en los ocho barrios donde se nombraron los consejeros y los policías comunitarios. Lo cual le otorga el rigor necesario para el funcionamiento de la PC.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM), Tlachinollan está defendiendo a Nestora bajo la causa penal 41/2013, por secuestro agravado en el Juzgado Segundo de distrito, con sede en Chilpancingo, y ha exigido su liberación por tratarse de un claro ejemplo de ilegalidad en su detención y traslado a un penal de máxima seguridad. Igual sucede con los otros policías detenidos por la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, de los cuales 40 fueron liberados después de someterlos a un arraigo ilegal.

Nestora Salgado no es una secuestradora. Tampoco los otros policías comunitarios. Son gente que se dedica a brindar seguridad y justicia a su gente. Después de la detención y su encarcelamiento ilegal, el Poder Judicial está fabricando expedientes en su contra para mantenerlos en prisión.

El gobierno de Enrique Peña Nieto deberá decidir si pretende convertirse en un ente con cientos de presos políticos o si empieza a liberarlos conforme a la Constitución y a los tratados internacionales que México ha firmado.

Las policías comunitarias han funcionado a lo largo de la historia en las comunidades indígenas y deben ser respetadas. El liderazgo de las mujeres es fundamental y la labor de Nestora Salgado reivindica la importancia de la presencia de este tipo de mujeres comprometidas socialmente, aguerridas y valientes. Su libertad es indispensable en un Estado de Derecho gobernado por un Ejecutivo que dice respetar la legalidad.

Debido al incremento de la violencia y de la connivencia del crimen organizado con el gobierno, el lema de la Policía Comunitaria, hoy más que nunca cobra vigencia: “Tú decides, un comunitario para cuidarte o un sicario para asesinarte”.

@SanjuanaMtz

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Sanjuana Martínez

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Es periodista especializada en cobertura de crimen organizado.

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